La película de terror empezó para el clan correísta. Desde el propio Rafael Correa, pasando por sus acólitos más fieles, abogados verdes que lucraron con dinero que no se sabe si es del todo lícito, y el coro de beneficiados por la ola de dinero del petrólero que llegó al país… todos lagrimean por lo que está a punto de suceder.

Correa en su cuenta de Twitter ha trinado, muy asustado, advirtiendo de su vinculación al caso del secuestro de Fernando Balda. El expresidente asegura que esto sucede en medio de acciones ilegales, que irían desde el nombramiento del Fiscal General (encargado), Paúl Pérez Reina, hasta el manejo del propio caso. La Justicia ya dispuso que la Asamblea se pronuncie en 72 horas para su vinculación. Correa ya siente el agua en el cuello...

Nadie pensó que el expresidente Correa estaría a punto de caer penalmente por un caso relacionado con el abuso a los Derechos Humanos, una impronta de su período que todavía no es subsanada. Pero, lamentablemente para su familia, puede ser la primera vez de muchas… porque hay casos en los que estaría relacionado, como el de Odebretch, y otros más, donde las investigaciones avanzan lentamente o no inician.

¿Cuáles? Caso Duzac, OAS-Hidroeléctrica Baba, el caso de Glas Viajó, su presunta complicidad ideológica y financiera con los narcoterroristas de las FARC, su papel en el espionaje político desde la Senain, los pagos reservados a los activistas internacionales como Eva Golinger y los dirigentes de Podemos (España). La difundida intervención de Correa en el caso de la narcoavioneta en Guatemala, el caso de crimen de Estado a Edison Cosíos, la formación de unidades de inteligencia clandestinas, los supuestos sobreprecios en las carreteras donde se invirtieron casi USD 8500 millones. La lista de Correa es larga.

Por eso, el actual fiscal general (e), Paúl Pérez Reina, es clave en esta nueva etapa judicial de Correa. Todos los casos, incluyendo el secuestro de Balda, no fueron impulsados por sus antecesores. Más bien los metieron al congelador y el correísmo podía vivir tranquilo. Esas autoridades, amigos cercados a Correa y al clan, deberían ser investigadas, Galo Chiriboga y Carlos Baca.

Hasta tanto el Fiscal General debe, en el caso de Balda, dar protección a los agentes de Inteligencia involucrados y que han destapado la cloaca que era el sistema de espionaje. Ellos, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, requieren de seguridad para ellos y sus familias mientras entregan la información relacionada con el caso y con Correa, y que tiene que ser comprobada por las autoridades.

No puede ser que la Fiscalía y la Justicia continúen al servicio del correísmo. No pueden dejar solos a los agentes que han recapacitado y se han dado cuenta de la gran traición del correísmo al obligarlos a realizar el trabajo sucio. La justicia debe ejecutar de forma prolija la cooperación eficaz que avanza y también, si es necesario un posible arresto domiciliario, con extrema vigilancia penitenciaria y policial. Y así evitar presiones del correísmo.

Es más, este caso puede abrir las puertas a otros más que ejecutó la Senain, por ordenes de los líderes de la revolución ciudadana. Incluso detalles de las posibles reuniones de las cabezas del sistema de Inteligencia con José Serrano y Leydi Zúñiga, el caso Capaco, el caso Yasunidos, Caso Salitre contra CREO, la oficina de ‘barridos’ en el edificio Benalcázar 1000, el papel cumplido por Santiago Díaz (exasesor de Correa), cómo manejaban el dinero la UGSI y la DGI…

El Fiscal General, aunque es encargado, debe ser justo con el país. Y no permitir más abusos de parte del correísmo. Ahora la ciudadanía lo ve con lupa.