La definición más común y aceptada del término chantaje se refiere a la amenaza de difamación que se hace en contra de una persona para obtener algún beneficio, por lo general pecuniario. Para que la extorsión funcione en estas condiciones, debe existir algún secreto o información delicada que el chantajeado no quiere que se conozca.

A propósito del reciente pugilato entre el gobierno y la Asamblea Nacional, la pregunta que salta de manera inmediata es: ¿qué secretos inconfesables, información reservada, chanchullos o irregularidades conocían los legisladores denunciados por el presidente Lasso para haberle pedido favores a cambio de su silencio? Porque si el primer mandatario los acusó de chantajistas, su presume que algo de lo señalado está de por medio.

Sin embargo, lo que sale a la a luz a propósito de las declaraciones hechas de lado y lado es que se trata de un episodio más del viejo toma-y-daca de nuestra política criolla. Cambiar votos legislativos por favores personales no es ninguna novedad. Recién inaugurado el actual período democrático, allá por los años 79-80 del siglo pasado, ya estalló el primer gran escándalo de los trueques parlamentarios, conocido como el clavijazo: con un voto que se viró se eligió a un presidente del Congreso afín al régimen.

En principio, que el jefe del Ejecutivo se reúna con un grupo de asambleístas, o con un dirigente partidario, no debería llamar la atención. Todos ellos son, en cierta medida, responsable de las decisiones políticas del país. La suspicacia surge cuando los términos de las conversaciones, y los eventuales acuerdos, no son transparentes. O cuando se sospecha que no se están acordadnos decisiones de carácter público, como corresponde a sus funciones, sino personales.

Y aquí surge la siguiente interrogante: ¿es la ley de inversiones motivo de la polémica una propuesta que beneficia al interés público, o solamente beneficia a grupos específicos de la sociedad, grupos entre los cuales podrían figurar los negocios familiares de Guillermo Lasso?

Desde los sectores económicos, grupos políticos y medios de comunicación alineados con el gobierno se quiere vender la idea de que la ley de inversiones es la panacea para salvar al país; por lo tanto, quien se oponga es casi un enemigo de la patria, peor aún si lo hace desde lógicas ilícitas, como el chantaje.

En este punto hay que preguntarse por qué razón el gobierno ha concentrado su ofensiva en los legisladores de Pachakutik, como si los correístas y los socialcristianos no hicieran exactamente lo mismo desde la vereda de enfrente. ¿Significa esto que la extorsión para la impunidad o para el reparto de los organismos del Estado sí es legítima?

Para nadie es un secreto que, desde la visión cultural de las élites ecuatorianas, los indígenas representan la otredad, es decir, aquella parte del Ecuador “diferente”, la que se contrapone a la concepción oficial de la nación única y el Estado uniforme. Por eso, el debate nacional debe ir más allá de lo episódico, porque la reacción del Gobierno y de las élites tiene un inocultable tufo a ese racismo estructural que sigue permeando no solo a la clase política, sino a la sociedad en general.

A este paso, los sectores empresariales que quieren imponer su ley a cualquier costo terminarán afirmando que los indígenas que se oponen no son ecuatorianos.