Gobernar supone elegir qué problemas va a enfrentar un mandatario en el período de gobierno. No puede afrontarlos todos a la vez, dada la escasez de recursos económicos, políticos e institucionales. Una vez definidos esos problemas, el gobernante debe darlos a conocer de la manera más amplia posible para ganar la adhesión de la sociedad a su programa de gobierno, ya aterrizado. También debe concertar alianzas y detectar a tiempo las coincidencias y resistencias en la perspectiva de encontrar apoyos y consensos sobre las acciones estratégicas.  

Frente a la estrategia de confrontación, el gobierno de Guillermo Lasso propone la vía del diálogo. Éste apunta a encontrar acercamientos en términos prácticos y no ideológicos, a la luz de las condiciones y posibilidades existentes. El tono del diálogo debe ser sereno y equilibrado y evitar las ofensas y descalificaciones. Los diálogos deben girar en torno al rumbo trazado por el gobierno y, no a temas aislados.

En democracia, el presidente goza de esa atribución por el mandato obtenido en las urnas. A él le corresponde liderar la marcha del país en una determinada dirección. El punto de partida es hacer conocer a los ciudadanos la situación del país en la coyuntura actual, cuadrando las metas con la realidad.  Es en este marco que deben tener lugar los diálogos para definir lo posible y lo no posible. 

Estos no pueden ser un diálogo de sordos entre proclamas ideológicas. Al país no le interesa quién tiene la razón en el debate ideológico, sino la capacidad para moverse del debate a la decisión y de la decisión a la acción. Ésta debe ser eficaz, no solo en las medidas a tomar, sino en su implementación y sus efectos, todo lo cual debe ser evaluado sobre todo de manera técnica. 

En estas circunstancias la comunicación deviene en una herramienta clave que hace parte del liderazgo que el presidente está en el derecho de ejercer. Más aún cuando se aproximan los primeros cien días y el presidente tiene ya una visión de conjunto sobre el estado en el que recibió el país, sobre las condiciones de funcionamiento de la República.  Una explicación magistral al país sobre la realidad que vive el Ecuador en 2021 constituye una demanda  para la preparación del terreno de la negociación sobre las coincidencias y los desacuerdos en temas puntuales.

Lo que estamos presenciando en el país no va por ese lado. Las protestas sociales hacen abstracción del contexto de la crisis económica, agravada por la pandemia. Hay en curso una medición de fuerzas de espaldas a los datos de la realidad. Ello les resta legitimidad.  No son las organizaciones sociales las llamadas a definir la agenda del gobierno.  Sus dirigentes no fueron electos por la población.

Estas prácticas no son nuevas. Se han venido repitiendo a lo largo del tiempo como una manera de desgastar a los gobiernos de turno. Responden al objetivo de menoscabar la credibilidad de la democracia y de abonar el terreno para la manipulación de las protestas sociales por grupos conspirativos  que traman golpes de estado con fines distintos a los que las originaron . Un ejemplo de esto se dio en octubre del 2019.

En el escenario actual se pretende maniatar al gobierno desde la calle y la Asamblea.  Se pretende hacerle responsable de la crisis que azota al país, sin puntualizar antecedentes, causas  y coautores. Los dirigentes de la CONAIE y el FUT, independientemente de lo que haga el gobierno, sienten que el proyecto de Lasso, al que tildan de neoliberal, les amenaza, pero también usan su propio proyecto como una amenaza enfilada contra el gobierno. La estrategia de apelar a la revolución social a sabiendas de que ésta es irrealizable en la actual coyuntura, les sirve para acumular fuerzas, así su costo social sea elevado.

Pero también formulan pedidos que exceden las atribuciones del Ejecutivo, como la fijación de precios de sustentación del arroz, del banano, que son burlados por los monopolios que operan en el campo. Se le conmina al gobierno que de cumplimiento a la ley de educación intercultural cuando ésta fue declarada inconstitucional por falta de financiamiento. 

Todos los pedidos están dirigidos al presidente de la República, y no a la Asamblea Nacional, a los gobiernos seccionales, a la función judicial o a las universidades. Los manifestantes se apoderan de las carreteras y vía públicas, en espera no solo de la atención del gobierno a sus demandas, sino del posible uso de la fuerza por parte de la autoridad estatal, para configurar un estado de confrontación que lesione la legitimidad gubernamental y el ejercicio mismo de la gestión pública. Esto se ve agravado por la escasa representación del partido de gobierno en la Asamblea, lo que lo coloca a merced de las decisiones e intereses de los otros bloques parlamentarios, en especial del correismo y de Pachakutik. 

Se plantea, por tanto, un juego estratégico de suma cero, en el que no aparecen sino dos contendientes, el Gobierno y las estructuras sindicales e indígenas, con exclusión del resto de la sociedad. La convivencia democrática marca la cancha del juego.  Ello supone un determinado estilo en el modo de actuar de los participantes para que las oposiciones propias de la democracia se canalicen de manera pacífica, y el país salga ganando.

Es necesario revestirse de sensatez para zanjar las dificultades y diferencias sin llegar a los extremos, y con el ánimo de encontrar nuevas vías de entendimiento, para construir acuerdos posibles que coadyuven a mitigar el impacto de la crisis que a todos nos incumbe.  El gobierno debe suministrar toda la información disponible sobre los principales indicadores económicos y sociales; sobre los proyectos en marcha, sobre las oportunidades y los déficit.

Y abrir el debate a nivel nacional sobre estos temas, sin ninguna exclusión, porque lo que está en juego es el presente y futuro de toda la nación. El pueblo debe ser tomado en cuenta como actor responsable de su destino. Las apreciaciones distintas de la realidad deben confluir hacia el logro de un gran acuerdo nacional.  Esta es la razón de ser de la democracia.