El presidente Lenín Moreno dispuso que se levante la confidencialidad del informe de la investigación del crimen del general Jorge Gabela, suscrito entre el Ministerio de Justicia y el perito argentino Roberto Meza Niella. Moreno anunció en un trino, y escuetamente, que este será un “aporte a la investigación del asesinato” del oficial de la Fuerza Aérea, ocurrido el 19 de diciembre del 2010.

El Ministerio de Justicia ya informó al perito argentino que “todos los insumos e información sean puestos, de manera inmediata, a disposición de las autoridades judiciales o estatales”. Pero esa decisión, que tardó en llegar desde el poder ya que el contrato con Meza fue firmado el 10 de abril del 2013, es fundamental y puede cambiar todo lo actuado en el caso por dos motivos.

Jaque al perito Meza

El perito Meza, que cobró al Estado 78 000 dólares por ese trabajo, ha mencionado en varias ocasiones que no puede dar detalles del trabajo porque existía una cláusula de confidencialidad que le impide dar información. Pues ahora, luego de que la ministra de Justicia, Rosanna Alvarado, ejecutó la orden de Moreno, Meza estará liberado de cualquier responsabilidad al informar de los resultados de sus investigaciones.

Esto implica liberar los detalles, según el contrato, y Meza Niella podrá informar a la Fiscalía y a los medios de comunicación del contenido completo del tercer producto de su investigación, en el que se determinan los presuntos autores intelectuales y el móvil del crimen.

El segundo producto determinó que el asesinato de Gabela “sería consecuencia de la delincuencia organizada”, lo que quiere decir que hubo varios niveles de preparación y ejecución. Con esta conclusión se dio paso a la tercera parte de las averiguaciones.

Sobre el tercer informe, que sí se ejecutó y entregó, dice el contrato: “de verificarse que no se trató de un crimen propio de delincuencia común, se realizará una investigación minuciosa que permita determinar a los presuntos autores intelectuales y el móvil del crimen, aquello será sustentado con los respectivos elementos probatorios y consignados conjuntamente con el informe motivado respectivo”.

Johana Pesántez, actual secretaria Jurídica del presidente Lenín Moreno y exministra de Justicia del expresidente Rafael Correa, puso su firma en la Resolución Ministerial con la que se contrató a Roberto Carlos Meza Niella bajo esos términos.

Otro punto clave que se pudiera revelarse con el retiro de la confidencialidad es el supuesto pago de USD 20 000 al fiscal del caso Gabela, Rene Astudillo, por uno de los presuntos implicados. Él ha negado que sea plata de la mafia. No obstante este portal publicó en junio que existe un oficio de la exfiscal general subrogante, Cecilia Armas, donde se puede determinar que la Fiscalía “no investigó el origen del dinero en ninguno de los casos, pese a ser calificados como relevantes por la Consultora Pericial y el Comité Interinstitucional”. Esto sería suficiente para desechar lo actuado y volver a foja cero.

Meza para no hablar sobre el caso también ha dicho que no guarda respaldos de esa investigación… Entonces, consultados dos abogados penalistas sobre este argumento sueltan una carcajada. Impensable, dicen, que no tenga un solo respaldo en sus archivos o en los de su empresa Consultoria Pericial, cuya sede está en Brasil y los logos constan en los informes relacionados con el caso. Esas mismas imágenes están en el oficio del ocho de julio del 2013, donde Meza comunicó al ex ministro de Justicia, Lenin Lara, la entrega del tercer producto, pide que lo apruebe y se efectúe el pago por el trabajo. Eso quiere decir, según el contrato, el 30% final de los 78 000 dólares.

Tampoco hay que dejar pasar un detalle. Meza Niella fue un perito que colaboró en otros casos. Incluso con el propio exministro y actual asambleísta, José Serrano. Hay registros públicos de contratos por consultorías forenses, desde el 2012, con el Ministerio del Interior. Según información de varios medios de comunicación, Meza también ha participado como veedor del 30-S, el asesinato del Subte. César Coronel… Todos convenios por decenas de miles dólares. Y ahora hay la posibilidad de que todos sean revisados.

El perito está en jaque. Si se resiste a dar los detalles, los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Gabela, que había investigado, la Fiscalía General está en la obligación de actuar a favor de la familia del General Gabela y del país.

Jaque en la mesa de los políticos

El caso de la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, inició con sus propias denuncias sobre la compra de los helicopteros Dhruv en en 2007, por ser una contratación lesiva para las FF.AA., la FAE y la seguridad del país. Y estos argumentos, que ahora se sabe que eran sólidos, se sostuvieron hasta el 2010, cuando compareció al ex Congreso Nacional. Vale la pena recordar que en las imágenes televisivas de ese día quedaron registradas las amenazas a Gabela del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Rodrigo Bohorquez.

El 19 de diciembre de ese año, el general, piloto de combate, fue asesinado en su casa ubicada en la Urbanización Tornero del Río, en Samborondón, Guayas.

El retiro de la confidencialidad por parte del presidente Lenín Moreno también es un mensaje en el ámbito político. Abre la posibilidad para que, al menos 34 altísmas autoridades del gobierno de Rafeal Correa y del suyo… den la cara ante las autoridades judiciales, políticas y a los familiares de Gabela, en especial su esposa Patricia Ochoa y sus hijas.

Son 11 años desde las primeras denuncias y ocho años del crimen. Y hay políticos que deben responder. Siete exministros de Rafael Correa entraron en la indagación previa por el asesinato. Pero Lenín Moreno pudiera, a más de ordenar que se levante la confidencialidad del contrato del perito, pedir cuentas a sus colaboradores y amigos que en algún momento, quizá, conocieron del tema por distintas circunstancias o cargos: Juan Sebastián Roldán, ex secretario de Transparencia de Correa; Miguel Carvajal, ex ministro coordinador de Seguridad y Defensa; Johana Pesántez, ex ministra de Justicia de Correa; Ledy Zúñiga, exministra de Justicia; María Fernanda Espinosa, exministra de Defensa de su examigo.

De seguro ellos, en conjunto, pudieran ayudar a esclarecer el caso, colaborar con la Viuda. Conversar con tranquilidad sobre informes forjados, control a la mafia de traficantes de armas, helicópteros caídos, acciones gubernamentales, las amenazas a Gabela y el dolor de su familia... Incluso, quiénes de sus ex colaboradores en los ministerios deben ser llamados a declarar por la Fiscalía General. Ya no hay confidencialidad.