La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) parece una adaptación tropical de la comedia de Lope de Vega, “El perro del hortelano”, porque no come ni deja comer.

El Gobierno ecuatoriano ha sumado a las décadas de ineficiencia de dicha empresa pública (que ha cambiado de nombre tantas veces), toda una campaña de bullying institucional en contra de sus competidoras privadas y en perjuicio de la amplia mayoría de usuarios.

La historia de la telefonía estatal en Ecuador empieza en 1945, cuando el Gobierno nacional suscribe un acuerdo con L.M. Ericsson para instalar cajas automáticas (sin necesidad de operadoras conectando y desconectando cables) en las principales ciudades del país. Desde entonces, el Estado asumió el monopolio. Luego vinieron muchas metamorfosis: se crearon empresas públicas regionales, más adelante se fusionaron en una nacional, después se volvieron a escindir. Lo que hoy es CNT primero fue ENTEL, luego IETEL, de ahí EMETEL, y después Andinatel, Pacifictel y Alegro.

En 1995, hartos de la inoperancia del Estado como operador de telefonía, estuvimos a punto de hacer lo que hicieron muchos otros países del mundo: darle cabida a la iniciativa privada en un campo demasiado dinámico para la inercia burocrática. La Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones dispuso que EMETEL se convierta en compañía anónima, y que esta luego se divida en dos, Pacifictel S.A. y Andinatel S.A., con el objeto de que se venda una parte significativa de su capital.

Pero todo se quedó a medio camino por falta de voluntad política, y conveniencia. Quedamos con la peor combinación posible: Pacifictel y Andinatel permanecieron como sociedades de derecho privado, casi exentas de controles, pero en manos del Estado. Así se convirtieron en un millonario festín en el cual se saciaron diversas mafias de distintas tiendas partidistas, que repartieron un enorme pastel de negociados y cargos bien remunerados.

En 2003, a esa fiesta se unió TELECSA, mejor conocida como Alegro, la primera operadora pública de telefonía celular. Fue otro jugoso motín del cual se enriquecieron unos pocos piratas con influencia.

En esa situación, lo lógico habría sido completar el proceso inacabado y entregar esos lastres a manos privadas (que no hubieran permitido el saqueo, a menos que les guste perder plata). Pero se hizo lo contrario: revertir el proceso y fusionar las compañías existentes para crear la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT-EP.

Y desde este momento, no solo se honró la tradición de ineficiencia de lo público, sino que se sumó un nuevo elemento: una política pública expresamente orientada a intentar resurgir a la empresa estatal a costa de sus competidoras privadas y en perjuicio de la gran mayoría de consumidores de telefonía celular.

Y precisamente donde se dieron los mayores despropósitos fue en el campo de la telefonía celular. Para empezar, se privilegió anticipadamente a la CNT con la concesión gratuita de lo mejor del espectro radioeléctrico, mientras se lo mezquinó por años a las privadas que tenían con diferencia el mayor número de clientes. En plena revolución del Internet móvil y los smartphones, eso equivalió a asignar una autopista de ocho carriles para una ruta donde apenas circulan autos, mientras que para las rutas más congestionadas se asignan carreteras vecinales. Los únicos que salieron perdiendo fueron los usuarios.

Más aún, ha existido una especie de acuerdo institucional para ordeñar recursos de la operadora más grande. Quizá el hecho más representativo fue la multa impuesta en 2014 por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a la mayor operadora, CONECEL S.A. (Claro) por 138 millones de dólares. Se trató de una absoluta desproporción, carente de todo fundamento jurídico, que desdijo los cánones básicos del Derecho de la Competencia. Ello se sumó a la reciente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual básicamente dispone en su artículo 34 la elevación unilateral de las regalías a las empresas que tengan más clientes, por ese solo hecho, bajo el pretexto de luchar contra el “dominio de mercado”. Lo que se creó fue un impuesto al éxito.

Y es que si hay un operador dominante, ese es CNT. Además de sus exorbitantes privilegios como empresa pública, en telefonía fija domina el 90 por ciento del mercado (¿por qué de esto nadie se queja?). En la mayoría de países de Europa, las leyes que regulan la competencia se enfocan precisamente en amainar las ventajas que han tenido las telefónicas estatales para que no perjudiquen a las privadas.

En Ecuador se hace exactamente al revés.

Si de regulación se trata, aquí el Estado es juez, parte, testigo, perito, abogado y jurado. El Ministro de Telecomunicaciones, quien determina las políticas públicas, preside el directorio de CNT, la competidora pública, y también preside el directorio de Arcotel, la entidad que regula e impone sanciones a las privadas.

Las políticas estatales sobre telecomunicaciones en Ecuador han sido absurdas históricamente, pero este Gobierno las ha llevado a un nuevo nivel. Se ha puesto a los intereses estatales por sobre los proveedores privados e incluso sobre los ciudadanos. El objetivo principal de la política de telecomunicaciones de la Revolución Ciudadana no es beneficiar al ciudadano, sino asegurar la supremacía del Estado y sus empresas.