La trágica desaparición de María Belén Bernal ha desatado un intenso debate sobre la naturaleza de este delito. Para algunos se trata de un crimen de estado y para otros de un hecho distinto. ¿Qué es el crimen de estado y quiénes son las víctimas?

Aunque los términos varían, la mayoría de los académicos que trabajan en este campo de la sociología criminal están de acuerdo en que los crímenes de estado son actos ilegales, socialmente dañinos o injustos, cometidos en beneficio de una organización que los ejecuta y que no busca beneficiar solamente a un individuo.

Esta visión de los delitos cometidos por actores políticos y subsidiarias estatales se ajusta a la clásica distinción de Marshall Clinard y Richard Quinney, en su clásica obra “Criminal Behavior Systems: A Typology” en la cual se distinguen los crímenes de estado de otras tipologías delictuales porque los primeros son delitos corporativos o que se cometen para beneficiar a una estructura corporativa y, por tanto, son formas de delito organizacional o de estructura criminal organizada.

Al examinar la literatura criminológica, los académicos han identificado a las víctimas de crímenes de estado como civiles y soldados en guerra, personas que sufrieron genocidio, personas que sufren de racismo, sexismo, clasismo, trabajadores, sindicalistas, inmigrantes, presos o sospechosos en casos penales. Las víctimas de crímenes de estado resultan afectadas en acciones que son de responsabilidad estatal y para una cierta finalidad concertada por actores estatales concretos.

Para David Kauzlarich, Rick Matthews y William Miller, en su célebre artículo “Toward a Victimology of State Crime”, los delitos de Estado pueden ser nacionales o internacionales.

Los crímenes de estado nacionales incluyen actos cometidos dentro de la jurisdicción geográfica de dominio de un estado y en violación de la legislación penal o de las regulaciones procesales de ese país. Estos delitos incluyen violaciones policiales de las leyes procesales, constitucionales, civiles y administrativas, por ejemplo.

Los crímenes de estado internacionales son actos delictivos cometidos por los gobiernos al margen de su jurisdicción geográfica de soberanía estatal, en actos que violan el derecho internacional o los derechos humanos. Los ejemplos incluyen diversas formas de agresión abierta o encubierta de terrorismo patrocinado por el Estado, como el secuestro o el asesinato de opositores políticos.

Otras víctimas de crímenes de estado son quienes han experimentado con radiación, sufrido los efectos de pruebas nucleares o los perjudicados por la degradación ambiental. Estas víctimas, por su situación de vulnerabilidad, no disponen de la capacidad de ocultar las ilegalidades e inmoralidades del órgano estatal agresor, o de sus agentes, que generalmente priorizan los conceptos de la seguridad nacional sobre la vida, la salud o los derechos humanos.

A menudo se culpa a las víctimas de los crímenes de estado. Desafortunadamente, culpar a las víctimas es una respuesta común. Los pobres, las minorías, las personas sin hogar y las mujeres se convierten en blancos fáciles de críticas debido a una falsa creencia de que la seguridad nacional, la razón de estado o la reputación institucional están por encima de los derechos fundamentales de las personas.

Si el sistema de justicia penal en occidente atribuye la responsabilidad de impulsar la acusación penal al estado, no a la víctima, y si el “pueblo” se identifica como una víctima abstracta, sin rostro, representada por quien debe ser investigado, ¿qué sucede cuando la víctima debe ser representada por su agresor? ¿Qué garantías hay para la víctima?

En lugar de considerar el daño hecho a las víctimas del crimen estatal como resultado de un comportamiento inmoral, poco ético y/o ilegal de unos pocos individuos, es más útil definir al crimen estatal como un producto de las acciones o presiones de organizacionales dentro de la estructura estatal, coludidas para lograr ciertos objetivos organizacionales.

Una definición comúnmente difundida de crimen de estado es aquella que atribuye responsabilidades penales por el cometimiento de una infracción actuada por un agente de seguridad o al interior de una institución de seguridad. Sin embargo, estas dos características no son suficientes para perfeccionar esta tipología penal, sino que deberá demostrarse que el delito se cometió para beneficiar a una organización criminal que opera dentro del estado.

Es hora de que los estudiosos del crimen estatal gasten menos energía defendiendo sus contradicciones, acuerden que un crimen de estado es un delito corporativo cometido en beneficio de una infraestructura estatal también corporativa y que avancen al debate sobre las acciones de protección a las víctimas.

@ghidalgoandrade