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24 de Septiembre del 2020
Ideas
Lectura: 6 minutos
24 de Septiembre del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Bicameralidad, ¿para qué?
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La propuesta del Comité planteó originalmente un Legislativo aristocrático, endureciendo los requisitos para acceder a él. Para ser representantes, tener al menos 21 años de edad; para ser senador, tener al menos 35. Senadores con título universitario y al menos diez años de experiencia profesional. La Corte Constitucional fue clara en señalar que esto constituía una restricción de derechos o garantías fundamentales, debiendo de plano ser descartado.

Un total de 213 páginas tiene el Informe para primer debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución que hace pocos días presentó la Comisión Especializada a la Asamblea Nacional. Se origina en la propuesta presentada por el autodenominado Comité por la Institucionalización Democrática, que consta de tres ejes: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la bicameralidad en la Asamblea Nacional y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. La segunda parte de la propuesta es la que ha generado mayor discusión en medios de comunicación y redes sociales en un momento en que 8 de cada 10 ecuatorianos no cree en la palabra de sus asambleístas.

Pero, ¿qué tan innovadora puede ser la propuesta de un Legislativo bicameral? ¿Cuál es la experiencia previa del país en la materia? Veamos.

El Comité plantea que la Asamblea Nacional se componga por una Cámara del Senado y una Cámara de Representantes. Históricamente, de las 20 Constituciones que ha tenido hasta el momento nuestro país, 14 establecieron el sistema bicameral. ¿Por qué dejó de funcionar? Porque el sistema se agotó y produjo, regularmente, críticas y reclamos de los ciudadanos, bien sea por su elitismo y poca representatividad, o por las demoras en la aprobación normativa y las pugnas de poderes entre cámaras. Desde 1979 nuestro Legislativo es unicameral.

La propuesta del Comité planteó originalmente un Legislativo aristocrático, endureciendo los requisitos para acceder a él. La Corte Constitucional fue clara en señalar que esto constituía una restricción de derechos o garantías fundamentales, debiendo de plano ser descartado.

Se propone que los senadores sean de carácter nacional y los representantes, de carácter provincial y por los ecuatorianos residentes en el exterior. Se tendría 30 senadores, poco más de 90 representantes (1 por cada provincia como base y 1 adicional por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, y 2 por las circunscripciones del exterior). Esto no representa mayor reducción en cuanto al número actual de miembros de la Asamblea Nacional, si es que la idea era apuntar a ello.

Se busca que los senadores sean elegidos para un período de 4 años mientras que los representantes para 2. Esta modalidad ya estuvo vigente entre los años 80 y 90. Las elecciones intermedias solo servían para recomponer fuerzas políticas al interior del Legislativo y para premiar o castigar al presidente de turno, afectando la gobernabilidad. En 1988, por ejemplo, Rodrigo Borja ganó la Presidencia con un bloque de 29 diputados que dos años más tarde cayó a 14, y complicó el segundo bienio de gobierno.

Se eliminarían los suplentes y, cuando corresponda, la elección de legisladores se realizaría a la par de la segunda vuelta presidencial. Lo primero podría resultar interesante, pero también deberíamos incorporar ciertas condiciones que impidan que la principalización de un reemplazo dependa de la excusa del titular. Ya hemos visto casos en los que, para impedir la actuación de un suplente, los principales simplemente se ausentan y no se excusan. Lo segundo, ya fue intentado mediante consulta popular convocada por Sixto Durán Ballén en 1994. 56% de los ecuatorianos optó por seguir eligiendo a sus diputados en primera vuelta.

La propuesta del Comité planteó originalmente un Legislativo aristocrático, endureciendo los requisitos para acceder a él. Para ser representantes, tener al menos 21 años de edad; para ser senador, tener al menos 35. Senadores con título universitario y al menos diez años de experiencia profesional. Pero, además, contrariando el principio fundamental de la presunción de inocencia, se pretendía establecer como impedimento para ser candidato y para el ejercicio del cargo, el llamamiento a juicio penal. Probablemente buenas intenciones considerando la coyuntura, pero la Corte Constitucional fue clara en señalar que esto constituía una restricción de derechos o garantías fundamentales, debiendo de plano ser descartado.

Estas son las modificaciones de forma.

En el fondo está lo complejo. Este tiene que ver con las atribuciones que tendría el Legislativo, sus autoridades y cada una de las cámaras. El Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, ya no estaría encargado de calificar los proyectos de ley sino de cumplir funciones meramente administrativas. Los proyectos de ley se presentarían sin necesidad de firmas de respaldo mínimas. Se requeriría de dictamen previo de la Corte Constitucional para determinar si una ley es orgánica u ordinaria (aunque el artículo 133 de la Constitución ya prevé los tipos de normas que lo son). Se elimina la figura de la muerte cruzada, así como el requisito de dictamen constitucional para enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República. Se permite el enjuiciamiento político de los miembros de la Corte Nacional y la Corte Constitucional, por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Pero, sobre todo, dada la propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se establece la forma en que se designarán las autoridades estatales y de control por parte del Legislativo.

Bicameralidad, ¿para qué? Es evidente entonces que no estamos solo frente a una propuesta para mejorar o no la calidad de la representación, reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, o establecer dos cámaras legislativas. Estamos frente a algo mucho más trascendental e importante. No podemos ni debemos quedarnos en la forma. La discusión debe ser más responsable y profunda, más aún cuando ya sabemos que en un referendo o consulta popular nos presentarán breves preguntas con interminables e incomprensibles anexos.

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