El Gobierno enfrenta dinámicas insostenibles en materia fiscal, como resultado de distorsiones acumuladas tras años de expansión fiscal desmedida, que chocan con la necesidad de pisar el acelerador a fondo para reactivar la economía. Esta misma disyuntiva se extiende a la apertura de la economía, la reforma tributaria y el incremento salarial.  

En este contexto, el Gobierno puede verse tentado a posponer los ajustes macroeconómicos tanto por un enfriamiento de la economía más fuerte de lo esperado, como por evitar conflictos políticos y estallidos sociales. Así todo, la propia realidad fuerza a hacer ciertos ajustes para evitar una crisis fiscal que erosione los fundamentos macro mínimo necesarios para iniciar un proceso de crecimiento económico. Por ello, considero que la política económica durante los próximos meses tendrá mucho de tire y afloje, y esos serán los dilemas que tendrá que ir resolviendo las autoridades.

El primer dilema tiene que ver con el nivel de deuda pública y los déficits fiscales crónicos, que precipitan la necesidad de realizar ajustes fiscales para mantener las finanzas públicas en una senda sostenible, pero que conlleva las consecuencias negativas de cualquier consolidación fiscal. Esto es, no poder brindar mayores estímulos fiscales para reactivar la economía y limitar la satisfacción de las agobiantes demandas del ejército de pobres y desempleados, y las carencias sociales exacerbadas por la pandemia.

Un segundo dilema tiene que ver con la apertura de la economía. Las explicaciones son igualmente de carácter fiscal, por cuanto renunciar a la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas y de los Aranceles no es un tema menor, si consideramos las agobiantes cifras de las arcas fiscales y que las derivaciones de la Curva de Laffer siempre será un riesgo no trivial. No obstante, debe precisarse que no hay dilema en cuanto a la sostenibilidad de las cuentas externas o del propio modelo de dolarización, por cuanto los desequilibrios externos en Ecuador han estado muy lejos de haber alcanzado niveles críticos, además que el análisis de la cuenta corriente no debe realizarse fuera del contexto del equilibrio interno ahorro inversión y que la dolarización más que depender del saldo de cuenta corriente, depende del cómo éste se financie.  

El tercer dilema está relacionado con las convicciones del gobierno en cuanto al diseño de un sistema tributario pro inversión; que, con base a minimizar las distorsiones de los impuestos, maximice los efectos sobre el crecimiento económico, lo cual entra en contraposición con los objetivos de equidad y/o recaudación, y hasta de orden político por lo sensible que resulta el tema tributario.

Un cuarto dilema tiene que ver con la propuesta de llevar el salario básico a 500 dólares al final del período de gobierno. Considero que es un dilema, porque las condiciones actuales del mercado laboral son deplorables  —al 2020 se cerró con apenas un 37.44% de empleo adecuado, mientras el subempleo y desempleo se ubicaron en 24.08% y 6.13% respectivamente—, y siendo la demanda de trabajo una función inversa del salario real, cualquier incremento que no tenga consideraciones de los niveles de productividad, tendría un efecto tremendamente negativo. La mejor evidencia de ello y prescindiendo de que la caída de la actividad económica desde 2015 tuvo sus efectos en el empeoramiento de los indicadores laborales, los ajustes en el salario real que llegaron a estar muy por encima del crecimiento de la productividad explican buena parte del aumento del desempleo y subempleo en Ecuador durante los últimos años.  

Estos dilemas no se pueden minimizar en el ejercicio de la política económica porque no existen medicamentos de amplio espectro que curen las enfermedades fiscales y reales en una sola receta, de la misma forma que existen fuertes costos económicos, políticos y sociales derivados tanto del hacer, como del no hacer los ajustes, los que requieren ser debidamente sopesados. Un mega shock de inversión ayudaría a eliminar todos estos dilemas, pero en el Ecuador tenemos tantos prejuicios ideológicos que representa otro dilema aún más grave.  Tremenda tarea del ministro Simón Cueva.