
Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.
Fueron las medidas dirigidas a mejorar la recaudación tributaria para facilitar los pagos de deuda y mantener su calificación crediticia las que gatillaron las protestas en Colombia, a finales del pasado abril. Aunque desde la perspectiva exclusivamente financiera parecían acciones necesarias, no fueron aceptadas por la sociedad. Los ciudadanos consideraron que la subida de impuestos era completamente inoportuna en momentos en los que la pandemia había profundizado el descontento social por la pobreza que estaba afligiendo a millones de colombianos. En 2020 Colombia sufrió una caída del PIB del 6,8 por ciento y el desempleo ascendió al 15,9 por ciento. Entre 2019 y 2020 la pobreza pasó del 35,7 por ciento al 42,5 por ciento. 3.6 millones de colombianos se volvieron pobres y desmejoraron sus condiciones de vida. Muchos bajaron de tres a dos comidas por día, con todas las consecuencias que ello significa. La población de Colombia es de 50 millones de habitantes.
La reforma tributaria, que buscaba recaudar 6 mil millones de dólares, fue rechazada porque la recolecta iba a provenir de las empobrecidas clases medias y pobres y no de los más adinerados.
Sin embargo, ¡qué paradoja! las reservas internacionales colombianas llegaron a inicios de este 2021 a la suma de 59 mil millones de dólares. Ecuador, para que lo comparemos, cerró mayo del presente año con un total de 5.923,37 millones de dólares en reservas internacionales, según el Banco Central.
Sus pesares nos indican que los objetivos centrados exclusivamente en la macroeconomía ayudan en ciertos aspectos, pero crean otras dificultades cuando se desentienden de aquello que es percibido con mayor claridad por los ciudadanos, por su cercanía con sus propias vidas cotidianas.
¿Qué pasa en Perú? Luego de dos décadas de crecimiento económico, la pandemia trajo consigo una caída del 11 por ciento en 2020 y el empobrecimiento de millones de peruanos que no llegaron a gozar de aquel beneficio. En plena bonanza financiera el 70 por ciento de su población estaba sumida en el subempleo o empleo informal. La pandemia desmejoró aún más sus condiciones y elevó en 30 por ciento el número de peruanos en situación de pobreza. De sus 32 millones de habitantes, 10 millones son pobres ¡Un tercio! Una estrechez que, desde hace años, significa no solo un acceso limitado al dinero sino a los servicios básicos fundamentales como los de salud, de educación y de protección social. Estos males se evidenciaron más con la pandemia y afectaron aún más la calidad de vida de los peruanos. Pero, igual que Colombia, las reservas internacionales peruanas llegaron en marzo de este 2021 a los 80 mil millones de dólares. Tanto dinero, sin embargo, no salvó la vida de más de 180 mil ciudadanos contagiados por la Covid 19.
Por lo señalado, suena como falso o como una fantasía el supuesto milagro económico de Perú. A pesar de ello, muchos ecuatorianos vieron a nuestro vecino como un ejemplo, por los altos niveles de inversión extranjera en su país, por su disciplina fiscal y por su excelente calificación crediticia solo superada por la de Chile. Pero, como en Colombia, muchos peruanos consideran equivocado que se haya priorizado el equilibrio fiscal, el pago de la deuda y las inversiones. Estos son elementos importantes, pero no suficientes cuando las brechas son inmensas entre quienes tienen acceso a todos los bienes y servicios, como si habitaran un país rico, y quienes apenas son espectadores de esos altos estándares de vida. Las elecciones han sido ocasión propicia para evidenciar la realidad socio económica de Perú y para entender la polarización existente entre sus ciudadanos. Una división que se alimenta de las enormes distancias socioeconómicas entre las ciudades y el campo; entre las regiones situadas hacia la costa y las ubicadas en los Andes y en la amazonía.
Nuestros vecinos no están pasando por buenos momentos. Esto es lamentable. Sus pesares nos indican que los objetivos centrados exclusivamente en la macroeconomía ayudan en ciertos aspectos, pero crean otras dificultades cuando se desentienden de aquello que es percibido con mayor claridad por los ciudadanos, por su cercanía con sus propias vidas cotidianas. Tal vez el problema sea que los elementos de orden fiscal, importantísimos desde luego, pierden sentido cuando se convierten en un fin en sí mismos y no en un medio para repartir bienestar a una población. El desafío es articular ambas dimensiones. Generar no solo crecimiento económico, sino un desarrollo sustentable y sostenible, que responda a los problemas reales que acompañan a los ecuatorianos desde hace décadas. Y que se fundamente en la planificación, algo ausente en Ecuador desde hace 14 años, aun cuando haya estado mencionada en los letreros de las oficinas con llamativos nombres para ocultar su vacuidad.
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