28 legisladores de la facción correista de Alianza País se desafiliaron del partido político que los llevó al poder, acompañados del ex presidente Rafael Correa que hizo lo propio.

Los renunciantes, legisladores activos, no esperaron a concluir con sus mandatos electivos para evitar violar la disciplina partidista, o siquiera pensaron en dimitir a sus funciones antes de volcar sus empeños particulares en su nueva empresa electoral.   

Pero si estos asambleístas fueron elegidos en una lista auspiciada por un partido político al que ahora repudian, entonces deberían declinar también de sus propias nominaciones partidarias como candidatos y sus investiduras como ganadores. Esconden que no ganaron nada por sí solos, que ganó el partido que ahora niegan a gritos y que codician atesorar sus actuales puestos de privilegio.

Si están tan molestos con su partido, por decencia, debería renunciar a sus cargos y posibilitar su reemplazo según la ley. Entonces solo así estarían libres para emprender en las actividades particulares que quieran.    

La desafiliación, acompañada de la amenaza de inscripción de un nuevo partido, ya es causal por sí misma para la pérdida de la calidad de asambleísta. Todos los legisladores tienen prohibido desempeñarse en lo que no fuera propio de sus funciones, así como dedicarse a actividades que impidan el ejercicio de sus cargos, según la ley de la legislatura (art. 163.1).

Dar vida a un partido que no ha ganado nada, con la intención manifiesta de arruinar la gobernabilidad democrática es una iniciativa particular incompatible con sus mandatos representativos y motivo de destitución.

Por eso es urgente redistribuir los cargos de la Función Legislativa según la nueva relación de fuerzas y empezar por reestructurar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para viabilizar la sanción de destitución de estos 28 aventureros como para reinstalar los juicios políticos pendientes a Jorge Glas y Augusto Espinosa en una nueva comisión de fiscalización que este presidida por alguien que sí quiera hacer su trabajo y que no quiera defender la corrupción.

Esto es extensivo a los legisladores aliados al correismo que han bloqueado la fiscalización con sus ausencias prolongadas a los debates de sus comisiones o que, frontalmente, han defendido del juicio político a los reos de la justicia por corrupción.

La mentada desafiliación masiva resultó ser todo lo contrario. No se puede calificar como “masiva” a la iniciativa de unos pocos como tampoco se puede llamar como “desafiliación” a la medida que viene precedida de una resolución judicial cuyas órdenes, en la práctica, expulsan a los militantes que quisieron apropiarse fraudulentamente de la organización política que hoy ya no les pertenece.

Estos conjurados del aliancismo deben ser separados de la organización y de sus cargos, de la misma forma que se amputa a la extremidad podrida para salvar el resto del cuerpo sano. Mutilar el miembro corrupto evitará que corrompa a otros órganos del mismo cuerpo.

¿Cirugía mayor a la corrupción, presidente Moreno? No, este momento exige una amputación.

@ghidalgoandrade