
Para la clase política y unos cuantos analistas económicos resulta muy rentable criticar las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, en tanto les permite ganar popularidad y adeptos. Lo peligroso es que muchas de estas imputaciones al mejor estilo de las películas como el El Exorcista, pueden llegar a calentar las calles y dar al traste con la viabilidad política requerida para llevar a cabo un programa de ajustes y reformas que Ecuador debe hacer sí o sí, so pena de poner en riesgo la dolarización.
Los ecuatorianos deben comprender que acudimos a esta institución enfrascados en profundas dificultades financieras, provocadas por el peor gobierno de la historia, con la imposibilidad pensar en políticas contra cíclicas de aumento del gasto público o recorte de impuestos, y cuando ningún acreedor privado se atrevía a prestarnos en buenas condiciones; así como que la tan mentada y recurrente crítica a la austeridad fiscal surge de una confusión entre correlación y causalidad, por cuanto la recesión que ciertamente va de la mano de un programa de ajuste (correlación), no es causal de las medidas de ajuste, sino de los excesos del pasado (causalidad). De hecho, hay que considerar que el ajuste y sus costos sociales serían mucho más severos sin la participación del Fondo Monetario Internacional.
Debemos dejar claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solamente nos brinda liquidez inmediata, que tanta falta nos hacía, sino que abre puertas con otros multilaterales y el propio mercado financiero internacional para obtener recursos en mejores condiciones. No es coincidencia que el riesgo país haya revertido una tendencia peligrosamente alcista y se haya reducido de los 826 puntos base el 31 de diciembre de 2018 a 553 puntos base el primero de mayo.
Debemos dejar claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solamente nos brinda liquidez inmediata, que tanta falta nos hacía, sino que abre puertas con otros multilaterales y el propio mercado financiero internacional para obtener recursos en mejores condiciones.
Naturalmente esta institución, como cualquier ente financiero, debe asegurarse que pueda recuperar los créditos otorgados, y para ello impone condiciones de reducción del déficit fiscal y endeudamiento público. El cómo se lo haga ya depende del gobierno y no representa ninguna imposición del Fondo.
A mi criterio, los objetivos de la propuesta gubernamental relacionados con el fortalecimiento del marco institucional del Banco Central y el incremento de las reservas internacionales, la estabilidad del sistema financiero, la promoción del mercado de capitales y el fomento de acuerdos comerciales, no debieran tener mayores detractores y su implementación debiera ser relativamente fácil.
Al contrario, las reformas en materia fiscal —por el lado de la revisión de los subsidios y el rebalanceo hacia una mayor tributación indirecta— y laboral —relacionados con la disminución de los costos implícitos de contratación y generación de incentivos para la creación de empleos— serán una papa caliente para el gobierno y su implementación todo un reto del componente político de la política económica, y donde me parece que lo único claro es que dado el grado de infección que tenemos en nuestra economía, pensar que vamos a curarnos sin dolor es algo totalmente ilusorio.
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