En momentos que Ecuador enfrenta y seguirá enfrentando por lo menos por los siguientes 12 a 24 meses una situación económica bastante delicada —como resultado de sus malos antecedentes, la profundización de la crisis mundial causada por la pandemia de la Covid-19 y por la posible prolongación de las medidas sanitarias internas para controlar cualquier propagación del virus— es hora de que el gobierno nacional proponga al país un programa económico responsable y medidas concretas para enfrentar esta coyuntura. Sobre esa base se podría lograr un gran acuerdo que permita avanzar en ese conjunto de iniciativas que alivien los efectos de la crisis, con la urgencia que amerita.

La conformación de un consejo asesor con prestantes economistas, aunque insuficiente en número para asegurar el consenso técnico necesario, creo que debe entenderse como una verdadera junta de médicos para tratar una enfermedad que parece estar yéndosele de las manos al cirujano responsable.

Por sus nombres, podemos estar seguros que habrá mucha discusión técnica y bien fundamentada para lograr primero un acuerdo técnico sobre el perímetro de lo fiscalmente posible, y la gama de instrumentos que es conveniente emplear en esta difícil coyuntura. Todo un reto para estos economistas que están obligados a hacer lo que los gringos llaman un fine tunning de la economía, que para los que tenemos algunos años, nos debe remontar al cambio de emisoras en las viejas radios. La decisión al final será política, pero el aporte técnico es un ingrediente clave para tener buenos resultados. 

Luego tendrá que venir el acuerdo político y será lo más difícil alcanzar en un año electoral, y no sé si la clase política y dirigentes gremiales estén a la altura de las circunstancias. De hecho, me parece que éste es el principal nubarrón que tiene Ecuador en el horizonte cercano. Ya lo dijo Charles de Gaulle, primer ministro de Francia entre 1944 y 1946: “La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”. 

En lo técnico me parece que los ecuatorianos debemos tener absolutamente claras cuatro premisas:

1. La incertidumbre sobre la economía mundial es muy alta y casi debemos descartar la recuperación rápida y en forma de V. La sincronización de la crisis, la trampa de liquidez, la reversión de los flujos de capitales y los muy probables defaults alimentan estas expectativas.

2. Es imposible compensar por completo el efecto negativo de la pandemia en la economía. El desempleo va a subir y los ingresos van a caer. Vamos a ser un país más pobre. Lo que hay que  buscar es medidas mitigadoras de alivio social relevante.

3. La reapertura de las actividades es indispensable para evitar una depresión todavía más grave, pero ésta debe atenerse a estrictos protocolos sanitarios, (inclusive con algún apoyo financiero del Estado) y estímulos a la contratación de trabajadores, algo que hoy no se ve y que provoca más incertidumbre.

4. Es momento de una actitud más relajada frente al déficit fiscal y la deuda pública y que hoy no nos debe sonar a propuestas descabelladas. Se puede pensar en subir algunos puntos la razón deuda producto en la medida que no cambie mayormente el panorama que teníamos de la sostenibilidad de las finanzas públicas antes de la pandemia y siempre sujeto a las expectativas de los mercados financieros. Sin embargo, esto no quiere decir que el ajuste fiscal no deba ir. De hecho debe concebirse como elemento central de cualquier programa económico y no solamente en forma transitoria, sino permanente. La idea central es configurar una proyección de superávits fiscales primarios después de la pandemia, que complementando con una proyección de crecimiento positivo del producto aleje definitivamente los malos equilibrios y cautele la trayectoria de convergencia a un resultado fiscal estructural sostenible en el largo plazo. 
 
Con estos antecedentes macro, podemos aterrizar en un conjunto de medidas fiscales que permitan la creación de un fondo extrapresupuestario de no menos de 15.000 millones de dólares, que ayude a la recuperación de la economía y que deberá extinguirse en un plazo máximo de dos años o antes si las condiciones macroeconómicas y sanitarias lo permiten. En este caso cualquier sobrante deberá ir a un fondo de ahorro para emergencias.

El financiamiento de este fondo, en estricto orden de prelación, debe provenir de la  reestructura de  la deuda existente y, particularmente con los chinos, de nuevos créditos al límite de no afectar el grado de deuda actual del Ecuador, de concesionar la obra  pública, del reordenamiento paulatino del gasto público, y finalmente en caso necesario de una subida marginal de impuestos y estrictamente dirigida a los segmentos de ingresos muy altos.

La ley de creación del fondo deberá definir que se dé cuenta irrestricta en forma periódica del uso del fondo. La contraloría debe efectuar una fiscalización  pormenorizada y muy eficaz, lo cual implica reformas estructurales a la modalidad de trabajo y auditorias de esa institución. 

Algunas ideas para la utilización de este fondo son:

i) Compensar las pérdidas de ingresos públicos por la eliminación de todos los trámites y permisos de funcionamiento de negocios, de una reforma tributaria de depreciación instantánea del 100% para nuevas inversiones, de la eliminación de todos los impuestos asociados a créditos en las instituciones financieras y de la prórroga en el cobro de impuestos a personas y empresas.

ii) Acelerar la ejecución de grandes proyectos públicos de inversión con alto retorno económico y social y que sean de estricta competencia del Estado. Todo lo demás debe pasarse al sector privado vía concesión y que sirve hasta para financiar los otros gastos.

iii) Subsidiar el empleo con un porcentaje de apoyo a las empresas que salvaguarden los puestos de trabajo. La compensación vía impuestos puede ser un mecanismo.

iv) Apoyos directos a los sectores más afectados como el turismo, como puede ser la reduccion del IVA sectorial.

v) Programas de bonos de ayuda que deben extenderse en el tiempo y en el número de familias beneficiarias. La gravedad de la crisis lleva a salirnos de la categorizacion solamente de la pobreza y extender la ayuda a familias sin ingresos formales y con ingresos formales bajo un cierto umbral. En esta materia, una metodologia de calificación para la entrega del beneficio es urgente e indispensable.