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7 de Noviembre del 2023
Ideas
Lectura: 4 minutos
7 de Noviembre del 2023
Alfredo Espinosa Rodríguez

Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.

¿Conciliación, gobernabilidad o impunidad?
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Aunque defenestrar a la Fiscal no sea materia de negociación para el nuevo régimen, muy probablemente el gobierno de Noboa tenga que entregar incentivos selectivos a sus potenciales aliados en la Asamblea Nacional, como son RC y el PSC.

 

Varios hicieron votos para que el ex Presidente, Rafael Correa, controle su incontinencia verbal en redes sociales y no tire por la borda los diálogos previos entre su organización política, la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Sin embargo —y como era de esperarse— esto no ocurrió. Los dimes y diretes entre Correa y el asambleísta socialcristiano, Henry Kronfle, develaron como el diseño institucional del país repele a toda costa la gobernabilidad y estimula exclusivamente el reparto y el chantaje como mecanismos de convivencia y presión entre las élites políticas para el control temporal de espacios de poder. Pero también dejaron claro que el ejercicio de fiscalización de esta remozada Asamblea Nacional, que entrará en funciones en los próximos días, estará supeditado —como en ocasiones anteriores— al cumplimiento de las agendas e intereses particulares de los dueños de los partidos, así como a la fluctuación y adquisición de voluntades. Solo así se explica que Correa pidiera la cabeza de la Fiscal General, Diana Salazar, para sobre esa base negociar un pacto de gobernabilidad en el que, supuestamente, también estuvo involucrada la bancada del gobierno entrante.

Aunque defenestrar a la Fiscal no sea materia de negociación para el nuevo régimen, muy probablemente el gobierno de Noboa tenga que entregar incentivos selectivos a sus potenciales aliados en la Asamblea Nacional, como son RC y el PSC.

Dicho de otra manera, el viejo maridaje político-legislativo entre el correísmo y el socialcristianismo (socialcorreísmo) barajó la posibilidad de canjear impunidad por gobernabilidad al amparo del juicio y censura a Diana Salazar. Pero, ¿correístas y socialcristianos buscaban solo esto? Es decir, ¿cuáles eran los términos reales y el alcance del pacto entre RC, PSC y ADN más allá de defenestrar a la Fiscal General y exhibirla como trofeo de guerra de condenados y proscritos de la justicia?, ¿querían un incentivo temporal como condición para armonizar la distribución de espacios de poder (reparto) en la Asamblea Nacional, lugar en el que se disputa no solo el control de la presidencia y las dos vicepresidencias de ese organismo, sino también la titularidad en la Comisión de Fiscalización, espacio apetecido para el archivo, investigación, encubrimiento y persecución política? Si todo esto se llegara a operativizar —pese a la tardía, pero tajante declaración del Presidente de la República electo, Daniel Noboa— el precio a pagar por la conciliación sería altamente costoso.

Ahora bien, ¿debe el nuevo mandatario cerrar la puerta de diálogo al correísmo y al socialcristianismo? La formación de coaliciones en regímenes presidenciales es necesaria, sobre todo cuando los gobiernos —como en el caso del recientemente electo o su antecesor— carecen de una mayoría parlamentaria propia. Por consiguiente, aunque defenestrar a la Fiscal no sea materia de negociación para el nuevo régimen, muy probablemente el gobierno de Noboa tenga que entregar incentivos selectivos a sus potenciales aliados en la Asamblea Nacional. Por ejemplo: puestos en la administración del Estado central, en la diplomacia o incluso incorporar en su tentativa de consulta popular temas y preguntas formuladas por otros partidos y bancadas.

¿Entrarán correístas y socialcristianos en ese grupo de posibles privilegiados de las concesiones legislativas otorgadas por el presidente Daniel Noboa, o este virará la página y regresará a ver al anti-correísmo variopinto? Eso dependerá del tipo de acuerdos y su alcance en los próximos 18 meses. Pero como dijo el ex presidente de la República, Rodrigo Borja: “en politica nada es cierto y nada es mentira, porque lo que hoy es mañana no lo es”.

 

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