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21 de Diciembre del 2015
Ideas
Lectura: 8 minutos
21 de Diciembre del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Castigo a la individualidad humana
Las sanciones, en rigor, deberían ir contra el “compañero” presidente que depende cada vez más de factores externos y se ve “gobernado” por ellos. El presidente, en realidad, gobierna cada vez menos y termina cediendo ante las fuerzas económicas que denunciara con firmeza al inicio de su mandato.

Más allá de si decidió hacerlo hoy y de por qué no lo hizo antes, el caso de Fernando Bustamante permite entender el valor de la individualidad humana y su negación por sus coidearios, convertidos en sus verdugos. Éstos, al parecer, ignoran el derecho de todo ser humano a actuar de conformidad con su conciencia.   Quienes interpretan la abstención de Bustamante como tardía, también pierden de vista este punto. En realidad, lo que cuenta en términos políticos, es un acto que no habría tenido el mismo significado si se lo hacía hace nueve años.

Pero una vez producido el hecho, lo que cabe resaltar es el conflicto entre la “obediencia debida” y la “objeción de conciencia”. Ésta última implica el ejercicio de un derecho; la primera, el cumplimiento incondicional de un deber.

¿Puede la militancia de un partido o movimiento político hacer abstracción de valores de conciencia? ¿No tienen “cargo de conciencia” quienes ejecutan órdenes contrarias a la lógica, a la razón, al interés, no sólo de un partido, sino de un país?

Valores como la “pluralidad, la espontaneidad y la individualidad” son para Hannah Arendt -teórica de la política, judía de origen alemán-  la esencia de la condición humana.

Quienes se apartan de estos valores son proclives a cometer crímenes contra la humanidad. Arendt mostró que más grave aún que el cometimiento de crímenes horrendos, como los ejecutados por los nazis en los campos de concentración, fue la pretensión de éstos de destruir la naturaleza humana que motivó tales crímenes.

Fernando Bustamante no obstante atreverse a la abstención, aclaró que acataría las sanciones que sus “camaradas” le impondrían;  esto también puede entendérselo en términos políticos; acaso se trate de una estrategia para preservar un espacio de acción política. 

O sea, como bien lo anota Rodrigo Tenorio, columnista de Plan V, el efecto de la decisión de Bustamante fue indudablemente político.  Esta decisión fue pública, y proviniendo de un asambleísta de la talla de Bustamante, su resonancia es aún mayor, tanto más cuanto que en la propia Alianza País ya se advierten síntomas de molestia cuando el bloque oficialista pide tener una reunión con el “compañero” presidente para discutir el nuevo paquete de enmiendas anunciado por él.

El ejemplo de Bustamante puede pesar, y, sin duda, eso es lo que más preocupa al núcleo “duro” del oficialismo. Pero además el propio presidente ha declinado su postulación para el 2017. Ello deja mayor espacio en Alianza País para un pensamiento autónomo. A lo mejor la “objeción de conciencia” gane terreno.

Las sanciones contra Bustamante se inscriben, pues, en un falso sentido de lealtad; ¿lealtad a qué?, si el proyecto político de la revolución ciudadana está ya en declive. Las sanciones, en rigor, deberían ir contra el “compañero” presidente que depende cada vez más de factores externos y se ve “gobernado” por ellos. El presidente, en realidad, gobierna cada vez menos y termina cediendo ante las fuerzas económicas que denunciara con firmeza al inicio de su mandato.  

En lugar de ello, la asambleísta Godoy se queja de que la sanción decidida por el Comité de Ética contra el insumiso  “no es clara ni suficiente”, un poco haciéndose eco del reclamo que el presidente Correa hiciera a su ministro Serrano por no haber reprimido con mayor violencia las manifestaciones realizadas en vísperas de las fiestas de Quito.  

La represión “material” reclamada por Correa no tiene, por cierto,  la misma catadura de la represión contra Bustamante. Ésta última atenta contra la individualidad, esto es, contra el derecho a ser sujeto y no objeto que concierne a la   propia condición humana. Es una sanción que castiga, no al que lanza piedras ni grita,  sino al que se acoge a una objeción de conciencia, por más que quien optara por ella,  enseguida anticipe que sufrirá las consecuencias de “semejante” atrevimiento.     

Creo que en el caso de Fernando Bustamante está en juego el concepto mismo de la libertad individual en la práctica política. ¿Cuánto de esa libertad debe ceder un militante sin contrariar los valores en los que cree y a los que adhiere? ¿Puede el Código de Ética de una agrupación política homogenizar los valores éticos que profesan sus integrantes pese a su heterogeneidad?

En el conflicto entre la moral y la política, se establece una oposición falsa entre fines y medios. A Maquiavelo se le atribuyó la tesis de que el fin justifica los medios. El gran escritor Albert Camus opinó que “en política son los medios los que deben justificar el fin”. La diferencia entre la actitud  ética y la actitud política, explica Fernando Savater , renombrado catedrático español, está en que la primera concierne al individuo y la segunda, a la relación de éste con los demás.

¿Puede el partido que es un medio hacer tabla rasa de los valores éticos de los individuos, a partir de los cuales se configuran sus fines?

Esto, sin duda, marca la línea divisoria entre un partido basado en principios de tinte fundamentalista  y un partido que practica la democracia.

Aun en la perspectiva de Maquiavelo, los medios se justifican cuando no se ha renunciado a sus fines. Las enmiendas constitucionales aprobadas el 3 de diciembre constituyeron una abdicación de los fines proclamados en la Constitución de Montecristi; en esas circunstancias la disciplina partidista pierde sustento.

Isaiah Berlín, filósofo ruso-británico, se pregunta “¿en nombre de qué puedo justificar forzar a los hombres a hacer lo que no quieren o no consienten?” Usar a los hombres como medios, agrega, “para fines que yo he concebido al margen de ellos, y no para los suyos propios, aunque sea en su propio beneficio es, en efecto, tratarles como infrahumanos y actuar como si sus fines fuesen menos fundamentales y sagrados que los míos”.  

La sanción decidida en contra de Bustamante, es la auto confesión de una degradación ocurrida en el seno de un colectivo político en el que sus integrantes permiten ser tratados como esclavos, carentes de voluntad propia.

Ello explica, como acertadamente analiza Arturo Torres, editor del diario El Comercio, la andanada contra los medios de comunicación, a los que se pretende convertir en instrumentos de manipulación de los ecuatorianos para “lanzarnos” hacia fines no elegidos por nosotros.

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