La iniciativa para destituir al presidente Lasso puede convertirse en la más astuta emboscada en contra de los movimientos sociales, del movimiento indígena y de la izquierda sobreviviente del país. Sencillamente, porque sitúa el conflicto político en un terreno secundario, tal vez importante y representativo, pero no decisivo. Basta que la conspiración legislativa en marcha provoque la reacción oficial mediante la muerte cruzada para que todos los protagonistas de la actual pugna se desvanezcan como niebla. Y solo quede un gobierno inoperante, atado de manos por su extrema impopularidad.

El verdadero centro del conflicto político durante los próximos años será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) electo. Un ente rechazado o ignorado en las urnas por una mayoría abrumadora de votantes, pero con mucho poder. Poder espurio, es cierto, pero poder al fin. En buen romance, una plataforma legal para disparar misiles en contra de la democracia, los derechos y la institucionalidad. Solo basta imaginar la designación de autoridades de control a la vieja usanza del correato para dimensionar la gravedad de la situación.

Cualquiera de las salidas a la crisis que se están debatiendo públicamente no alteran esta circunstancia. Si Lasso sale del gobierno por destitución, renuncia o revocatoria de su mandato (las únicas posibilidades directas), la convulsión política será inevitable, pero el CPCCS quedará incólume. Levitará por encima de las disputas y arranchones institucionales en que seguramente caerán los conspiradores. Quede quien quede luego del relajo, el CPCCS seguirá con su agenda.

Por eso, las movilizaciones que anuncia el movimiento indígena para pedir la salida de Lasso (movilizaciones que seguramente contarán con el respaldo de otros actores sociales) no tendrán sentido ni coherencia si simultáneamente no impugnan la existencia del CPCCS. No únicamente por la ilegitimidad del actual organismo y del que próximamente se instalará, sino por la absurda naturaleza jurídica y política del organismo como tal. Que siete personajes que no representan a nadie tengan la potestad de organizar a las principales instituciones del Estado es un completo despropósito.
Estratégicamente, esta postura es la única que puede marcar una diferencia radical con la agenda del correísmo, que busca únicamente deshacerse del gobierno para repartirse la burocracia y asegurar la impunidad de los corruptos. Si la izquierda sobreviviente y el movimiento indígena no se proponen un escenario diferente para una reestructuración realmente democrática del Estado, seguirán siendo arrastrados por los juegos de la derecha oligárquica y la derecha populista.

La clave radica en la posibilidad de recuperar espacios y dinámicas para el ejercicio ciudadano del poder político, por fuera de los chanchullos de unos actores políticos desacreditados. Eliminar al CPCCS marca la diferencia.