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20 de Octubre del 2020
Ideas
Lectura: 7 minutos
20 de Octubre del 2020
Ricardo Martner

Ex jefe de la unidad de asuntos fiscales de la CEPAL y miembro de ICRICT.

Covid-19: es hora de que paguen más quienes más tienen
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Los costos de la pandemia ya están siendo asumidos de manera desproporcionada por los más pobres y más vulnerables. La carga económica de los paquetes de rescate no debe recaer en ellos también. Es hora de que paguen más quienes más tienen.

“Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. Con estas palabras, 83 superricos han firmado el pasado julio una carta que ha hecho eco en el mundo entero, en la cual piden que les suban los impuestos para contribuir a la factura de los programas destinados a la reactivación económica tras la pandemia de Covid-19.

Por supuesto, los firmantes son sólo una pequeña minoría. Más de 513.000 personas forman parte del club de los supermillonarios – aquellos con un patrimonio superior a los $30 millones de dólares. Pero si la petición tuvo tal impacto, se debe a que la pandemia, al exponer las graves deficiencias de los servicios públicos derivadas de una década de recortes, ofrece una oportunidad urgente.

En América Latina, las élites actúan como si el debate no concierne a sus países. De hecho, entre los firmantes de la carta, sólo hay un nombre latinoamericano. Parece que olvidan que América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia, tanto del punto de vista humano como del económico, ya que se prevé una contracción de la actividad económica del 9.1% en 2020. Las consecuencias son catastróficas, en particular para todos aquellos que dependen de la economía informal – que son 150 millones de personas, más de la mitad de la población activa—. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en la región más desigual del mundo.

Tanto en Europa como en los Estados Unidos se han implementado programas por valor de cientos de miles de millones de dólares para tratar de mantener el empleo y reactivar la economía. ¿Podemos esperar lo mismo en América Latina, donde el déficit de servicios básicos ya era crónico antes de la pandemia, con más de un tercio de las viviendas sin saneamiento básico y la misma proporción sin acceso a servicios de salud por falta de recursos económicos?¿ Cómo hacerlo cuando la región perderá 113.400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, lo que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región? 

La propuesta de hacer contribuir más a los superricos ha surgido con fuerza en varios países del mundo —apoyada por el propio Fondo Monetario Internacional— provocando inmediatamente el rechazo de las élites.

Incluso antes de la pandemia los recursos eran extremadamente limitados, con una presión fiscal del 23.1 % del PIB para el conjunto de la región, 11 puntos por debajo del promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y con una estructura tributaria concentrada en los impuestos sobre bienes y servicios, desiguales por naturaleza. La actual contingencia exige cambios radicales, orientados a recaudar más, sin duda, pero también a darle mayor progresividad al sistema. Esta crisis no pueden pagarla los de siempre.

Esto es aún más urgente porque en América Latina, como en el resto del mundo, a los súper ricos les va bien. Oxfam mostró en un estudio reciente que la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares entre el comienzo de la pandemia y el mes de julio. Al mismo tiempo, la región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas.

La propuesta de hacer contribuir más a los superricos ha surgido con fuerza en varios países del mundo —apoyada por el propio Fondo Monetario Internacional— provocando inmediatamente el rechazo de las élites: un impuesto a la riqueza ya sea temporal o permanente, haría que los más ricos (y sus empresas) dejarán de invertir en el país. Sin embargo, esto no es lo que sugieren las experiencias en el resto del mundo. Sin ir muy lejos, el ejemplo de Colombia, uno de los pocos países, junto con Argentina y Uruguay, que tiene un impuesto de este tipo, pone de manifiesto que, a pesar de la evasión fiscal, el sistema tributario es más progresivo.

Según Oxfam, si se aplicara este año un impuesto al patrimonio neto de entre el 2 % y el 3.5 % a quienes tengan más de un millón de dólares, los países latinoamericanos podrían recaudar hasta 14.200 millones de dólares, lo que equivale a 50 veces la cantidad que se podría recaudar este año de los milmillonarios de la región con el diseño actual de impuesto al patrimonio. 

Simbólica, efectiva y necesaria, esta medida es en realidad sólo una parte de una reforma mucho más profunda que requieren nuestros sistemas de redistribución. Otra prioridad debe ser la introducción regional o unilateral de impuestos al menos temporales sobre los gigantes digitales, que han sido los grandes ganadores de la pandemia. Esta es una de las cinco recomendaciones principales que la ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional de la cual soy miembro, ha hecho para que los Estados puedan hacer frente a la explosión de gastos provocada por la crisis sanitaria.

De manera general, se trata de resistir a los llamados de reducir los impuestos a las corporaciones para, al contrario, revisar su sistema de tributación, de modo que ya no les sea posible reportar ganancias récord en paraísos fiscales y miseria en países con impuestos corporativos más altos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6.3% del PIB en 2017, lo que equivale a USD 335 mil millones.

Los costos de la pandemia ya están siendo asumidos de manera desproporcionada por los más pobres y más vulnerables. La carga económica de los paquetes de rescate no debe recaer en ellos también. Es hora de que paguen más quienes más tienen.

Ricardo Martner es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa (ICRICT). Se desempeñó como jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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