El 3 de marzo del 2012, en el gobierno de Rafael Correa, 20 uniformados de la Unidad de lucha contra el crimen organizado, ULCO, inician un operativo que durará varias horas en Luluncoto, barrio popular del sur de Quito. ¿Es en contra de una banda de narcotraficantes?, no ¿Se quiere capturar a delincuentes organizados armados hasta los dientes?, tampoco. El operativo a lo SWAT es para capturar a 10 militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, vinculado al Movimiento Popular Democrático, tenaz opositor de izquierdas al régimen de Correa.

Desde la agilidad del sistema de Justicia —que complace al presidente de turno—  son puestos bajo prisión preventiva bajo la acusación de terrorismo. La evidencia real: cuadernos, libros y carteles del Che Guevara. Nunca aparecen las bombas, ni el material explosivo referido como causales de la detención. Para noviembre, un perito establece que en las computadoras de la fiscal Fernández y del juez Hernández no hay los documentos con las órdenes de detención. La presión del presidente Correa aumenta, son enjuiciados en febrero del 2013 y, complaciéndolo, son declarados culpables y condenados a un año de prisión. Con la sentencia cumplida, finalmente todos son liberados en marzo de ese año. Su pesadilla no termina, son despedidos de sus trabajos en instituciones públicas, no pueden acceder a empleo por los antecedentes, ni a continuar sus estudios. Finalmente, la Defensoría del Pueblo, recién en el año 2018, les ofrece disculpas en nombre del Estado y se mira su reparación.

Hace pocos días, los noticieros cuentan de la detención de ocho personas, en sendos operativos en nueve casas humildes de Quito, Cotopaxi y El Oro. Nuevamente los detenidos son miembros de un colectivo de izquierdas. El Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, que desarrolla trabajo social y educativo con población de pobreza extrema y que ya denunciaron, en el 2021, ser hostigados por el régimen de Lasso. Servicial al gobierno de turno, como siempre, el sistema de Justicia los pone bajo prisión preventiva, acusados de terrorismo. Como evidencias hay una cartuchera vieja y anuncio hecho en un cartel rojo y negro pintado a mano.

El mismo guión del 2012 se repite una década después en el gobierno de Guillermo Lasso y si la sociedad civil, las organizaciones de Derechos Humanos y la solidaridad internacional no actuamos, estos ocho jóvenes pueden correr la misma suerte que los 10 de Luluncoto, pero en un contexto mucho más nefasto: entrar a la cárcel puede significar ser asesinado en una nueva masacre de las tantas ocurridas en los últimos años. 

Mientras Ernesto Flores, Gabriela Gallardo, Omar Campoverde, Carlos Caraguachi, Slverio Colcha, Nelly Yacelga, Juan Bustamante y Alexis Moscoso —miembros de organizaciones de derechos humanos, educadores populares, estudiantes, campesinos— son detenidos, el desempleo sigue creciendo de manera acelerada y con él se engrosan las estadísticas de los definidos como miserables.

La delincuencia organizada sigue haciendo lo que quiere en las cárceles y calles, al punto que hasta roban a la misma policía.  “El gobierno del encuentro” no encuentra por donde le “entra el agua al coco” en la gobernabilidad y busca qué hacer para no seguir a la baja en las encuestas de aceptación…

Ante este descalabro,  algún comedido fue quien aconsejó aventurar el distractor de la supuesta célula guerrillera. Visibilizar un enemigo interno desestabilzador es el “truco infalible” usado por diversos gobiernos de todos los tiempos y tendencias. Con ese pretexto, justifican más represión a todos los opositores, sean tiros y troyanos. El casual aparecimiento de un comando que forma guerrilleros también resulta oportuno, a pocos días de las elecciones presidenciales colombianas en las que precisamente un ex guerrillero llegará al Palacio de Nariño. Un espaldarazo atento y desesperado a Duque y a su delfín Fico, que aparentemente no podrá llegar a la final.

Este burdo montaje será contraproducente. Los serviciales se adelantaron. Con la vuelta a la cárcel de Glas, como parte del pacto con UNES, quizás Don Guillo sube unos cuantos puntos de aceptación.

El poder miente y como siempre hacen el coro los medios de comunicación. En esa trituradora de hacer mentiras caen hecho picadillo los inocentes. Un año de vida perdido para diez jóvenes que preparaban la marcha del ocho de marzo en Luluncoto, además de su reputación destrozada. Asesinado en una masacre carcelaria, terminó sus días un humilde campesino, que cometió el delito de defender el agua y protestar en contra de las multinacionales mineras.

Los ahora detenidos son padres, madres, hijos, esposos. Gabriela Gallardo es madre de un menor, está detenida igual que su esposo, Omar Campoverde. Su hijo de 11 años quedará sin padres si se concreta la prisión preventiva. Ella no es "terrorista", es politóloga, activista social y defensora de derechos humanos.

¿La historia se repite?

El 29 de septiembre de 1986, en un supuesto enfrentamiento con la policía, perdieron la vida tres militantes de Alfaro Vive: dos jóvenes de 22 años, que eran pareja, y un muchacho de 17. En el año 2010, la Comisión de la Verdad demostró que fue una ejecución extrajudicial. Otra gigantesca mentira del Estado y de sus aparatos de represión, otra más de las centenas que pueden leerse en las cerca de tres mil páginas de los cinco tomos de la Comisión de la Verdad.

La joven pareja asesinada en 1986 dejaba huérfano un niño de dos meses. Este tiene ahora 36, es psicólogo de una organización de defensa de Derechos Humanos, uno de los dirigentes del Movimiento Guevarista y quien encabeza la lista de los nueve detenidos arbitrariamente. Su nombre, Ernesto Flores Sierra.