Los sucesos ocurridos el pasado 9 de enero muestran la predisposición de Ecuador para aceptar el uso de la fuerza por parte de los militares para enfrentar el terrorismo. No siempre hubo esta voluntad. Durante décadas, las prácticas terroristas no fueron asimiladas como métodos dirigidos a horrorizar y amedrentar a una comunidad mediante el despliegue de acciones de intimidación. Conservaron más bien un cierto halo romántico al vincularlo con el estilo justiciero de Robin Hood. Captaron hasta simpatías entre determinados segmentos sociales. Las actuaciones del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) son un ejemplo de ello. Por ello, el cambio concretado es relevante y consecuencia de un proceso sobre el cual quiero reflexionar.

  En la década de 1980, cuando AVC actuaba, había simpatías hacia ese grupo de jóvenes a los que se los definía como idealistas. Se los comparaba con los integrantes del M19 de Colombia, que comenzaron a perder su aurea de justicieros cuando perpetraron el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. En Ecuador, en ese entonces estaba extendida la percepción de que el terrorismo provenía del estado, en ese momento gobernado por el ex presidente León Febres Cordero.  

Fue necesario que Ecuador sufriera matanzas, atentados, motines carcelarios, extorsiones, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y que conociera del caso Metástasis y de los vínculos existentes entre estamentos oficiales y dignatarios con la delincuencia, para que arribara a la posición que la mayoría de ecuatorianos tiene respecto del terrorismo hoy. La divulgación del caso Metástasis evidenció ante la ciudadanía la entente entre actores políticos, funcionarios judiciales, oficiales de la fuerza pública, abogados, periodistas y jefes de las bandas delincuenciales, responsables no solo del narcotráfico, sino de otros crímenes como la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, además de secuestro, extorsión, entre otros. Destapó de modo descarnado las prácticas de corrupción y el interés de los actores criminales por controlar espacios estatales, políticos y públicos, para conseguir mayor poder e impunidad. Incluso, como lo señalan varios de los participantes en los chats revelados por la Fiscalía, el propósito de controlar organismos estatales y de aspirar a contar con la colaboración de actores políticos de primera línea.

Cuando se produjeron las movilizaciones indígenas de octubre de 2019 y de junio de 2022, aunque hubo un despliegue de prácticas terroristas, como atentados contra instalaciones estatales y privadas, ataques a medios de comunicación y periodistas y acciones para atemorizar a los ecuatorianos, la sociedad no los apreció de esa manera, sino como expresiones de resistencia y de lucha social. Los rasgos de los levantamientos de la CONAIE constituyeron una sorpresa para los gobiernos que los enfrentaron, así como para muchos actores políticos y sociales y un amplio sector ciudadano, acostumbrados a las movilizaciones pacíficas del movimiento indígena. No fueron muchas las voces que señalaron la violencia de esas manifestaciones y menos todavía las que señalaron el uso de métodos terroristas. La argumentación para explicar su cometimiento fue que estos fueron ejecutados por infiltrados.

Ni siquiera el atentado con un coche bomba a un cuartel policial en San Lorenzo, la madrugada del 27 de enero de 2018, y el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, en marzo de 2018, alertaron a la sociedad ecuatoriana sobre el ingreso de terrorismo en nuestro territorio. Los motines carcelarios, que se instauraron con una violencia desconocida en el país, a partir de 2019, también tomaron desprevenidos a los gobiernos. Parecía que Ecuador optaba por continuar considerándose como una isla de paz en medio de dos estados donde la violencia se manifestaba ya por décadas. 

Probablemente muy pocos recordaban las denuncias publicadas en la prensa, entre octubre y diciembre de 2003, sobre el supuesto apoyo a la campaña presidencial del presidente Lucio Gutiérrez, por parte del empresario César Fernández, presuntamente vinculado al narcotráfico  Y seguramente la mayoría había olvidado las denuncias en sentido similar, respecto de la campaña electoral de 2006, cuyo resultado llevó a Rafael Correa a la presidencia. 

A pesar de estos antecedentes, nuevamente el país se sorprendió con los hechos ocurridos desde la noche del 8 de enero y en la madrugada del 9 y en su transcurso. Esto da cuenta de cuán inadvertidos se encuentran el estado, los gobiernos, los partidos políticos, los movimientos sociales, la sociedad y la ciudadanía. Quizá se encuentren interesados en mirar para otro lado y no perturbarse por las incómodas señales que entrega la implacable realidad y que exigen cambios de raíz. O, tal vez buscan privilegiar sus propios intereses y anteponerlos con mezquindad al bienestar de la colectividad.

La impunidad a la que se acostumbraron los delincuentes que controlan espacios judiciales y políticos en Ecuador alentó, sin duda, el crecimiento de la violencia en las ciudades y localidades ecuatorianas.  A ello es posible agregar la falta de anticipación con la que ha actuado el país frente a este crecimiento de la violencia.  Y la dificultad para comprender la complejidad de un problema cuyo enfrentamiento va mucho más allá de la represión militar.

Será importante que la ciudadanía, así como convino en la necesidad de que el estado ejerza su fuerza legítima, concuerde en que la guerra es insuficiente para remontar el crimen organizado y sus acciones terroristas. Es indispensable concertar en la importancia de la prevención para evitar que niños y jóvenes con grandes potenciales se incorporen al delito. 

El gobierno del presidente Noboa no ha informado sobre estrategias concretas para evitar la cooptación de niños y jóvenes atrapados en la pobreza y en la falta de oportunidades, por las bandas criminales. Una educación de calidad, la promoción de actividades culturales, artísticas y deportivas, en correspondencia con la diversidad ecuatoriana, son clave en estas circunstancias. 

Situaciones de crisis han mostrado la fortaleza y la conciencia cívica existentes en amplios sectores de la sociedad civil. Estas condiciones pueden ser reforzadas siempre y cuando la nación ecuatoriana esté bien informada. Es momento para que las oficinas de comunicación institucional de tantos organismos oficiales definan la difusión de información como su prioridad y dejen las relaciones públicas y la propaganda para otra oportunidad. Esto atenuará los daños que la desinformación y la divulgación de noticias falsas provocan en una sociedad ensimismada en las redes sociales. La mejor información contribuirá a que la sociedad enfrente con más serenidad el terrorismo y sus secuelas.