La sola intención de que los ciudadanos porten armas bajo la prerrogativa de que esta acción es consustancial a la defensa del derecho a la vida expresa, en sí misma, la incapacidad del Estado para dotar de seguridad a su población y, por ende, pone en evidencia la pérdida del monopolio legal y legítimo de la violencia que emana de su autoridad.

Esta situación es producto de más de una década de descuido frente a problemáticas que hoy se manifiestan con absoluta crudeza en nuestra cotidianidad como el narcotráfico, el sicariato y la delincuencia organizada que opera desde las cárceles del país y por la cual pugnan bandas de criminales y carteles de la droga para propagar sus negocios ilícitos y controlar poco a poco distintas zonas de las urbes. Pero también deja en claro el deterioro progresivo de la convivencia social y pacífica en el Ecuador, que bien se puede traducir en la pérdida sistemática de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones que por mandato de la ley son las encargadas de combatir con eficiencia y eficacia la violencia y la inseguridad en el territorio nacional.

¿Qué hacer entonces? ¿Acaso la solución está en armar a los denominados "ciudadanos de bien" para que estos se protejan a sí mismos y a sus familias frente a la expansión de la violencia urbana en sus diversas manifestaciones? Si el Estado, como diría Max Weber, es la única fuente del "derecho" a la violencia, entonces el proyecto de ley propuesto por la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, busca privatizar ese derecho bajo el discurso populista de la “autodefensa”, al otorgar mecanismos para que supuestamente los ciudadanos puedan hacer efectivas su prerrogativa a la vida y a la seguridad personal.

Sin embargo, lo que la señora Alcaldesa no mencionó en la justificación de su proyecto de ley —por desconocimiento o conveniencia— es que ni la Declaración Universal de Derechos Humanos; ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —entre otros instrumentos del sistema de protección de derechos humanos— reconocen el porte o tenencia de armas como un derecho. Esto responde a una lógica sencilla: si el portar armas fuera un "derecho" tal como lo defienden Viteri, sus coidearios socialcristianos y algunos exmilitares expertos en el negocio de la seguridad, este no tendría el carácter de excepcional y restringido.

¿Se puede pensar que un derecho humano o consustancial a este como la defensa de la vida tenga implicaciones restrictivas en nuestra legislación? De ninguna manera, ya que los derechos humanos son de aplicación y carácter universal. ¿Es compatible entonces el discurso populista de la "autodefensa" con el de los derechos humanos y los principios de una sociedad que se precie de democrática? ¿Qué hay detrás de todo este “entusiasmo” por armar a los ciudadanos, aupar la cultura del miedo y la securitización? ¿En qué medida se pretende explotar el instinto de autoprotección de los hogares y los ciudadanos en beneficio de las empresas destinadas a la venta de armas y los negocios de seguridad privada? ¿Ampliar la circulación y venta de armas es la solución para frenar a la delincuencia organizada? ¿Por qué no abordar el tema desde su estructura, fuera de todo populismo penal y proselitismo político, por ejemplo, dotando de mejor armamento a la policía, pero sobre todo de un sistema judicial que no deje en indefensión a quienes luchan contra la delincuencia y el crimen organizado dentro de las cárceles y en las urbes? ¿Por qué no combatir la inseguridad ejecutando las mismas propuestas que cada dos o cuatro años esgrimen los partidos y movimientos políticos, incluido el de Cinthya Viteri y su “modelo exitoso”? Esto es educación, salud, vivienda, oportunidades para laborar con dignidad, sin persecución ni criminalización.

En 2011 el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y la actual prefecta del Guayas, Susana González, apoyaron abiertamente la acumulación de penas para personas a las que le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes. Según ellos, “esta medida haría que la delincuencia se reduzca”. El resultado de esta acción, entre otros elementos de la crisis carcelaria, es la sobrepoblación del sistema penitenciario del país. Una corresponsabilidad que hasta la fecha ambos líderes asumen con silencio.

La supuesta “cura” propuesta por Cinthya Viteri en su proyecto de ley, denominado Por la Vida y La Protección Ciudadana, puede resultar peor que la enfermedad. ¿La alcaldesa y quienes la apoyan están en condiciones de garantizar que el acceso de los ciudadanos a las armas no generará un incremento de la violencia y la inseguridad en el Ecuador?

¡A veces es bueno subir el “Olimpo de los intelectuales” para entender cómo funciona la sociedad y el sistema de derechos humanos, señora Viteri!