En los últimos días nos hemos enterado de que el gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.) no renovará a los exportadores ecuatorianos las “preferencias arancelarias andinas” Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Atpdea) –una ley federal que reducía el cobro de aranceles por la introducción de productos primarios andinos al mercado estadounidense, beneficiando así que el precio de éstos sea más competitivo y accesible para los consumidores de aquel país– las cuales vencieron el 31 de julio del año en curso.

Esta amenaza no ha sido novedosa para el país, pues hemos escuchado que cada año los EE.UU. no las renovarían, aunque finalmente hemos sido “privilegiados” de la generosidad norteamericana en extendernos siempre las preferencias arancelarias a favor de nuestros productos primarios de exportación.

La preocupación tomó fuerza en el sector de los exportadores cuando el presidente Correa anunció la renuncia a este sistema después de lo que se suscitó en torno al caso Snowden y, adicionalmente, porque Colombia y Perú (países que también se privilegiaban de éstas) han firmado con EE.UU. tratados comerciales, lo cual supone que la expedición de las preferencias arancelarias sólo a Ecuador y Bolivia (países que se han separado geopolíticamente de EE.UU.) sea cada vez menos posible. Con todo, hay que tener en cuenta que solamente un 10% de las exportaciones a EE.UU. ingresa a ese país con el Atpdea, pues el porcentaje restante lo hace a través de otros sistemas de desgravamen como lo es el Sistema General de Preferencias (SGP) dado también por aquel país.

No obstante, ante las continuas amenazas de no renovación de las Atpdea en los últimos años, el Ecuador se encuentra preparado desde hace algún tiempo para compensar a los exportadores ecuatorianos a través de la reactivación de un mecanismo de carácter fiscal muy antiguo denominado “abono tributario”, al desaparecer los beneficios de dichas preferencias.

Estos certificados fueron creados por la Ley de Abono Tributario de 1979, cuya finalidad era conceder una devolución monetaria a los sectores productivos que incorporen insumos nacionales a los bienes de exportación no tradicionales (productos manufacturados). Es decir, era propiamente un incentivo focalizado en el cual el Estado disminuía parte de su recaudación de impuestos a cambio de obtener beneficios, trayendo consigo la exportación de productos ecuatorianos alternativos (balanza comercial, divisas, fuentes de empleo, reactivación económica, etc.).

Esta medida, si bien tuvo una buena acogida al principio, finalmente no logró los resultados esperados pues, a pesar de mantenerse vigente la norma legal, desde 1986 los certificados se dejaron de emitir por el Banco Central del Ecuador. Esto se debió a que esta disposición no fue complementada por los gobiernos con políticas al sector productivo que fomenten el valor agregado nacional, a través de incentivos destinados a cambiar la matriz productiva y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan evolucionar de una economía primaria a una secundaria.

Este problema se acentuó cuando el Ecuador y los países andinos ingenuamente entramos al juego norteamericano de aceptar el programa de preferencias arancelarias para países andinos Andean Trade Preference Act (ATPA) de los EE.UU., el cual estuvo vigente desde julio de 1992 hasta diciembre del 2001. Al caducar las ATPA en diciembre del 2001, EE.UU. otorgó nuevamente a los países andinos –al igual que a varios países centroamericanos y caribeños– las Atpdea desde inicios del 2002. Las Atpdea también contemplaban preferencias arancelarias a varios productos nuevos (casi todos productos primarios), sin que posean mayores diferencias con las primeras.

Gracias a estas preferencias arancelarias (ATPA, Atpdea y SGP), nos volvimos un país con un sector productivo parsimonioso, jamás hubo propuestas del sector privado para mejorar los niveles de productividad. Con este sistema, los empresarios vieron muy fácil la colocación de sus productos en el mayor mercado mundial, sin plantear formas de innovación y diversificación industrial. Nunca ofrecimos una diversidad exportable hacia el mercado externo y nos conformamos con seguir colocando productos primarios sin mayor valor agregado.

Si bien estos programa significaron una ventaja económica para los productores y exportadores ecuatorianos y andinos –a cambio de un compromiso a favor de los EE.UU. en la lucha contra el tráfico de drogas– al estancarnos por muchos años en la oferta de productos primarios, los beneficios de esas preferencias no son significativos respecto a lo que hubiésemos obtenido si mejorábamos nuestra capacidad productiva y competitiva.

Sin embargo, el Estado ecuatoriano con la reactivación del abono tributario (recientemente ha ingresado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo) como medida de compensación a favor del sector exportador, continuará subsidiando a este sector en su afán de ubicar sus productos en los mercados internacionales. Medida que se aleja del objetivo central plasmado en el “Plan Nacional de Desarrollo” de transformar la matriz productiva, a través de la diversificación e innovación de la producción, mejorando los niveles de valor agregado de la economía.

En conclusión, el abono tributario se convierte en una subvención enfocada a beneficiar a un solo sector; producto que, lejos de ser un incentivo provechoso para el país, se constituye en una medida paternalista que busca solucionar los problemas de los empresarios que no han sido capaces de mejorar sus procesos productivos, volviéndose una medida discriminatoria para los demás sectores económicos del Ecuador.