No hay conversación social, familiar, académica y política que no acabe hablando sobre la corrupción. Algunas veces son los propios beneficiarios de la corrupción que cuentan, otras veces son testigos que escucharon o vieron, otras veces suena a chisme descalificador. Lo cierto es que las conversaciones no pasan de la anécdota. En este contexto, el hecho de que un grupo de personas haya asumido el deber cívico de investigar y denunciar, resulta esperanzador. Las cosas están cambiando.

Estas personas --muchas de esas a quienes admiro profundamente por su honestidad y compromiso, como a mi maestro Dr. Julio César Trujillo-- se han expuesto ante el poder y están sufriendo sus presiones. ¿Qué han denunciado? Tres casos: Hidroeléctrica Mandariacu, Agencia Nacional de Tránsito y Refinería del Pacífico. Utilizando como fuente los informes de Contraloría, nos informan que en el primer caso hay un posible perjuicio de más de cien millones de dólares, y que estamos pagando el costo por kilovatio tres veces más caro ($4000) que el promedio en la región ($1396); en el caso de la Agencia de Tránsito, se ha pagado por el costo de placas tres veces más ($7) que el costo normal ($3); en la Refinería del Pacífico una persona compra un terreno avaluado en $121.125 y lo vende al Estado, con un nuevo avalúo algunos meses después, por $13 millones de dólares.

En todas estas gestiones hay irregularidades en la compra, en la contratación, que se hace mediante declaratorias de emergencia y a “dedo” y en las ejecuciones de las obras. Estamos hablando de tres casos puntuales, de un mecanismo de corrupción y de millones de dólares. ¿Quién se está beneficiando de estas actividades contrarias al derecho y a la moral? ¿Se ha investigado y sancionado a los responsables? ¿Qué ha hecho el gobierno y el estado? Frente a estas denuncias, el estado debería hacer tres cosas: agradecer a los ciudadanos que se involucran en la gestión de lo público, investigar y sancionar a los responsables. En nuestro país sucede exactamente lo contrario. En lugar de agradecer, las autoridades públicas denostan a estos ciudadanos y los enjuician civil y penalmente. 

Actualmente sus miembros tienen juicios de hasta 4 millones de dólares y pedidos de prisión. Por otro lado, la Contraloría General del Estado, mediante comunicado publicado el 3 de marzo de 2016, y la Presidencia de la República del Ecuador, mediante oficio de 25 de febrero de 2016, se han pronunciado afirmando que la ciudadanía debe apoyar de forma “subsidiaria” a la Contraloría, que para denunciar hay que constituir una Veeduría Ciudadana acreditada por el Estado, que las denuncias se hacen “con afán de protagonismo político”, que se arrogan “una supuesta representación ciudadana”, que “pretenden sentenciar a ciudadanos ecuatorianos” y se les amenaza con judicializar “todo tipo de ataque político”. En lugar de considerar que este aporte ciudadano ayuda a combatir la corrupción, el gobierno y el estado les considera que son una piedra en el zapato. Entonces, ¿será que realmente hay corrupción y que no quieren esclarecer los hechos denunciados?

En los casos denunciados no hay indicios que nos hagan pensar que hay investigación por parte del Estado. En el caso Mandariacu, la denuncia presentada por la Comisión no solo que no fue tomada en serio por el Fiscal General sino que este pidió que se archive. El Conjuez Roberto Guzmán, el 4 de marzo de 2016, negó el pedido del Fiscal y ordenó investigar los hechos denunciados. Esto había que hacer. Pero el entusiasmo duró poco. El 10 marzo de 2016 el Juez Luis Enríquez avoca conocimiento (no era necesario), deja sin efecto la resolución de Guzmán y archiva la demanda. O sea, impunidad.

Hasta el día de hoy no hay ningún sancionado por estos actos de corrupción. Es decir, el gobierno y el estado no han hecho nada para cumplir con sus deberes cuando se denuncia un acto de corrupción.

Frente a las cartas enviadas a los miembros de la Comisión Anticorrupción, al acoso judicial y la persecución a sus miembros, un grupo de juristas, la mayoría profesores de universidad, nos hemos pronunciado y hemos afirmado que los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en forma individual y colectiva, tienen derecho a expresarse, a participar en asuntos de interés público, a fiscalizar los actos del poder público, a participar de forma protagónica en el control popular de las instituciones del Estado (Arts. 61 (1) y (3) y 95 de la Constitución). Que el ejercicio de derechos al estar reconocidos en la Constitución no puede ser condicionado al accionar de la Contraloría o a la conformación formal de una veeduría.  Que la CNA está cumpliendo un mandato jurídico y un deber ciudadano; según el artículo 83 (8), todo ecuatoriano y ecuatoriana tiene el deber de “denunciar y combatir los actos de corrupción”, por tanto,  mal hace la Contraloría y la Presidencia de la República al quitar autoridad ciudadana y hasta de amenazar a los miembros de la CNA. Que el Estado cuando desconoce la legitimidad del ejercicio de derechos y cuando amenaza con judicializar por este ejercicio, incurre en responsabilidad nacional e internacional por violación de derechos.

El Estado tiene como deber primordial garantizar que todas las personas en el Ecuador vivamos “en una sociedad democrática y libre de corrupción”, según los determina el artículo 3 (8) de la Constitución.

Por todas estas razones, a nombre de esos juristas, apoyamos y respaldamos a los miembros de la CNA, consideramos que están ejerciendo derechos y cumpliendo deberes cívicos que benefician a la ciudadanía y al mismo Estado, pedimos que no cesen de publicar los informes y denuncias que consideren pertinente y exigimos que el Estado garantice sus derechos y se inhiba de amenazarlos y de condicionar su ejercicio de derechos.

La voz de los miembros de la CNA, que dicen lo que muchos no podemos o no nos atrevemos, debe ser alentada y escuchada.