En la página del Ministerio de Salud Pública (MSP), órgano del Ejecutivo, se lee que proyecto del Código Orgánico de Salud (COS) “constituye un avance fundamental en el sector sanitario porque articula a todos los actores del sistema nacional de salud”. Y continúa: “Gracias al compromiso gubernamental de Diálogo Nacional, el 3 de agosto de 2017 se realizó en Quito una amplia jornada con invitación a todos los sectores involucrados”; es decir, la promoción al diálogo para la propuesta del COS fue uno de los primeros actos consensuados del gobierno de Moreno. En la misma página se indica que para mejorar la propuesta del COS, sometida a primer debate en mayo del 2017, participaron más 3.400 personas, entre expertos, personal de salud, de laboratorios, representantes de farmacéuticas, etc.

En la solicitud para votación que William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, envía a César Litardo, explicaba que la última versión del proyecto del COS articulaba, actualizaba o derogaba normativas de cinco leyes orgánicas (incluyendo la reformatoria a la Ley Orgánica de Salud – LOP -) y seis leyes específicas sobre diferentes ámbitos de la salud.

De lo expuesto por el Dr. Garzón y por el propio MSP, la intención de tener un nuevo COS perseguiría, por lo menos, tres objetivos principales: actualizar la ley reformatoria de la LOP y demás leyes asociadas al tema, unificar en un solo cuerpo legal todo aquello concerniente al área de salud disperso en varias leyes, introducir nuevas perspectivas en lo ético y lo técnico en el ámbito general de la salud.

De acuerdo con la misma página del MSP, el trabajo alrededor del COS habría empezado en el año 2012, intentando que la perspectiva de salud se acople al espíritu de la Constitución 2008. Por todo lo anotado, el COS vetado por Moreno es parte del trabajo de su propio ministerio; producto directo de su propia propuesta de Diálogo Nacional; presentado por el Dr. Garzón, asambleísta de su propio partido. Entre otras cosas, el COS también se refiere y articula la Ley Orgánica de Discapacidades, un tema que Moreno se supone lideró durante el gobierno anterior. La pregunta que surge es: ¿cómo un presidente opta por el veto total a un proyecto promovido, al menos en parte, por su propio partido, que también se compone de un tema que él mismo lideró, y, lo que es peor, que ha sido trabajado activamente por su propio ministerio? La única respuesta es que el presidente en cuestión es Lenin Moreno.

Una de las grandes prerrogativas del Ejecutivo ecuatoriano es que en su carácter de colegislador tiene la posibilidad de veto parcial. A pesar de ello, se despacha de un solo tajo todo el cuerpo normativo, en un tiempo menor al que tenía para el análisis, condenándonos a que una ley similar no pueda ser discutida en un año. En la visión de Plan V (COS: el veto total que mostró una profunda grieta en el país), el veto total es la respuesta al riesgo de no conseguir los votos necesarios en el caso del veto parcial. Vetar una propuesta de su propio partido a riesgo de no conseguir los votos es una muestra más de lo que ha sido el gobierno de Moreno, totalmente divorciado de los órganos legítimos de poder (por voto popular). Basta ver el poder y la influencia de gente que no se corresponde a ningún cargo de elección popular, desde el oscuro Santiago Cuesta, pasando por los no menos siniestros Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo.

Según la agencia de noticias EFE y el portal GK, por declaraciones de Xavier Solórzano y Juan Carlos Zevallos (una actitud generalizada del presidente, todos le “dan hablando”), viceministro y ministro de salud, respectivamente, la propuesta del COS tiene demasiadas inconsistencias y es un todo hecho de retazos de distintas leyes, además de que no integra otro tipo de cuestiones (como aquellos problemas de salud develados por la pandemia). Ante este argumento, las únicas justificaciones para el veto total serían aquellos supuestos temas no introducidos y que las modificaciones excedan un porcentaje de artículos determinado. ¿Pero si el COS era tan malo, cuál fue la real participación del MSP y cuál es el conocimiento del Ejecutivo de los proyectos propuestos en los anteriores debates? Básicamente, lo sucedido nos muestra que Moreno es ajeno a casi todo lo que sucede en el país que gobierna. Pero lo dicho no asombra a nadie, como antiguo vicepresidente del país, miembro del buró de AP y candidato presidencial, tampoco supo nada de cómo se llevaban al país en peso. 

Si a esto se suma la presión de los grupos conservadores de la Iglesia católica y de otras tantas protestantes, además de la petición de veto total hecha por Lasso (de quien el mismo presidente dijo que “algún día gobernará el país”), es fácil entender que una mezcla de desconocimiento y reducción del COS a los “atentados” contra la vida de ciertos artículos llevaron al actual gobierno a dejar en manos de la próxima Asamblea y a su sucesor la decisión. El proyecto tiene más de 400 artículos y 9 títulos, pero debía ser vetado totalmente por 4 artículos “homicidas”. Si se trata de una “victoria” para los grupos pro vida y para el elector promedio ecuatoriano, a nadie sorprende que la irresponsabilidad de Moreno solo esté asociada a endosar tal “victoria” al ilustre banquero peticionario.

Por último, si la reducción del COS a los derechos sexuales y reproductivos fueron la causa de su veto, siempre me place recordar la actuación de la Corte Suprema (CS) de los Estados Unidos en el caso Roe v. Wade de 1973. Este caso fue presentado por primera vez en 1970 en el estado de Texas. La peticionaria, Norma McCorvey, aducía que su embarazo fue producto de una violación. Cuando se resolvió el caso, el juez Harry Blackmun, republicano y conservador, puesto en el cargo por Nixon, actuó como juez ponente. En su sentencia, Blackmun sostiene que dado el espíritu liberal de la Constitución de los Estados Unidos y de los fundamentos de la nación, interferir en una decisión tan idiosincrática y privada como la de ser madre no era posible. El juez fijó términos de la participación médica y acompañamiento del Estado de acuerdo a los periodos de gestación. El Estado tenía la obligación de dar atención médica a las mujeres en estas decisiones. Repito, el juez Blackmun era un republicano conservador, e hizo historia por este y otros casos más.

Quizá, al igual que en el caso del matrimonio igualitario, deba ser la Corte Constitucional la que dé el primer paso, ahora que la coyuntura de sus participantes es favorable para una ampliación de derechos y estos siguen plenamente el espíritu de la actual Constitución.