El Consejo de Participación definitivo intentó instalar una comisión para perpetrar un golpe de Estado palaciego. La institucionalidad pública respondió con acciones judiciales y políticas. El pretexto del órgano, que está secuestrado por el correismo, fue evaluar y después destituir precisamente a aquellos magistrados que está impedido por disposición expresa. Aunque la resolución fuera retirada, medida que no existe en el derecho, la infracción ya fue cometida.

Esta acción materializa el delito de desacato y lo convierte en una intentona golpista para desconocer a los poderes constituidos. Así se busca introducir, a como dé lugar, una Asamblea Constituyente que redistribuya los equilibrios del poder para abrir una ventana de oportunidad a la moribunda revolución que tiene bajísima credibilidad, pero el suficiente dinero recaudado en sobornos.

Todo esto forma parte del repertorio golpista característico de la década ganada. Pero esta vez no parece que tendrán mucha suerte. El curita y sus compinches caminan sobre la cuerda floja. La Asamblea Nacional los encausará políticamente y la justicia ordinaria ha iniciado otras acciones.

Hoy intentan repetir uno de los tantos autogolpes palaciegos que los populistas perpetraron durante su revolución ciudadana. En el 2006 dieron su primer golpe al derrocar al Congreso Nacional y al secuestrar al Tribunal Supremo Electoral para dar viabilidad a la Asamblea Constituyente de 2008; en el 2007 defenestraron al Tribunal Constitucional, en el 2009 a la Corte Suprema de Justicia y en el 2016 reformaron la Constitución por la vía parlamentaria, sin una consulta popular, para permitir la reelección indefinida. 

Un golpe de Estado contemporáneo ya no necesita disparos, violencia o desaparecidos como en el pasado; hoy necesita descabezar a un poder del Estado y desconocer la validez de la Constitución. Esto es lo que hizo el correismo en, al menos, cinco ocasiones, con absoluto sigilo durante su década de abusos. Ahora intentan lo mismo. Buscan deslegitimar a todas las instituciones democráticas del Estado, entre aquellas que son de naturaleza representativa como las que son delegativas. La tarea arranca con desautorizar el trabajo de las cortes de justicia, empezando por la Corte Constitucional. Luego dirán que todo el sistema representativo tiene que ser reemplazado, sembrando la siempre tentadora antipatía social por todas las instituciones representativas.

Así se plantaría el virus antipolítico del desprecio por la representación y habrá regresado la exclamación del “que se vayan todos”. De esta forma empezaría la decapitación primero de la Corte Constitucional, después a la Asamblea Nacional o al propio Ejecutivo, y luego se desconocería la validez de la Constitución que ellos mismos expidieron, ahora para convocar a una nueva constituyente que al instalarse y llenarse de infiltrados podría encargar el poder a Rafael Correa que volvería para encaramarse en el sillón presidencial por una o dos décadas más, reinstalando las elecciones tramposas, los sobornos de campaña, el cohecho en las contrataciones públicas, la justicia de alquiler, la violación a los derechos humanos y el abuso autoritario del poder. Títeres y titiriteros de esta burda obra intentan instalar un golpe de Estado y pescar a río revuelto.

En promedio, una Constitución se expide casi cada 9 años en Ecuador desde que nuestro país se diera su primera carta política en Riobamba en 1830. Cada una de estas 20 constituciones respondió a distintas necesidades de redistribución de los equilibrios de poder. En cada una de estas hubo pocos cambios en derechos o en garantías porque si se revisa la historia con objetividad, cada una de estas constituyentes expresó una coyuntura específica para la negociación política entre los sectores de presión que gravitan alrededor de las instituciones de poder y el reparto de los mecanismos para ejercer la autoridad real. Una nueva constituyente posibilitaría eso: el último resquicio para que el correismo intente recuperar un espacio de influencia en la mesa de las negociaciones. Por eso preparan marchas que por el momento son un fracaso pero que con el tiempo podrían engrosarse y cuya finalidad no es reclamar por algo sino provocar caos callejero. Por eso presionan para instalar una nueva constituyente cuya finalidad no es posibilitar una reforma constitucional sino participar en un nuevo reparto. Entonces les urge dar un golpe de Estado palaciego a la institucionalidad judicial, para generar las condiciones antipolíticas que conduzcan a la disolución estatal.

Si una nueva Constitución se expide en Ecuador casi cada 9 años esto quiere decir que los elementos de la política, sus actores formales e informales, como las instituciones sufren distintos cambios que no resisten más de una década. Entonces, la última Constitución, la nacionalsocialista de 2008, la de los 300 años, podría haber caducado en 2017 hace dos años al día de hoy, lo que coincide con el tiempo que el presidente Lenín Moreno lleva en el ejercicio de la jefatura del Estado. Quiere decir también que el pacto político contraído desde Montecristi por las élites partidarias, empresariales y sindicales debe revisarse, y que el plan de perpetuación, que debía inevitablemente por una constituyente, hubiera funcionado si Moreno no les hubiera dado la espalda.

Por esto, para evitar el retorno del fantasma de la autocracia lo mejor será descartar el libreto constituyentista, trabajar en una modificación a la Constitución por la vía de la reforma parcial, expulsar los resquicios fascistoides como el Consejo que estatiza la participación, cerrar filas frente al nacionalsocialismo correista e incorporar un candado constitucional que permita ser abierto en las próximas elecciones legislativas por la vía de la consulta. 

El curita y sus compinches son apenas unos títeres en la obra tragicómica con un guión antidemocrático. Sin embargo, es un error subestimar a los enemigos de la democracia. Este caos institucional que preparan los golpistas está prolijamente planificado.

@ghidalgoandrade