En la edición julio/agosto 2020 de la prestigiosa Foreign Affairs, se publicó un artículo de Philip Zelikow, Eric Edelman, Kristofer Harrison y Celeste Ward Gventer, titulado The Rise of Strategic Corruption (El surgimiento de la Corrupción Estratégica), en el cual tratan de explicar como la corrupción ha dejado de ser una simple característica de los sistemas políticos —incluyéndose a todos por igual— para convertirse en un arma en el escenario global empleada por varios Estados como forma de alcanzar sus objetivos previamente establecidos.

Los autores sostienen que existe una diferencia entre la corrupción estratégica que ellos proponen y la corrupción burocrática que todos la identificamos. Esta última sumamente conocida en nuestro país hasta el punto que ha alcanzado cierta institucionalidad evidenciada en las experiencias diarias en los distintos ámbitos de la vida pública. Sería difícil encontrar a un individuo que no haya accedido al pago de un soborno a cambio de un favor especial de un mal llamado “servidor público”.

Ahora bien, sobre la corrupción estratégica mencionan que ésta se produce cuando ciertos Estados emplean a actores influyentes, especialmente a las grandes empresas y corporaciones, contra un país objetivo como parte de la estrategia nacional del país corruptor para alcanzar sus más altas pretensiones políticas y económicas. A partir de esta concepción los autores pretenden asignarle a la corrupción una dimensión estratégica.

Si bien es cierto que la estrategia ha salido de su esfera natural militar para posesionarse en otros campos de acción con gran aceptación como ha ocurrido en la política y en los negocios, también es irrebatible que la palabra “estrategia” ha sufrido una aguda desvalorización causada por un uso discrecional por quienes piensan que lo importante es sinónimo de estratégico desprendiéndole así los virtuosos y complejos fundamentos que ésta posee. De acuerdo con Lawrence Freedman, esto ocurre debido a que no existe otra palabra que exprese de mejor forma el proceso de ideas anticipatorias encaminadas a alcanzar objetivos previamente formulados de acuerdo con los medios disponibles. No obstante, ese no es un justificativo totalmente válido para adjetivar como estratégico a algo que posiblemente no pasa de ser un plan básico.

Así, el concepto propuesto por Zelikow, Edelman, Harrison y Ward se inserta en esta desmesurada lógica ampliacionista de la estrategia, la cual, en lugar de esclarecer el concepto lo convierte en algo difuso y de ambiguo entendimiento. No obstante, el fundamento esencial sobre la corrupción con característica sistémica es válido y aplicable en varias realidades incluida la ecuatoriana, pero su lectura se acopla con mucha más certeza a la dimensión política en virtud que lo estratégico conlleva un alto sentido de previsión de las consecuencias a largo y plazo y está claro que quienes han hecho suya esta mezquina práctica difícilmente pronosticaron con exactitud las negativas repercusiones a las que se enfrentarían.

A lo largo de la historia republicana del Ecuador la corrupción ha estado siempre presente en mayor o menor medida en los distintos gobiernos nacionales y seccionales; sin embargo, la conformación de un poder con todas las características de una cleptocracia no había sido implementada sino hasta el (des)gobierno de la “revolución ciudadana”, en el cual la corrupción fue absolutamente institucionalizada y se estableció como el común denominador de cada una de sus acciones.

Con una maniobra audaz y estremecedora tuvieron la capacidad de explotar en favor de sus protervos intereses el limitado sentido ético y moral de ciertos individuos que conformaron ese gobierno en los distintos niveles jerárquicos, así como de varios empresarios que aceptaron la entrega de sobornos con naturalidad, lo cual significó una clara amenaza para la democracia y sus instituciones, al igual que para los derechos civiles y económicos básicos, cuyos efectos son ahora aún más palpables en la compleja situación política, económica y social que afronta la sociedad.

Ahora el desafío es general, aunque depende de los poderes del Estado extirpar el quiste de la corrupción en cada una de las oficinas públicas, se requiere del compromiso firme y constante de la sociedad que inicia por la práctica de principios y valores éticos y morales en los ciudadanos como requisito fundamental para un cambio de rumbo real. Esa será la única forma de desvanecer por completo esa característica sistémica de la corrupción en nuestro país y lograr el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Propuestas de reformas en cuanto a la organización y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado presentarán resultados limitados si cada ecuatoriano no está convencido de una real transformación de su conducta y actuación.