Un asustado José Serrano se presentó ante los micrófonos y cámaras de la prensa, muy temprano en la mañana. El presidente de la Legislatura tartamudeó al referirse a las acusaciones filtradas por las justicias de Brasil y los Estados Unidos sobre los sobornos de la empresa Odebrecht. Prometió que investigará, así “caiga quien caiga”. Se refería a las personas responsables de facilitar los sobornos como autores, cómplices o encubridores.

Los autores empiezan a aparecer en las listas de las delaciones hechas por los mismos directivos de la empresa Odebrecht ante la justicia brasileña o estadounidense. Y sobre esto no hay nada que pueda hacer el gobierno del Ecuador ni su sistema penal. Nada detendrá a la justicia de ambos países ni los intereses soberanos de un gobierno como el nuestro.

Sobre quienes sí puede empezar a hacer sus investigaciones la justicia ecuatoriana es sobre los los cómplices y encubridores, aquellos actores políticos que han hecho nada para transparentar las millonarias contrataciones realizadas durante los últimos diez años de gobierno del presidente Rafael Correa. Aquí están los auténticos responsables del despilfarro, quienes se asociaron a los despilfarradores para permitirles disipar en sobreprecios y sobornos muchas de las principales edificaciones construidas durante la década pasada.

Los 100 asambleístas correístas del anterior periodo legislativo, que jamás llamaron a juicio político a ningún funcionario público de ningún nivel; los presidentes de las comisiones de fiscalización, todos correístas; los vocales del Consejo de Administración Legislativa, de mayoría correísta; lo miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante los tres periodos compuesto por una mayoría correísta; las autoridades de control elegidas en concursos cuestionados y organizados por el mismo Consejo de Participación Ciudadana; los ministros de los sectores estratégicos, y otros tantos funcionarios posesionados durante la década nefasta del correísmo, tienen que ser llevados cuanto antes al banquillo de los acusados para que den explicaciones sobre su posible complicidad y ocultación de la información en los casos de corrupción asociados a los sobornos de Odebrecht.

Durante la “década ganada”, en las tres legislaturas dominadas por el correísmo, en los seis periodos legislativos, ¿nunca nadie advirtió la escandalosa corrupción que contaminó a decenas de funcionarios gubernamentales de todos los niveles? ¿Van seguir con el cuento de la empresa “corrupta y corruptora” o que las coimas a personas que fueron antes funcionarios son “un acuerdo entre particulares”?

Un solo asambleísta correísta señaló la corrupción. Como era de esperarse, inmediatamente fue calificado como traidor en las peroratas sabatinas, luego fue impedido de volver a ser candidato y además expulsado de las filas del oficialismo. Meses después, las investigaciones de la justicia internacional le dan la razón. ¿Y en dónde quedaron los demás asambleístas correístas? Siguen escondidos detrás de la vergüenza de su propia cobardía. 

Lo mismo sucedió con el periodista Fernando Villavicencio que presentó centenares de documentos que demuestran mucho más de lo que hoy se está confirmando por la justicia internacional, por lo que fue insultado, perseguido y exiliado en el Perú.

En la rueda de prensa, el presidente José Serrano prometió abrir los causes para que la ciudadanía presente sus denuncias. ¿Para qué, señor Serrano, para ser perseguidos, acosados, injuriados por su justicia sometida, por sus medios de prensa incondicionales, por su ejército de calumniadores virtuales? 

Los primeros que “deben caer” son aquellos ociosos que por culpa de su cobardía han provocado la honda crisis de las instituciones y el descrédito de todos los órganos de control y fiscalización, incluyendo a la propia Asamblea Nacional del Ecuador, dominada durante los últimos diez años de corrupción, precisamente, por aquellos que aseguran que van a combatirla.  

@ghidalgoandrade