Uno de los grandes males de la política ecuatoriana es la personalización de las instituciones, luchas, cruzadas, que todos buscamos para un mejor país. La falta de poderes estatales sanos e instituciones fuertes prácticamente nos obliga a buscar esos seres humanos salvadores, salidos de la mitología griega o de la imaginación de los creativos de Marvel, que sean capaces de luchar contra los males que más nos preocupan. En el caso ecuatoriano serían los héroes que sepan acabar con el desempleo, la crisis económica, la corrupción, la inseguridad, la drogadicción.

Y esto no ocurre solamente para las dignidades de elección popular. Sino para los que dirigen las instituciones de control, como la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional. 

Creemos que ellos podrán con la podredumbre del tradicional sistema político ecuatoriano. Pero llegan a ser un fiasco. El más evidente del fracaso fue el expresidente Rafael Correa. La mano dura que quería el Ecuador para hacer frente a sus problemas, lamentablemente se convirtió en una mano de uñas largas y que la metieron, sin vergüenza, en la Justicia y todos los poderes del Estado. Y todavía vivimos las consecuencias.

Estamos en medio de la campaña electoral y en un proceso de transición política que avanza con traspiés. Y de nuevo algunos políticos, que se dicen que no lo son, apelan al electorado con ridiculeces, como conciertos de tecnocumbia, canciones de trap con lenguaje soez, fotos de gran formato tipo portada de disco, amenazantes chancletas, amenazas de muerte a jueces… Incluso, los que se creen ganadores, se justifican el no debatir públicamente porque o van todos o nada, porque así lo dicta el Código de la Democracia.

Entonces, en el panorama tenemos candidatos que ofrecen show, que invocan normas que ayudan al ocultamiento de sus propuestas. Es el modelo electoral correísta que les conviene, les gusta en el fondo.

Esta herencia del correísmo se sostiene en un Código de la Democracia que busca impedir los debates, conocer el real trabajo de las agrupaciones políticas, de mantener a los medios de comunicación amordazados. De hecho, los especialistas creen que se viene la doble tragedia en las elecciones seccionales. Malos políticos y ciudadanos desinteresados en el proceso.

Hasta que se ofrezcan soluciones claras, como un cambio en el Código de la Democracia o, al menos, que se diseñe un reglamento que obligue a debatir a los candidatos más valorados para un cargo popular, hay salidas para mejorar el ejercicio de la ciudadanía y alcanzar los resultados que tanto anhela la población.

Ayer, el presidente Lenín Moreno anunció la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción. La idea de Moreno es que expertos internacionales, independientes, den seguimiento y apoyo al trabajo de las instituciones de control estatal. 

Y quien está encargado del diseño es el canciller José Valencia. Él tiene la orden presidencial de acercarse a la Organización de las Nacionales Unidas, Transparencia Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y el cuerpo diplomático, para concretar la propuesta.

En este contexto, y a diferencia de lo enlodada que está la política ecuatoriana, la iniciativa puede convertirse en un potente elemento que brinde luz al camino para buscar un mejor país, prescindiendo de los políticos que tanto rechazo tienen en el Ecuador.

Un modelo que debe revisarse es el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El convenio que firmó ese país en el 2006 es corto, pero potente, y puede replicarse en Ecuador, con mejoras.

Ese convenio permite a la Cicig determinar grupos ilegales que han vulnerado los Derechos Humanos y que han contaminado las entidades de control para conseguir impunidad. Los investigadores internacionales, con inmunidad, pueden investigar y ser parte procesal. Poseen la capacidad de requerir información a cualquier entidad pública o privada. El Estado les asegura protección policial. Tienen autonomía financiera, bridada por la comunidad internacional, en especial Estados Unidos.

Esta Comisión, en sus 11 años de funcionamiento, ha conseguido unas 300 sentencias condenatorias a las mafias guatemaltecas y ha desarticulado 60 estructuras corruptas.

Sus detractores tienen la muletilla de que se ha politizado, pero esas críticas coinciden con que una de sus investigaciones tiene en jaque el propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya que dos de sus familiares están en la mira por actos corruptos. En el 2018, el Mandatario centroamericano quiso sacar a la Cicig de un plumazo pero, hace pocas semanas, la Corte Constitucional bloqueó esa iniciativa. La Cicig sigue viva.

Es correcto, hay un debate sobre el poder de la Cicig. Pero incluso sus contrarios reconocen que, sin la Comisión, el crimen y la corrupción no habría disminuido en Guatemala. Es un modelo a considerar.

El presidente Moreno hace este anuncio en medio de una campaña electoral deleznable y de reportajes de investigación que involucran a familiares y amigos cercanos, como el lanzado hoy por el portal La Fuente. Lo mejor que puede ocurrirle al Ecuador es que él permita a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, el diseño de esa Comisión Internacional contra la Corrupción. No puede desaprovechar esta nueva oportunidad que él mismo se fabrica. Moreno puede ser el real Mandatario de la transición, y recordado como el político que brindó luz hacia al futuro. La Justicia fortalece la democracia, la justicia brinda orden. La iniciativa, fuerte y bien implementada, puede sanear las instituciones con ayuda de la comunidad internacional. Algo contrario… será su cruz.