El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador anunció la suscripción de un acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos por 3.100 millones de dólares. Recursos destinados a «modernizar y mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas». Tres dudas surgen al respecto. 

¿Cuál es la política de seguridad y defensa que sustenta tal acuerdo? ¿Por qué se concreta este acuerdo ahora, con un gobierno que tiene los días contados? Y ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para el próximo gobierno? 

Un acuerdo de esta magnitud siempre se enmarca en una Política de Seguridad y Defensa, también conocida como «Estrategia de Seguridad Nacional». Ecuador no cuenta con una. Lo único que se conoce es que la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado elaboró un documento titulado «Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz». El pasado 3 de octubre, el  Presidente Lasso mostró la carátula del documento en una entrevista televisiva, pero no hizo público su contenido. Solo trascendió que el costo de tal «estrategia» asciende a 5.100 millones de dólares.

Hacia afuera, es una forma de comunicar a la comunidad internacional el posicionamiento del Estado en su entorno estratégico. Por eso es tan importante que se haga pública. 

Alemania, por ejemplo, acaba de publicar su National Security Strategic el mes pasado. Japón hizo lo propio en diciembre de 2022 y EE.UU. generalmente lo hace al inicio de cada mandato presidencial; excepto en la administración de Joe Biden, que lo hizo casi a mitad de período: en octubre de 2022. 

El secretismo con que el gobierno ecuatoriano maneja este asunto solo puede significar dos cosas: Que no existe tal Política de Seguridad y Defensa y, por lo tanto, que Ecuador está anclado a una política ajena a sus intereses; o que su contenido –de hacerse público– sería repudiable en una sociedad democrática.

Desde el gobierno de los EEUU hay una ruta trazada para el Ecuador. En octubre de 2022 alerté sobre el «Plan Ecuador» y la «intervención por invitación» que se había puesto en marcha. Hoy se constatan avances en esa línea. El Congreso de los EE.UU. aprobó en diciembre del año pasado la «Ley de Asociación Estratégica Ecuador – EE.UU.», que en lo fundamental dispone diseñar e implementar una estrategia de intervención en todas las esferas del Estado ecuatoriano; sin consultar ni tomar en cuenta al gobierno del Ecuador.

Este sería el paraguas político con el que se viabilizó el acuerdo por 3100 millones para las FF.AA. Pero ¿por qué hacerlo ahora, en medio de un proceso electoral anticipado? Sencillamente, porque así EE.UU. marca la cancha político-electoral del Ecuador de forma peligrosa para la frágil democracia sudamericana. 

Aunque el desembolso de los 3.100 millones no será inmediato, su anuncio ya genera expectativas en el alto mando de  las Fuerzas Armadas y condiciona su posicionamiento político con el Ejecutivo, actual y futuro. Así EE.UU. tendrá un instrumento de coerción económica contra el próximo gobierno para disciplinarlo y lograr su alineamiento a los intereses de Washington; aprovechando la crítica situación de seguridad que atraviesa el Ecuador.  

En estas circunstancias, hay que preguntarse: ¿Las Fuerzas Armadas tolerarán que un nuevo gobierno desista del acuerdo o lo reformule significativamente? ¿Qué margen de maniobra tendrá el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa con estas restricciones impuestas desde una potencia extranjera? ¿Con este «acuerdo» se está blindando la militarización de la seguridad pública? Más preocupante aún: ¿Las fuerzas de seguridad del Ecuador siguen siendo subordinadas al poder civil y no deliberantes; o, por el contrario, se han convertido en el canal de transmisión de intereses foráneos?

Si l@s candidat@s a la Presidencia guardan silencio frente a esta conducta chantajista de los EE.UU. corren el riesgo de asumir un gobierno atado de pies y manos.