La desaparición de la abogada María Belén Bernal se produjo en un recinto policial.  Se presume como responsable de ello a su esposo, un oficial de la policía acreditado como instructor de los cadetes. Esto es lo que sabemos y es terrible. Es extremadamente grave que el hecho haya ocurrido en una institución del estado, cuya misión es la de brindar protección a los ecuatorianos. Y aún más delicado es que quien aparece como sospechoso sea un oficial formador de sus futuros colegas. ¿Qué podemos esperar de esos oficiales? ¿Qué instrucción reciben? ¿Cómo debería ser esta preparación para que su aprendizaje les conduzca a cuidar a sus compatriotas civiles, con respeto, eficacia y empatía? ¿Qué instrucción han recibido por décadas los policías para que tengan comportamientos como los que hemos conocido los últimos meses? ¿De quién o de quiénes es esta responsabilidad?   

Es lamentable que hechos como el ocurrido manchen a esa institución y a su personal. Es deplorable que frente a este suceso se estén conformando posiciones polares, de esas que ven la realidad en blanco y negro, y que muchas de ellas surjan de los espacios sociales.

En este contexto se enmarcan las pretensiones de individuos y colectivos de aprovecharse de hechos dolorosos para erosionar la institucionalidad que aún preserva Ecuador y hasta beneficiarse de ello. No menos desafortunadas son las posturas que buscan minimizar la calamidad que significan los hechos y acallar las miserias que ellos exponen. Tampoco son aceptables las tentativas de evadir la situación, pasar rápido por el problema, y endilgar a quien destaque la oscuridad de las circunstancias una condición de aliado de aquellos que las usan para propósitos inconfesables y politiqueros, sin pizca de solidaridad con el dolor de una familia y de la sociedad toda.

Enfrentar con transparencia y responsabilidad los hechos es la mejor alternativa que no debilitará ni al estado, ni a la policía como institución ni a sus integrantes. Es la opción más recomendable para introducir los cambios que se deriven de su esclarecimiento, restañar una herida que nos está afectando como país y recuperar la confianza en la policía, crucial para dotar de legitimidad su trabajo.   

En este escenario crítico, el rumbo y la seriedad que la policía y otras instituciones del estado impriman en sus investigaciones sobre la desaparición de María Belén Bernal es clave. Una misión primordial de la fuerza policial es sostener el orden público, sustentado en la integridad de los derechos ciudadanos: de todos, no solo de unos cuantos. Para cumplir con este mandato los equipos policiales no pueden despertar sospechas, ni provocar dudas o temor. 

Luego del asesinato del ciudadano George Floyd, por un policía, en mayo de 2020 en Mineápolis, Estados Unidos, se fortaleció la consigna y el movimiento Black Lives Matter, y la protesta fue prácticamente global. Esta repercusión respondió a décadas de ejercicio de la violencia institucional sobre los ciudadanos negros en los Estados Unidos. No esperemos un desenlace fatal para consolidar el movimiento de no admitir más feminicidios en Ecuador. No podemos soportar ni una muerte más de otra ecuatoriana.  El estado y la sociedad, si, la sociedad y los ciudadanos no podemos mirar a otro lado.