La crisis política en Venezuela se internacionalizó definitivamente este 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, José Guaidó, asumió la jefatura de Estado bajo la figura de «presidente interino». El inmediato reconocimiento por parte de EE.UU. y la mayoría de los países de Occidente configura un escenario inédito que causa desconcierto y confusión. Es difícil predecir el desenlace, pero hay algunas pistas que sirven para entender cómo se llegó a este punto. Aquí se proponen cinco coordenadas para orientarse en medio de tanta (des)información y propaganda:

El chavismo degeneró en un régimen autoritario. Determinar el tránsito exacto hacia el autoritarismo en Venezuela aún es motivo de debate. Pero un punto de inflexión irrefutable se produjo el 20 de mayo de 2018. Aquel día se llevó a cabo la elección presidencial organizada por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta legislatura paralela fue creada por Nicolás Maduro, en mayo de 2017, ante la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Obviamente todo este proceso ya estuvo al margen de la Constitución bolivariana de 1999. Por esta razón, tanto los resultados de las elecciones del 20 de mayo –en las que resultó “triunfador” Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años (2019-2025) a pesar del ausentismo que alcanzó el 53%– como todo lo actuado por la constituyente fue desconocido por la mayoría de los países de Occidente.

El objetivo de la estrategia del «gobierno paralelo» es cambiar de inquilino en el Palacio de Miraflores. La estrategia del «gobierno paralelo» que promueve la Casa Blanca intenta forzar la salida del gobierno chavista. Se observan, al menos, dos tácticas combinadas. Por un lado, el reconocimiento internacional de José Guaidó como Jefe de Estado es un mecanismo que busca elevar los costos de la permanencia del gobierno dirigido por Maduro y forjarlo a negociar una salida. ¿Cómo lo hace? Cortando sus nexos diplomáticos y, en especial, los flujos económicos que lubrican al régimen chavista. Por otro, se intenta un quiebre en la coalición gobernante donde los militares juegan un rol central. ¿Cómo lo hace? Mediante la promoción de una «Ley de Amnistía» aprobada por la Asamblea Nacional que ofrece perdón y olvido para los militares que decidan plegarse al gobierno paralelo de Guaidó.

Venezuela es un codiciado botín para China, Rusia y EE. UU. Venezuela es codiciada por su riqueza natural e importancia geoestratégica. Mediante la «diplomacia de la deuda» Venezuela ya se encuentra bajo la órbita de influencia China. Su aparato de seguridad ha sido permeado por efectivos del régimen cubano y los compromisos económicos con Rusia han crecido en los últimos años. Por lo tanto, el margen de autonomía del régimen chavista ya es restringido por intereses foráneos que han avasallado al gobierno. La potencial intromisión de EE. UU. no inaugurará el tutelaje político, solo lo reemplazará.

Por otra parte, según la OPEP, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El aprovechamiento de este recurso le permitió al régimen chavista tejer una red de aliados políticos mediante «Petrocaribe», un plan energético y de cooperación que inyectó más de 28.000 millones de dólares en 14 países, según una investigación periodística. A pesar de su retórica «antiimperialista», su principal socio comercial sigue siendo EE.UU. y su principal acreedor, China.

Según datos del Consejo Mundial del Oro, con sede en Londres, Venezuela posee las mayores reservas de oro físico de América Latina (más de 360 toneladas). Ya en 2011 Hugo Chávez ordenó la repatriación del oro y la prospección en el Arco Minero del Orinoco, donde se estima que existen las mayores reservas de este metal precioso. Además, para evadir las sanciones económicas impuestas por EE.UU. el gobierno chavista de Nicolás Maduro dejó de certificar su oro en Suiza y ahora lo hace en Turquía.

Un desenlace pacífico y democrático es deseable pero improbable. Tres razones indican que un desenlace pacífico y democrático es improbable en Venezuela. La primera es de carácter estructural: Venezuela es un «petro-estado» (Karl 1997) cuya economía rentista determina que sus instituciones políticas sean débiles y sus élites parasitarias. Aunque se produzca un cambio de gobierno en el corto plazo, esta característica estructural del estado no se modificará de inmediato. Peor aún en las condiciones actuales de una Venezuela agobiada por múltiples crisis y con una contracción de la economía que supera el 50 % del PIB. Un potencial gobierno de José Guaidó no estará integrado por marcianos, sino por venezolanos.

La segunda razón es de carácter institucional. El «régimen chavista» que hoy encabeza Maduro es una heterogénea coalición de fuerzas políticas que se han condensado en el aparato estatal. Aunque José Guaidó ejerciera plenos poderes desde mañana y descabece a la cúpula política del chavismo, no podrá prescindir del inmenso aparato burocrático sin que el estado en su conjunto convulsione y se desate el caos. Por eso, es previsible que en vez de eliminar los aparatos de seguridad y los mecanismos de control social los utilice a su favor. Como ha ocurrido en otros regímenes de transición, el funcionariado de mandos medios y bajos tiende a mimetizarse con la nueva dirección.

No obstante, el mayor peligro es que el régimen chavista se atornille en el poder, valiéndose del músculo militar y paramilitar que posee. Una intervención militar extranjera sería su mejor coartada para justificar un estado de guerra total. De ahí que ni EE. UU. ni la vecina República de Colombia tentarán ese escenario por ser contraproducente a sus propios intereses.

La indiferencia regional allanó el camino para la intervención directa de EE. UU. Los problemas internos de Venezuela se han intensificado desde 2014. Los gobiernos de Sudamérica y/o América Latina pudieron asumir una actitud proactiva y evitar la escalada de la crisis política. Pero por incapacidad o complicidad no lo hicieron. Ni Unasur, ni Celac, ni Mercosur sirvieron como foros para encausar el diálogo político. Ni siquiera cuando la crisis humanitaria se desbordó en olas migratorias por toda la región, los gobiernos supieron actuar de forma coordinada.

Esta indiferencia regional allanó el camino para la intervención directa de EE.UU. Su participación no es improvisada. Ya en la «Estrategia de Seguridad Nacional» publicada en diciembre de 2017, el gobierno norteamericano catalogó al gobierno de Venezuela como como una amenaza a la seguridad hemisférica, sus acciones posteriores son consecuencia de aquello.

La internacionalización de la crisis política en Venezuela destapó una caja de pandora.