Parafraseando a Carl von Clausewitz, podría decirse que la corrupción es la continuación de la política por otros medios. Este fenómeno ha alcanzado tal dimensión que prácticamente define la agenda pública, al menos en aquellos países –como el nuestro– azotados por una clase política que adolece de una ausencia crónica de ética.

Lo estamos experimentando a propósito de la comparecencia de Carlos Pareja Yannuzzelli, alias Capaya, a la Asamblea Nacional. Nada nuevo de lo que ya se conocía o se sospechaba, pero suficientemente mediático como para volver a alborotar el avispero por enésima ocasión.  Las disputas entre las tiendas políticas se resumen en el enfrentamiento entre quienes se abanderan de la transparencia pública y quienes se defienden como gatos panza arriba de las acusaciones de corrupción. En ese escenario, las proyecciones de lo que se supone debe ser la actividad política quedan diluidas en medio de los escándalos.

La situación provoca efectos que oscilan entre lo patético y lo ridículo. Por ejemplo, la total enajenación de los correístas obtusos. Hasta ahora parece que no se percataron de que, como movimiento político, están indefectiblemente asociados a la corrupción. Digan lo que digan o hagan lo que hagan, resulta imposible justificar, y mucho menos tapar, lo que ocurrió durante la década que duró su gobierno. Las evidencias siguen aflorando pese al tiempo transcurrido. Y cada vez los casos de corrupción son más contundentes y descarados.

El caso Petroecuador podría ser considerado como una mancha más al tigre si no fuera porque el proceso judicial se ventila en una jurisdicción ajena a la influencia y manipulación política de los involucrados. Lo mismo ocurre con el juicio a Carlos Pólit. Claro, siempre tendrán a la mano la muletilla del law-fare y de la abusiva justicia imperialista. Pero, ¿qué harán cuando el excontralor y Nielsen Arias acompañen su serenata con una interminable lista de pruebas? Porque en la colaboración eficaz a la que parecen haberse acogido este par de angelitos en los Estados Unidos, cualquier acuerdo con la justicia implica proporcionar información verificable.

Acá en el Ecuador –toca admitirlo– las posibilidades de bloquear la acción de la justicia son innumerables. Lo que sí se vuelve cada vez más difícil es la neutralización de la opinión pública.Sobre todo, de la percepción ciudadana.

La desesperación con la que el bloque parlamentario correísta intentó impedir la comparecencia de Capaya solo confirma la devastación de sus denuncias. La visceral reacción de la asambleísta Aguirre, argumentando que no se puede creer en la palabra de un delincuente, evidencia no sólo una profunda ignorancia jurídica, sino una angustia política descontrolada. No es para menos: la estantería electoral del correísmo puede desplomarse como castillo de naipes.