Los diálogos entre un gobierno sin base social, secuestrado por sus limitaciones conceptuales y políticas; y sus captores: tres organizaciones indígenas que lo arrinconaron durante 18 días de movilizaciones acompañadas de hechos violentos de tinte vandálico y político, arrojaron como resultado algo casi imposible: 218 acuerdos que se concibieron en medio de tensiones y amenazas que hasta la presente no cesan, quizás porque la paralización pasó de ser una acción social de carácter reivindicativo a una estrategia utilitaria para operativizar chantajes de todo tipo hacia el Estado.

Pero también las medidas de hecho son un emprendimiento que genera réditos políticos a dirigentes como Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, o Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN, quienes en la beligerancia del tumulto y la acriticidad de sus bases, cimentan sus liderazgos, sus verdades y su intento por elevar a política pública agendas particulares que se mezclan con los intereses de minorías étnicas históricamente excluidas. Lo cual, desentona con los pedidos de reconciliación nacional, gobernabilidad y cese de la violencia que marcaron las agendas de las mesas de diálogo posteriores al paro de julio.

Hoy el Ecuador vive un escenario de desestabilización mucho peor a los de años anteriores, que fluctúa entre el calentamiento de las cárceles —dada la situación de inseguridad que atraviesa el país producto de atentados terroristas, narcotráfico y la crisis del sistema carcelario— y el calentamiento de las calles —propiciada por la monetización inescrupulosa de la paz— y la consecuente amenaza de una nueva paralización que embandera en solitario el presidente de la FENOCIN, la misma que podría realizarse si antes del 17 de noviembre el gobierno de Lasso no firma, de manera excepcional, el Decreto Ejecutivo para condonar deudas de hasta USD 10.000 a indígenas y campesinos, decreto que también beneficiaría los dirigentes de esta organización.

Más allá de esta amenaza y del poco probable éxito que pueda tener una paralización en solitario y en un escenario caracterizado por el estado de excepción en las provincias de la Costa, las agendas políticas de la CONAIE y la FENOCIN, superan los flancos de oposición a un gobierno de turno, ya que su estrategia a largo plazo es crear una aplanadora de violencia paralela a la que, en teoría, ejerce por mandato de la ley, el Estado republicano.

El famoso “Estallido”, que dignifican Iza y compañía.

Consecuentemente, todas las acciones ideadas o materializadas por Iza y Espinoza, se amparan en un resentimiento casi genético contra los mestizos que, al calor de la violencia de octubre de 2019 y julio de 2022, dio lugar a un tácito contrato de convivencia social entre el Estado y estos dirigentes. En este,  el “dejar hacer y dejar pasar”, se convirtió en el salvoconducto para tener impunidad, incluso cuando incurren en prácticas políticas y racistas poco analizadas y discutidas por académicos e intelectuales orgánicos que fetichizan a estas minorías étnicas al verlos como sujetos de transformación, incorruptibles y hasta puristas, pese a que su largo historial de negociaciones (contra-natura) para obtener y ejercer el poder, den cuenta de que pueden ser igual de rapaces que las élites políticas que han gobernado y gobiernan este país. 

Las mesas de diálogo, por más acuerdos alcanzados, demostraron que son insuficientes ante la nostalgia de los dirigentes de las organizaciones indígenas por salir a las calles, paralizar el país e instituir su democracia de tumulto con alta dosis de chantaje.