La debacle del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) era previsible, aunque no con tanta vertiginosidad. Los alarmantes vacíos en la formación política y jurídica de sus integrantes presagiaban una total incompetencia en el ejercicio de sus funciones. A eso toca añadir el desbarajuste que ha provocado el bloque de mayoría como consecuencia de una noción atrabiliaria y pintoresca de la autoridad.

Los efectos de sus acciones han sido tan catastróficos que hasta sus acólitos correístas están asustados. Basta ver la reacción de Pabel Muñoz frente a la displicencia con que los trató el cura Tuárez en su comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para concluir que el engendro se les salió de las manos. La vaca loca es divertida mientras no se meta en el polvorín.

Pero aunque la suerte de los cuatro miembros de mayoría del Cpccs parece estar echada, no ocurre lo mismo con el organismo, porque su propia naturaleza está viciada. Los consejeros son meros apéndices, o piezas desechables, del engendro. Cambiarlos no resuelve la cuestión de fondo.
Probablemente, hasta los mismos correístas obtusos estén apostándole a la entronización de consejeros más coherentes con su estrategia de lucha a favor de la impunidad. Ya tienen demasiados jerarcas prófugos y presos. Pero el reemplazo de los titulares no les asegura nada, como tampoco le asegura nada a la institucionalidad del país ni a la democracia.

La única salida parece ser una negociación con los consejeros alternos, en función de una mínima racionalidad del Consejo. Al menos, el gobierno ya dio el primer paso: la acusación de la ministra Romo en el sentido de que los consejeros de mayoría han incurrido en desacato traza una línea de intervención dura desde el Ejecutivo. Se los quieren bajar. La interrogante, en esta situación, es hasta dónde los consejeros correístas alternos estarían dispuesto a una negociación que implica el respeto a la irreversibilidad de las decisiones del Cpccs transitorio. ¿A cuántos de sus líderes corruptos están dispuestos a sacrificar por la intervención de la justicia?

Una forma distinta de caos puede ser la alternativa para el correísmo obtuso. Un caos programado, menos burdo que el del cura Tuárez. Sin tanto alboroto. El problema es que nadie sabe a ciencia cierta si el país soportará por mucho tiempo las irregularidades y el desquiciamiento del Consejo. Según las últimas encuestas, 65 por ciento de los ecuatorianos aprueban su desaparición. La cifra, en estas circunstancias, es lapidaria.