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21 de Febrero del 2022
Ideas
Lectura: 6 minutos
21 de Febrero del 2022
Alfredo Espinosa Rodríguez

Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.

CPCCS: institución al servicio de todos, menos de los ciudadanos
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El Consejo de Participación Ciudadana lleva en su genética institucional el ser un botín político al servicio del poder. Quienes se postulen como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevarán sobre sus hombros el estigma que causa la pretensión de administrar el destino de una entidad desprestigiada, carente de credibilidad y legitimidad, cuyo camino es totalmente contrario al de la democracia.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es prácticamente una institución fallida, creada únicamente para responder a los dictámenes de los gobiernos de turno. Por ello, nunca representó a los intereses de los ciudadanos, quienes de paso, jamás se sintieron identificados con ella. Su existencia – impulsada por los promotores de una Constitución con alta dosis chavista (la de 2008) – distorsiona y precariza la funcionalidad del régimen democrático, ya que desde esta instancia se privilegia el hiperpresidencialismo y la omnipresencia (descarada en unos casos y solapada en otros) de quien gobierne el país por sobre el control independiente de la sociedad civil y la soberanía popular. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana lleva en su genética institucional el ser un botín político al servicio del poder.

La diferencia es que hoy el escenario de disputa es mucho más abierto. El correísmo perdió paulatinamente influencia en el CPCCS, al cual convirtió en su agencia de empleos particular para poner a los allegados y simpatizantes partidistas del expresidente Correa, prófugo de la justicia, en entidades del Estado como el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

No obstante de ello, la implosión que hoy vive el Consejo de Participación Ciudadana puso en evidencia las bajas pasiones y angurrias de las más variopintas organizaciones políticas que intentan cooptarlo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad si su estructura ampliamente cuestionada sigue intacta?

Quienes se postulen como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevarán sobre sus hombros el estigma que causa la pretensión de administrar el destino de una entidad desprestigiada, carente de credibilidad y legitimidad, cuyo camino es totalmente contrario al de la democracia.

¿Acaso la sola existencia del CPCCS o de su capacidad para designar autoridades de control se justifican en cuanto respondan a intereses ajenos al correísmo, pero cercanos a cualquier otro grupo político o de quien gobierne? Defender un posible cambio de amo en el CPCCS es casi tan repugnante como preservar la vigencia de quienes fueron poder, pues no se trata de que el órgano operativo de la Función de Transparencia pase de las manos de una o dos organizaciones políticas, a otros partidos o movimientos; mucho menos al gobierno de turno, porque la articulación entre las instituciones de Estado es una cosa muy distinta al manoseo o a la intromisión.

En realidad, todos o casi todos los partidos políticos quieren a su haber el Consejo de Participación Ciudadana –émulo de los desprestigiados Congresos y Asambleas del país– para hacer y deshacer como les venga en gana con lo poco de institucionalidad que le queda a este país. Pero nadie levantó su voz de reclamo ante la ausencia de una política pública en materia de lucha contra la corrupción y es que a nadie dentro y fuera de este Consejo y del Parlamento le interesa combatir un negocio que alimenta a pocos en perjuicio de millones.

Por otra parte, hasta la fecha seguimos con autoridades prorrogadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Defensoría Pública y con autoridades encargadas en la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. ¿A quién o a quiénes les conviene mantener a estas personas en sus puestos, pese a que en algunos casos su falta de probidad le ha costado la credibilidad a las instituciones que presiden y lideran? ¿Quién o quienes pretenden controlar la justicia, la verdad sobre los contratos del Estado y las elecciones? ¿Por qué no avanzaron los concursos para estas dignidades y quienes fueron los responsables de ello?

Si se pretende dilapidar la política del amarre y la componenda, se requiere algo más que mediatizar las sesiones del CPCCS para llevar al “paredón” a sus funcionarios, a que den cuenta de las órdenes que recibieron de quienes fueron autoridades, porque la transparencia y la lucha contra la corrupción son conceptos y principios que van más allá de la espectacularización de los cuasi-juzgamientos de los consejeros de la nueva mayoría y de las preocupantes afirmaciones de algunos de ellos. Lo que se necesita son políticas públicas claras y prácticas transparentes. Pero sobre todo, una consulta popular por iniciativa ciudadana para que, a través del ejercicio de la democracia directa los ciudadanos puedan retirar de esta institución la designación autoridades de control, tarea encomiable en la que está trabajando el Colectivo Voces por la Democracia que integra a ciudadanos y a varias organizaciones de la sociedad civil.

Mientras esto no ocurra, quienes se postulen como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevarán sobre sus hombros el estigma que causa la pretensión de administrar el destino de una entidad desprestigiada, carente de credibilidad y legitimidad, cuyo camino es totalmente contrario al de la democracia.

[PANAL DE IDEAS]

Fernando López Milán
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