En un artículo anterior afirmaba que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a lo terrible. La idea de que las vidas de las personas no son equivalentes, sino que unas valen más que otras, y algunas, simplemente nada, es parte de eso.

El siguiente paso en el camino a la entronización de lo terrible es que los testigos aquiescentes del mal se conviertan en agentes activos, asumiendo que tienen el derecho para actuar de esa manera. Reivindicar el derecho a hacer el mal es reivindicar el derecho al crimen.

Hace algunos días, comuneros de Toacazo, Cotopaxi, lincharon y quemaron vivos a dos presuntos delincuentes y arrojaron sus cadáveres calcinados a la carretera. Estos comuneros que, con seguridad, se consideran buenos y decentes, torturaron y asesinaron a dos personas incapaces de defenderse.

La Policía, como es usual en estos casos, demostró su incapacidad o negligencia para impedir que la multitud cometiera un asesinato.  Hablaron con miembros de la comunidad, estos les dijeron que no necesitaban su presencia porque ellos tomaban sus propias decisiones. Trasladaron a los detenidos a Plancha Loma y en la plaza pública del lugar los quemaron. La Policía, una vez que los hechos se consumaron, se limitó a levantar los cadáveres.

Los dirigentes del movimiento indígena de Cotopaxi, MIIC, como es también costumbre en casos de este tipo, negaron que los comuneros hubieran aplicado a las víctimas la justicia indígena y, quitando cualquier responsabilidad en los hechos a los asesinos, la endilgaron a la falta de presencia del Estado, la pobreza y el desempleo. Lo cierto es que, aunque lo nieguen los dirigentes, los comuneros aplicaron a sus víctimas la justicia indígena, de la que la tortura y el asesinato son manifestaciones características.

El crimen de Toacazo y la actitud de los dirigentes indígenas de Cotopaxi revelan, además, cuán extendida y arraigada se encuentra en el país una visión relativista del mal. Un crimen, para quienes la defienden, no se define por el acto cometido —un robo, una violación, un asesinato— sino por la clase de persona que lo ha cometido. Si los que se autodenominan buenos linchan y queman a alguien, eso no es un delito ni ellos son delincuentes. Son justicieros que aplican una ley superior a la que rige para el resto de ciudadanos.

La relativización del mal es también frecuente en el ámbito político. Algunas de las personas que votaron por los candidatos correístas en las recientes elecciones dijeron haber favorecido esta opción porque cuando gobernó Correa estaban bien, mientras que, ahora, el gobierno les estaba robando, refiriéndose, se entiende, a las acusaciones de corrupción en el sector eléctrico que se han difundido en las últimas semanas.

Estas acusaciones deben probarse todavía. Los multimillonarios robos que se perpetraron en el correísmo, en cambio, han sido suficientemente probados. Pero, para sus votantes, los sobornos de Odebrecht o la corrupción en la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que costó al país más de dos mil millones de dólares, o los mil quinientos millones despilfarrados en la construcción de pistas para las avionetas de los narcotraficantes en El Aromo, no cuentan. Ellos son los buenos.
Cuando los buenos roban, eso no es robo. Cuando los buenos matan, eso no es asesinato. Hay que controlar a los buenos. Si los dejamos sueltos terminarán por llevarnos al infierno.