La tan cacareada participación, nombrada decenas de veces en la Constitución de 2008, promovida por el correísmo, es y seguirá siendo, el plato más apetecido por nuestras decadentes élites y sus partidos políticos, que buscan —en nombre de una ciudadanía inexistente— influir a toda costa en la toma de decisiones del poder público, a través de los procesos de designación de autoridades de los organismos de control del Estado, los cuales, desde la invención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), han sido susceptibles tanto a la presión de los gobiernos de turno —incluyendo este— como a la de los partidos y sus caudillos quienes, con candidatos propios, pugnan desde 2019 por alcanzar el poder con el único objetivo de mantener a la participación bajo un modelo de designación mentiroso, que legitima un sistema de reclutamiento burocrático donde la “independencia” y la “meritocracia” quedan al arbitrio exclusivo de los siete consejeros del CPCCS, sus “mentes brillantes” y afectos políticos edificados al calor de las mayorías móviles (con una o dos excepciones a lo largo de su historia).

¿Qué ha ocasionado esto? Una prolongada y endémica crisis institucional en el Consejo de Participación Ciudadana, que parió ocho presidentes —cercanos a distintas tiendas políticas y gobiernos— en menos de cinco años, producto de las riñas internas y las constantes metidas de mano de las Funciones Ejecutiva y Legislativa. Razón por la cual, el CPCCS siempre ha privilegiado los arreglos políticos para el reclutamiento de la burocracia, a través de la “renovación” de las autoridades de los organismos de control, antes que la promoción de una verdadera participación social, que le permita a los ciudadanos tomar parte real de las decisiones colectivas del país. 

Precisamente esto último nunca se ha cumplido, porque la génesis del CPCCS siempre fue la de aupar el hiperpresidencialismo y la autocracia del gobierno de turno, por sobre la participación popular. Situación altamente peligrosa, pues allana el camino a la subordinación ciudadana hacia la política y los políticos, hecho que se evidencia en la notoria exclusión de los ciudadanos frente a toda posibilidad de control a los procedimientos administrativos y de participación en los asuntos públicos. Solo así se explica que para esta entidad y algunos de sus administradores, la ciudadanía exista como ente nominal al que se alude con pretensiones electorales. 

De esta manera, lo que presenciamos los últimos días en el CPCCS: dimes y diretes entre autoridades que operan como bandos y una serie de denuncias en torno a su accionar para apoyar o no a un determinado postulante a una entidad del Estado, son la sintomatología de la desdemocratización de la democracia desde sus entrañas, proceso que, si bien es cierto no es nuevo, sí ha resultado más canibalesco e indecoroso que antes; al punto de poner en tela de duda no solo la idoneidad y los intereses políticos que están detrás de los siete consejeros, sino también la probidad de quienes son los beneficiarios de sus acciones y omisiones; es decir, de aquellos que ahora tienen en sus manos el destino de la justicia en el país. 

¿Qué garantía de transparencia y honestidad tenemos los ecuatorianos de que en los concursos para la renovación de autoridades que están pendientes y los que está por iniciar el CPCCS, nuevamente prevalezcan los compromisos particulares y las agendas políticas y jurídicas de los partidos y sus caudillos por sobre los intereses colectivos de los ciudadanos? Ninguna, por ello, el próximo presidente o presidenta de la República debe promover de inmediato -como política de Estado- la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana por ser una entidad fallida, ya que su sola existencia estimula la corrupción y la componenda política, a más de actuar como enfermedad autoinmune que ataca el tejido institucional y la salubridad de nuestra complicada democracia.