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23 de Junio del 2019
Ideas
Lectura: 7 minutos
23 de Junio del 2019
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

Chile debería asesorar a Ecuador en ética
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Las malas prácticas corruptas no son exclusivas de los ‘dictadores de botas’, también lo son de los ‘dictadores de votos’ que con trampas legales se apoderan de todos los poderes del Estado.

De lo leído y escuchado, en los acuerdos suscritos recientemente entre los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Lenin Moreno, se nota un gran vacío. A nuestro gobierno no se le ocurrió pedirle a su par chileno asesoramiento sobre manejo transparente y ético de los bienes del Estado que en Chile camina bien.

No es un elogio gratuito. Lo digo por una investigación que realicé a comienzos del 2019 y publiqué con el título: Corrupción presidencial en Latinoamérica. Allí se observa que Chile es de los pocos países que no tiene presidentes ni vicepresidentes presos o involucrados en casos de corrupción. El último caso se registró en los 90, luego de que el dictador ‘neoliberal’ Augusto Pinochet –gobernante en 1973-1990- dejara el poder arrastrando una cola de corrupción que le persiguió hasta después de su muerte. Pasaron casi dos décadas para que la socialista Michelle Bachelet –2 mandatos: 2006-2010 y 2014-2018- se viera salpicada por un caso familiar.

Veamos un resumen de estos casos

Durante una investigación en Estados Unidos sobre terrorismo, en el 2004 saltó el ‘Caso Riggs”. El 24 de agosto 2018 la Corte Suprema emitió su fallo final condenando a tres ex oficiales del Ejército que ayudaron a Pinochet a ocultar dinero sustraído de las arcas fiscales en cuentas bancarias en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos, a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.

El fallo final determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito. Pinochet que murió en diciembre de 2006, alcanzó a ser procesado por la justicia chilena que, además, ordenó su arresto domiciliario por algunas semanas, pero no fue condenado.

El 3 de octubre 2018, un tribunal de Santiago de Chile ordenó retener bienes del ex dictador Augusto Pinochet por 17.8 millones de dólares que debían pasar a sus herederos y estableció la prohibición de celebrar actos de contratos sobre la totalidad de los bienes que dejó a su viuda, hijos y nietos” (datos tomados de los diarios el comercio.pe y elclarin.com).

Por el caso Pinochet se creía que todos los dictadores militares, ‘reaccionarios’ de derecha, ‘neoliberales’, ‘pro yanquis’ que hubo en América en las décadas 70 y 80, fueron además de brutales, corruptos. Que para dar rienda suelta a su corrupción se apoderaron de todos los poderes del Estado. Que los gobernantes demócratas de centro izquierda no hacían eso, peor los de izquierda. Pero en el 2018, o sea 14 años después de que se descubriera el ‘Caso Riggs’, en un gobierno socialista aparentemente inmune a toda corrupción, saltó el Caso Caval que le movió el piso a la presidenta Michelle Bachelet.

Esta es su historia: Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet (hijo de la presidenta) era socia de la empresa Caval que compró terrenos para urbanizarlos en la localidad Machalí, con un préstamo de 6.500 millones de pesos chilenos (9,7 millones de dólares) que concedió personalmente a Caval, el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Los terrenos los vendieron en más de 9.000 millones de pesos (unos 13,5 millones de dólares. Ganó 3,8 millones). Bachelet, como debe hacer todo presidente honesto, retiró a su hijo Sebastián del alto cargo que ocupaba en su gobierno y dejó que la justicia actuara independientemente hasta el final. En el 2018 el hijo fue liberado de culpa mientras la nuera terminó condenada por delitos tributarios.

En cambio Ecuador, también desde los 90 hasta el 2019, muestra una democracia embarrada en corrupción hasta el cuello. Tiene cuatro presidentes y tres vicepresidentes de centro izquierda e izquierda derrocados, enjuiciados, exiliados y presos.

En cambio Ecuador, también desde los 90 hasta el 2019, muestra una democracia embarrada en corrupción hasta el cuello. Tiene cuatro presidentes y tres vicepresidentes de centro izquierda e izquierda derrocados, enjuiciados, exiliados y presos.

Presidentes: Abdalá Bucaram, autoexiliado (ya retornó a Ecuador) tras una acusación de peculado en los casos ‘gastos reservados’ y ‘mochila escolar’. Fabián Alarcón, 9 meses preso por ‘piponazgo’ cometido en el Congreso antes de que fuera presidente de la república. Jamil Mahuad, autoexiliado tras una acusación de peculado por el congelamiento de los depósitos bancarios. Rafael Correa, autoexiliado con orden de captura y 11 investigaciones penales por peculado, tráfico de influencias, instigación, fraude procesal, robo calificado y actos de odio.

Vicepresidentes: Alberto Dahik, autoexiliado (ya retornó a Ecuador) por el caso ‘gastos reservados’. Jorge Glas, preso por ‘asociación ilícita’, caso Odebrecht. María Alejandra Vicuña, procesada por concusión, por cobrar ‘diezmos’ a sus subalternos.

La diferencia de la corrupción entre Chile y Ecuador es grandísima y nos preguntamos: ¿cómo los chilenos logran elegir gobernantes que manejan con honestidad los recursos del Estado? Y, ¿por qué los ecuatorianos elegimos a algunos pillos con cara de santos? Resulta difícil encontrar una respuesta, pero por mi visión periodística podría pensar que pesa mucho la transparencia en la administración pública. En Chile no se esconde la información, no hay tantos obstáculos para realizar trámites administrativos, el servicio es ágil.

Lo digo porque a comienzos de los 90 me tocó hacer reporterismo en Santiago de Chile y me sorprendió la agilidad con la que un funcionario del Banco Central de Chile me dio unos datos que en el Banco Central del Ecuador eran ‘reservados’, ‘secretos’. Allá conseguí la información en minutos, acá –tras muchos ruegos- se conseguía en semanas, si se conseguía. En la época correista, si no les daba la gana de informar, a la información solicitada le ponían el sello de ‘reservada’ y punto final, pese a que existe una ley de transparencia que obliga a los funcionarios públicos a informar. El secretismo era una política de Estado que sirvió para tapar la corrupción como lo están confirmando las numerosas denuncias que están llegando a la fiscalía.

Esto nos lleva a una conclusión: las malas prácticas corruptas no son exclusivas de los  ‘dictadores de botas’, también lo son de los ‘dictadores de votos’ que con trampas legales se apoderan de todos los poderes del Estado para evitar la transparencia porque en la oscuridad se atraca más.

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