En Ecuador se otorga estatus político a delincuentes. La tolerancia a las mafias está ampliamente documentada desde Huracán Verde hasta Arroz Verde. Por eso, si la impunidad sigue nutriendo este clima de permisividad, no sería descabellado pensar que pronto un primer narco pudiera “coronar” Carondelet.

Entre tanto, las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 serán la prueba de fuego. Serán el punto de inflexión para evitar o para legalizar, vía voto popular, una fatal cooptación del país desde la raíz: desde las parroquias y los cantones abandonados históricamente por el Estado. Narcodemocracia pura por voluntad del soberano y mediada por movimientos convertidos en lobistas de carteles.

Hoy más que nunca el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos son garantes de la sobrevivencia del Estado democrático. Sin embargo, desde que el exconsejero electoral, Luis Verdesoto, alertara sobre la penetración de narcodólares en las campañas, poca certidumbre existe sobre los mecanismos de control cruzado que están activos para evitar el financiamiento sucio. Como se sabe, los capos no emiten factura y ya no pagan en dólares, sino en bloques de cocaína.

La mayor responsabilidad recae, no obstante, en los partidos y movimientos. De 264 organizaciones políticas registradas en el CNE, 167 son de carácter cantonal y para las seccionales de 2023 se estima la participación de 90.000 candidatos. Este nivel de atomización es proclive a que, entre aquellos 90.000 personajes, se filtre el prestadiario, el Don Dieguito, el Don Marquito, el nuevo Don Naza, el gatillero, el tratante de mujeres o el traficante de retroexcavadoras. Por eso, la atomización ya no es solo un lastre de la política ecuatoriana, potenciado por el ego de los candidatos. En esta coyuntura, la atomización es un guiño a las mafias.

Los partidos y movimientos tienen una inmensa responsabilidad en estas semanas, cuando se corren ya estudios y números para armar las listas de cara a las seccionales. La responsabilidad es mayor en cantones tomados por los carteles como nodos de actividades ilegales: puntos de ingreso de pasta base y armas, centros de refinamiento y acopio, estuarios y puertos, barriadas para el microtráfico, canteras y ríos para la minería ilegal, pirámides financieras, etc.

En estas regiones, donde el Estado deserta, no es extraño que surjan mecenas, supuestos activistas o embajadores de buena voluntad de las mafias. Personajes discretos, pero persistentes, que se mimetizan en el tejido social, apoyando súbitamente las pocas actividades que son una alegría para comunidades vulneradas históricamente en sus derechos.

El agasajo de Navidad, los bloques que faltan para la casa comunal, la bicicleta de premio para el torneo de cross country, el discomóvil para las fiestas del patrono, los vestidos para el grupo de tecnocumbia, el productor de videos para los hiphoperos del barrio… todo aquello que la gente miraría como una acción altruista, para los capos es una inversión en capital político.

¿Los partidos y movimientos quieren convertirse en gobiernos de cercanía en los 221 cantones? O, de frente, ¿solo alquilarán el casillero a mafias que buscan controlar políticamente los territorios para “institucionalizar” las rutas de sus actividades ilícitas? En este nivel de Estado secuestrado, no es amarillista preguntarse cuántos concejales o alcaldes pondrán Los tiguerones, Los lobos, Los gángster o los Carolina Ramírez.

Los presidentes, los comandantes eternos y los líderes vitalicios de los partidos sabrán si se juegan por el país o por las mafias.