La mayor distorsión sobre el tráfico de cocaína y otras mercancías ilícitas consiste en ignorar las reglas sociales y las expectativas que regulan esas economías. Esta incomprensión de los procesos de gobernanza criminal por parte de los tomadores de decisión ocasiona un incremento de la violencia letal y el recrudecimiento de la economía ilícita.

Uno de los actores que más alienta esta mirada distorsionada del narcotráfico es la DEA (Drug Enforcement Administration). Sus métricas priorizan la cantidad de droga incautada, los criminales capturados y los bienes confiscados, creando un relato postizo sobre la narcoviolencia. A medida que los gobiernos adoptan estas métricas para evaluar su desempeño, pierden de vista la inteligencia contextual necesaria para entender el territorio en el que operan.

Desde su creación, en 1973, la DEA se convirtió en el brazo policial y símbolo de la “guerra contra las drogas” –proclamada por Richard Nixon en 1971–. Con el paso del tiempo su incidencia en el extranjero creció tanto como su presupuesto. Hoy, tutela la gramática dominante del régimen prohibicionista de las drogas. En su vocabulario, las muertes violentas son un “daño colateral” de la “guerra”: lo que importa es la cantidad de droga decomisada.

Pero nada de esto sería posible sin la colaboración de las autoridades locales. Las condecoraciones que otorga la DEA forman parte de esa gramática perversa y cínica. Mientras los más pobres son asesinados en los ecosistemas criminales que genera la desigualdad institucionalizada por el Estado, la DEA premia a sus “buenos muchachos” y proclama el éxito de su política.

El caso más reciente es del Gral. Giovanni Ponce, exdirector antinarcóticos de la Policía Nacional, a quien la DEA condecoró el 1 de agosto de este año por la desarticulación de 450 bandas y la incautación de 210 toneladas de droga, durante el 2021 https://bit.ly/3wUD9wh).

No fue casual. Meses antes se hizo público el Informe 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Según el informe, Ecuador es el tercer país con mayor volumen de incautaciones de droga, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos (https://bit.ly/3TGFJzC).

La última vez que la DEA condecoró a una autoridad ecuatoriana fue el 6 de junio de 2016. El homenajeado de entonces fue el ex ministro del Interior, José Serrano Salgado. Su score de éxito, según la DEA, fueron 332 toneladas de droga decomisadas, desde el 2010, y 305 bandas desarticuladas (https://bit.ly/3KIA2gw). 

Entre ambas condecoraciones la violencia criminal en Ecuador varió drásticamente: en 2016 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 5.8; pero en agosto de 2022 subió a 15. Sin embargo, para la DEA sus “buenos muchachos” merecieron la presea porque han cumplido sus métricas del éxito.

Dicho esto, es fácil deducir porque las cosas van tan mal en Ecuador. No es que haya faltado “asesoría gringa”; la tuvimos y la tenemos. Lo que faltó, y sigue faltando, es capacidad para pensar con cabeza propia. La DEA sabe lo que quiere, lo busca y lo consigue. Pero ¿qué quiere el gobierno ecuatoriano?