La euforia con la que el gobierno celebró la goleada de 9 a 2 en la consulta popular del pasado 21 de abril tiene más de cascarón que de condumio, más de propaganda que de realidad. Así se muestra a la luz de las iniciativas oficiales posteriores a la proclamación de los resultados. Es obvio que las dos preguntas en las que el NO se impuso eran el desafío más importante del régimen.

Por eso, justamente, el presidente Noboa está empeñado en escamotear la decisión ciudadana con una triquiñuela jurídica. La intención de reglamentar el trabajo por horas mediante un simple acuerdo ministerial es la prueba más fehaciente de que la goleada tuvo un sabor más bien amargo. Seguramente ya estarán diseñando otra movida para viabilizar el arbitraje internacional, el otro tema que fue rechazado en las urnas. Con eso, el gobierno calcula revertir su derrota política.

Algo queda claro en medio de ese juego de artimañas: en las proyecciones del gobierno, la seguridad ciudadana era únicamente un medio, no un fin, como sí lo es el modelo económico. Lo que los sectores empresariales exigen, tanto dentro como fuera del país, son condiciones para garantizar sus negocios. Que el común de la gente viva una cotidianidad infernal les tiene sin cuidado. Todo se reduce a conseguir seguridad para invertir, ganar y acumular.

La decisión de irrespetar los resultados electorales en ambas preguntas evidencia una concepción del poder, más que arbitraria, caprichosa. Como la del niño que, ante la inminencia de una derrota en el partido de fútbol, argumenta que su verdadero sueño es ganar el concurso del libro leído.

El costo para la democracia sigue siendo devastador. La demolición institucional se ha convertido en un recurso perverso pero imprescindible del poder. Una institución tan relevante como la consulta popular termina siendo atropellada por las urgencias coyunturales. Más precisamente, por intereses inmediatos y mezquinos. No mirar más allá de las narices resulta ser un mérito.

El gobierno no está consciente de que violentar una decisión del soberano implica una apuesta de alto riesgo. La indignación social puede desbordarse y convulsionar el escenario político. Inclusive desde los propios intereses del presidente Noboa, esta opción no tiene coherencia con su agenda por la reelección.

¿Son tantas las presiones económicas como para apurar la aprobación de ciertas leyes en contra de toda racionalidad política? ¿Tiene el presidente Noboa una estrategia oculta para los próximos meses, o tan solo está dando palos de ciego? Porque tergiversar la decisión del electorado puede ser el camino más corto para la debacle política.