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24 de Agosto del 2016
Ideas
Lectura: 10 minutos
24 de Agosto del 2016
Cristina Burneo Salazar

Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabaja en Letras, género y traducción.

Cuentos de brujas
​Necesitamos y demandamos la despenalización del aborto. El Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad acaban de presentar a la Asamblea Nacional una petición para que se debata la despenalización del aborto por violación, incesto y discapacidad fatal del feto, basados en el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente emitido y en las recomendaciones que hizo para Ecuador.

Ninguna mujer quiere abortar. No es un hecho trivial en la vida ni en el cuerpo de las mujeres y no viene sin costo emocional, a veces muy alto. Es una decisión difícil, que sin embargo debe existir como tal: como una decisión posible y segura. Si una mujer está dispuesta a hacer frente a un aborto elegido, las consecuencias, sean del tipo que sean, como procesos de recuperación o incluso duelos, suelen ser menores que las consecuencias de llevar a término un embarazo forzado y una maternidad obligada, y son responsabilidad de la mujer que decide.

​Las niñas enfrentan una situación distinta. Una niña embarazada siempre habrá sido víctima de violación o estupro, de la interrupción de la niñez, de situaciones precarias que pueden conducir a un embarazo. Una niña que ni siquiera ha elegido tener sexo ni quedar embarazada, mucho menos puede elegir qué hacer. Esa niña necesita que el Estado, la familia y las instituciones educativas le garanticen un proyecto de vida, que en ningún caso supone obligarla a ser madre. Esas instituciones deben garantizar que las niñas puedan abortar para detener en algún momento, aunque sea tarde y de manera desastrosa, la cadena de violencia a la que han sido sometidas. Obligar a una niña a ser madre es una de las formas de tortura más vergonzosas que existen, porque se disfraza de amor y sacrificio.

​Necesitamos y demandamos la despenalización del aborto. El Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad acaban de presentar a la Asamblea Nacional una petición para que se debata la despenalización del aborto por violación, incesto y discapacidad fatal del feto, basados en el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente emitido y en las recomendaciones que hizo para Ecuador. Ni la Asamblea ni el gobierno nacional pueden ignorar esta demanda que proviene del movimiento de mujeres. La alianza entre el Colegio de Abogados y las mujeres evidencia que la sociedad civil tiene cada vez mayor conciencia de que el aborto y el embarazo forzado no son un problema sólo de las mujeres, aquí hay un planteamiento legal de un gremio cuyo trabajo es imprescindible en este debate.

​Es urgente tener conciencia de la criminalización cada vez más marcada de la práctica del aborto en Ecuador, como lo demuestra de manera contundente esta investigación de Lisette Arévalo Gross. ¿Cómo entender que una realidad como el aborto termine vinculada a la cárcel en este siglo, en este país? En mundos pasados, la prisión iba a ser una manera de “impartir justicia” y velar por la integridad de la gente, pero hoy funciona como un recurso de control sobre la población socialmente más vulnerable. Por eso, la prisión como idea ha fracasado hace mucho. Un privilegio de clase de los crímenes de cuello blanco consiste en la posibilidad que tienen los ricos de evadir la prisión. Pensemos en quién cumple hoy arrestos domiciliario en el mundo; pensemos en dónde está Jorge Glas Viejó hoy por violar a una menor y embarazarla; en la impunidad que protege al profesor de un conocido colegio en Quito que ha violado a un niño de cuatro años. Las cárceles son cada vez más para los vulnerables, y en Ecuador, para las mujeres que abortan, aunque muchas veces sus abortos no sean provocados y ellas deseen sus embarazos. La ley de terror en Ecuador no discrimina.

​El aborto no siempre fue un crimen -aun hoy, lo eso sólo en los países con las leyes más retardatarias-. Por lo menos hasta el siglo XIII, el aborto es una práctica asociada a la sexualidad y al control del tamaño de la familia: se practica y no se sanciona. Hasta el XIV, el embarazo existe sólo desde el momento en que es visible. Una mujer jamás será sospechosa abortar porque no hay sospecha de embarazo hasta que su vientre se abulta. Es decir, si una mujer sospechaba que estaba embarazada tras perder la menstruación, la regulaba con hierbas y sustancias, un conocimiento hoy deslegitimado pero no desaparecido. Así, recuperaba su ciclo sin pasar por las instituciones del Estado ni de la Iglesia. Y si esa mujer perdía la menstruación y deseaba su embarazo, usaba su conocimiento para protegerlo y llevarlo a buen término. Hoy, muchas culturas ancestrales hablan de regulación del ciclo menstrual, no de aborto, porque ese concepto no es universal, mucho menos como sinónimo de crimen. En realidad, el aborto se empieza a nombrar como tal en Occidente sólo a fines la Edad Media, esto es fundamental a la hora de comprenderlo como un concepto creado por la historia médica, religiosa y legal de Occidente. Aquí contribuyen la idea de pérdida, la idea de pecado y la idea de delito, y se trata de una construcción de los últimos siglos. Mientras la ciencia moderna comprende el aborto como una expulsión en período no viable de vida, el Estado y la Iglesia deciden usarlo a su servicio y moralizarlo. Razones de control demográfico, mantenimiento de los modos de producción, han contribuido a que el Estado regule hoy la reproducción de la vida.

En un momento dado de la historia de Occidente, se considera necesario que el Estado legisle sobre uno de los resultados posibles de la práctica sexual entre hombres y mujeres, que es la fecundación. Hay un proceso social paulatino en donde interviene la normativa del derecho, y ámbitos que antes no eran regulados pasan a ser regidos por normas. Platón ya había pensado en que era pertinente que los hombres, es decir, la ley, promovieran el aumento de la natalidad cuando fuera beneficioso para las ciudades, o la controlaran de ser necesario. Sócrates aprendió mucho de su madre, Fainarate, que era partera. La ley de los hombres y el cuerpo de las mujeres guardan una vieja tensión.

​Esta ley no siempre supo qué hacer con el acto sexual entre un hombre y una mujer fértiles. Durante siglos, la filosofía y la teología dejan en la indeterminación el periodo que hay entre la concepción y los días que le siguen, cuando no se sabe si hay vida o no. Esto indica que la vida no siempre se concibió como completa y definitiva desde la concepción, sino que podía también considerarse como gestada gradualmente. Ese periodo de indeterminación es cooptado por la Iglesia y el Estado poco a poco hasta llegar al siglo XIX, cuando se empieza a igualar vida y concepción. Por eso el argumento de que la Constitución en Ecuador afirma que la vida inicia en la concepción no puede suprimir el debate, al contrario, es muy limitado. Ese argumento, que ha sido utilizado por el presidente de la república para censurar de manera autoritaria el debate en torno al aborto, no puede dejar allí la discusión. Hay un arco enorme entre lo que se comprendía como la “recuperación de menstruación” y lo que hoy conocemos como aborto y, más aún, como delito. Asimismo, el hecho de igualar el aborto al asesinato, al infanticidio y al abandono de recién nacidos proviene de la perpetuación de esta ignorancia y de una manera oscurantista de concebir la vida, la misma que sirve al control del Estado y la Iglesia sobre el cuerpo de las mujeres.

​Cuando retrocede la reflexión en torno a la vida, retrocede la posibilidad de pensar en argumentos y respuestas que harían nuestras vidas más dignas. Esas respuestas que tenemos que construir colectivamente evitarían que las mujeres fueran presas por abortar, por una ignorancia que, cuando está en el poder, es capaz de destruir la vida de las personas. El aborto, que en Ecuador se resuelve por medio de sanciones penales cada vez más inhumanas, escalofriantes y tiránicas, tiene que ser despenalizado porque hoy se usa como una razón para torturar a las mujeres, asesinarlas socialmente y hacer cacería de brujas en pleno siglo XXI. Es vergonzoso ver a un Estado que justifica la tortura como método de control. Si el Estado desoye las recomendaciones de ONU que hablan de tortura y las demandas de la sociedad civil, si se ignora la historia de las mujeres en prisión por abortar, este Estado tendrá la responsabilidad de haber cometido tortura contra esas mujeres.

[PANAL DE IDEAS]

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