No es tolerancia, es desorden. El presidente Moreno ha sido enfático en asegurar que no intervendrá en las demás funciones del Estado. Y eso es saludable. Pero de ahí a permitir que la representante de Alianza PAIS (es decir, su delegada) al Consejo Nacional Electoral abandone la sesión inaugural hay una distancia inaceptable.

Porque esa decisión pone en tela de juicio no solo a ese organismo, sino al proceso de reinstitucionalización liderado por el Consejo de Participación transitorio. En cierto sentido, es una jugada para debilitarlo. Más aún cuando están pendientes algunas decisiones cruciales, como el nombramiento de la Corte Constitucional, el nombramiento de un nuevo fiscal o la reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. 

En principio, se supone que al gobierno le interesa reforzar las instituciones del Estado en función de una agenda democrática. Para ello convocó a una consulta popular y conformó el CPCCS. No obstante, los enredos son menú del día. Sobre todo, reflejan el desbarajuste de la administración pública, del que se habla cada vez con más frecuencia.

 Es obvio que el régimen está dividido en parcelas de poder. Eso explica que muchas decisiones estén fragmentadas o sean contradictorias. El chasco del flamante CNE lo evidencia, aunque solamente nos deja margen para la especulación. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué aspiraciones o promesas tenían los dos consejeros que abandonaron la sesión? ¿En qué consistieron los amarres para elegir a las nuevas dignidades?

Es un secreto a voces que el ala del partido socialista que fue expulsada por intermediación del correísmo está detrás de la candidatura de Diana Atamaint. Si esta fracción está en una abierta ofensiva para recuperar el control del partido, se entiende que haya hecho todas las gestiones posibles para promoverla a la presidencia del CNE. Lo que no se entiende es que Moreno permita que este grupo de aliados, algunos de cuyos militantes están ocupando altos cargos en el gobierno, no hayan apoyado a Esthela Acero, la carta de Alianza PAIS. ¿O fue Diana Atamaint la carta escondida del gobierno?

El acuerdo entre Pachakutik, CREO y socialcristianos para repartirse el CNE también provoca suspicacias. Abre las puertas a varias interpretaciones. La más obvia nos remite a un posible pacto de la derecha para controlar los procesos electorales, en particular el de 2021. Las fricciones entre Nebot y Lasso a propósito de la candidatura presidencial pueden quedar para después.
Pero también puede tratarse de una estrategia solapada para allanarle el camino electoral al alcalde de Guayaquil. Jaime Nebot tiene un juicio congelado en la Fiscalía General de la Nación, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Febres Cordero. Y eso, reactivado, puede ser un impedimento para su eventual candidatura a la Presidencia de la República… a menos que un CNE flexible aplique una de nuestras clásicas malinterpretaciones jurídicas.

¿Qué pito toca Pachakutik en este embrollo? Complicado saberlo. Lo único cierto, para pesar del país, es que el CNE sigue siendo un espacio de controversia política. Es difícil que, a la luz de los hechos, proyecte una imagen de ecuanimidad técnica indispensable para generar confianza en la ciudadanía.

En ese sentido, las declaraciones de los consejeros Acero y Verdesoto son una mezcla de opacidad y candidez. Ni aclaran lo sucedido ni reconocen la realidad pura y dura de la cultura política nacional. Es decir, no aceptan el juego politiquero que subyace a estos procesos. Abandonar la primera sesión no proyectó una imagen de ética, como a lo mejor supusieron, sino de irresponsabilidad. Solo contribuyeron a debilitar al CNE en el peor momento. No entendieron que en su conformación no se estaban jugando principios democráticos sino intereses concretos.

Carecer de un organismo electoral que se ubique por encima de las componendas y repartos partidistas es una de las mayores taras de nuestra democracia. Ni siquiera la fuerza ética del CPCCS logró superar esta anomalía. Y, al parecer, muchas fuerzas políticas, incluido el gobierno, prefieren mantenerla.
Tal vez los dos consejeros desengañados puedan abanderarse de este cambio institucional indispensable. Aunque, en lo atinente a sus demás menesteres, no les quede más que resignarse. No es fácil lidiar con la costumbre.