Año 301 d.C. Roma, el emperador Diocleciano ante el resurgimiento de la inflación promulga el Edicto de los Precios Máximos.  Se instaura la pena de muerte para cualquier persona que no respete los precios máximos fijados. También se congelan los salarios y se incluyen medidas para quienes acumularan productos. El edicto también versa: «La pena de muerte también será aplicada para aquel que teniendo bienes suficientes para su alimento y uso personal, retuviese el resto sin llevarlo al mercado». Los precios continuaron subiendo, aumentó el desempleo y escasez. Lo cual derivó en mayor pobreza y más inestabilidad para el imperio.

Mil setecientos años después los gobiernos siguen cometiendo los mismos errores. En una economía libre los precios se forman sin necesidad de una autoridad económica que los dictamine vía decreto. Los precios se forman a través de los juicios de valor, preferencias, de los individuos que demandan y producen bienes y servicios dentro del proceso de mercado. La intervención gubernamental bloquea los automatismos propios del sistema.

El mercado es un proceso de cooperación social que requiere de unas reglas básicas para funcionar: el imperio de la ley y un Estado limitado a sus funciones genuinas evitando perturbar la libertad de elegir de las personas. Los regímenes socialistas intentan controlar los precios y producen los mismos efectos a lo largo de historia: escasez y desempleo, más pobreza.

En ese sentido, el caso más dramático en nuestra región es el de Venezuela. La economía de mercado fue reemplazada por un sistema de planificación centralizada. Los efectos, la pobreza y el hambre alcanza niveles extremos. La caída del Imperio Romano se produjo en el año 476 d.C. En el 2018 los aliados de Venezuela poco a poco se alejan de Nicolás Maduro.