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17 de Noviembre del 2022
Ideas
Lectura: 4 minutos
17 de Noviembre del 2022
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

CPCCS: el atajo autoritario
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El asunto de fondo es que cualquier debate jurídico o ideológico sobre la disputa del CPCCS se vuelve inútil. Este organismo está concebido para el reparto, no para la acción política democrática. Así fue desde el inicio.

El invento más perverso de la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ese organismo está diseñado para hacer precisamente lo opuesto de lo que consta en su definición: ni representa la voluntad de la gente, ni permite la participación de la sociedad, ni realiza ninguna actividad de fiscalización del poder político, ni lucha por la transparencia pública. Lo estamos constatando a propósito del juicio político en contra de cuatro de sus miembros.

En efecto, que baste con remover a cuatro individuos para que se altere radicalmente la designación de las principales autoridades de control de Estado contraría todo precepto democrático. Es más, los social-correístas necesitan colocar únicamente a un consejero para conseguir una nueva mayoría de cuatro. En consecuencia, pueden darse el lujo de repartir tres puestos a los grupos políticos espurios que hoy les ayudan a conformar una mayoría de oportunidad. No de otra manera puede explicarse la diligencia con la que los disidentes de Pachakutik y de la Izquierda Democrática se sumaron al juicio político. Algo esperan del atropellado desenlace.

El asunto de fondo es que cualquier debate jurídico o ideológico sobre la disputa del CPCCS se vuelve inútil. Este organismo está concebido para el reparto, no para la acción política democrática. Así fue desde el inicio.

La pugna por el CPCCS es tan vehemente que genera reacciones extravagantes. Por ejemplo, la del consejero correísta Juan Javier Dávalos. Para él, que el gobierno de Guillermo Lasso controle al actual organismo es inadmisible y evidencia su politización. Claro, jamás se le habría ocurrido decir lo mismo de los consejos de bolsillo que se manejaron durante el correato. Para el consejero Dávalos, el problema no es para qué sirve el organismo, sino a quién sirve. Y de eso depende su aceptación o rechazo.

Otra extravagancia proviene de la asambleísta Mireya Pazmiño. En una entrevista radial condenó a sus ex compañeros de bancada por supuestamente hacerle el juego al Gobierno, con su decisión de oponerse al juicio político de los consejeros de marras. Según la asambleísta, eso demuestra una clara alineación con posturas de derecha. A tono con esta argumentación, habría que concluir que los socialcristianos y los correístas, con quienes los rebeldes de Pachakutik armaron la mayoría de ocasión, son de izquierda.

El asunto de fondo es que cualquier debate jurídico o ideológico sobre la disputa del CPCCS se vuelve inútil. Este organismo está concebido para el reparto, no para la acción política democrática. Así fue desde el inicio. Al transferirle una serie de funciones propias del poder legislativo se renunció a un precepto histórico, milenario y universal: una Asamblea es el primer poder del Estado porque representa –así sea formalmente– a la diversidad y a la generalidad del país.

En principio, una asamblea es el órgano máximo de decisión de cualquier colectivo humano, por más desprestigio que acumule. Poner este poder en manos de un organismo secundario es una aberración política. A menos, obviamente, que la democracia estorbe y que se prefieran los atajos autoritarios.

 

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