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24 de Mayo del 2017
Ideas
Lectura: 14 minutos
24 de Mayo del 2017
Pocho Álvarez

Cineasta.

Cultura, el revés de “la década ganada”
La Ley de Cultura, un entramado de palabras, 83 páginas de considerandos, justificativos, títulos, capítulos, artículos, disposiciones y derogatorias, pretende organizar hasta el último detalle el crucigrama público de instituciones que hacen cultura. No busca sintonizar con la realidad real y su dinámica, con sus valores y quehaceres, como espacios de gestión, creados por el andar del tiempo y el camino colectivo. No está en su naturaleza crear correspondencia y consideración con las organizaciones de la sociedad, menos aún armonía. Es una propuesta de dominio.

“Creemos que la cultura es la vía para la transformación del Ecuador”
(Rafael Correa. Palacio de Gobierno, abril 2015)


Heredero de la tarima de Bucaram y la prepotencia de León, Correa es una extraña y potenciada alquimia de esos, sus predecesores del siglo XX. Coleccionista de honoris causa, dieciséis son los diplomas otorgados a la vitrina de su saber y diez los ministros de cultura que su armario acumuló, como ejemplo del no saber.

Antonio en el nacimiento, Galo y Ramiro en la niñez, Érika y Paco en la adolescencia, Francisco y Guillaume en la juventud, Ana y Raúl en la edad madura y el improvisado Andrés en la agonía de su mandato, son el coro testimonial de un gobierno y una servidumbre de funcionarios que no entendió que el hacer de la cultura y el arte es diálogo transparente y frontal como conjugación creativa de lo público con la comunidad y sus espacios particulares de gestación de la vida. Es escuchar, ante todo, en esta geografía de pueblos y pertenencias, de localismos y lenguas con imaginarios propios. Es mirar que este país de múltiples sintaxis y lecturas, es un abanico de imaginarios y formas de organización múltiples y heterogéneas una realidad que indujo a Benjamín Carrión, a crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como una respuesta a esa necesidad de nutrir este plural como pertenencia, con el único alimento la cultura y el arte, una manifestación de fundamentos que el régimen de Correa maltrató.

Diez ministros en diez años. Nueve años para gestar la primera ley de cultura del Ecuador, es una de las radiografías del gobierno autoproclamado de revolución ciudadana.

La “década ganada” como sello y marca de la Correa de Carondelet, tiene en la cultura el revés de su moneda. El decreto presidencial número 5, el día mismo de la inauguración del gobierno, crea el Ministerio de Cultura, una improvisación, oferta de campaña, que nace sin ninguna reflexión profunda, sin ningún debate, diálogo, estudio o análisis serio con la historia y realidad del quehacer cultural en el Ecuador. Con los actores de la diversidad, los pueblos y sus imaginarios, las comunidades y su gente, la tierra y sus espíritus, el entorno y sus apus, los intelectuales y los artistas, la sociedad civil y sus instituciones. Todo un presente vivo que fue ignorado. No hubo juntura de pensamiento abierto e incluyente sobre lo que debe ser el horizonte, los elementos y valores de una política pública para la cultura y el arte en este equinoccio humano, saturado de diversidad. No hubo gestación ni cuna, y el ministerio como principio de política cultural, en la autoproclamada revolución ciudadana, fue un golpe de efecto, un nacer por imposición con el silencio como impronta, requisito necesario para ejercer “ciudadanía” en los tiempos de Correa, cinturón delgado que pretendió ser fuete y tirante a la vez.

Sin dirección, con la intuición como linterna y la consigna de organizar las instituciones y democratizar los recursos y fondos de la cultura de entonces, Foncultura, Subsecretaría de Cultura, Consejo Nacional de Cultura, Casa de la Cultura, en un primer momento y luego empujar la creación de la ley. El Ministerio de Cultura empieza a dar sus primeros pasos.

Un andar disperso de 108 meses, 3.240 días, todo un calendario de consolidación institucional, de crecimiento burocrático, de saltar del piso al edificio, de borradores, consultas, correcciones y diálogos, un recorrido más de disensos que de consensos y la cercanía del fin del mandato, apuran la llamada socialización del proyecto de ley, y casi en los descuentos, cerca de la década de creación del Ministerio, en el Registro Oficial 913, del 30 de diciembre del 2016, la llamada Ley Orgánica de Cultura, aparece. El año nuevo electoral le sonreía al Ecuador y entre cálculos y campañas para capturar votos, esta ley, fundamento que va a marcar el mañana de la cultura, pasa desapercibida.   

Un entramado de palabras, 83 páginas de considerandos, justificativos, títulos, capítulos, artículos, disposiciones y derogatorias, pretende organizar hasta el último detalle el crucigrama público de instituciones que hacen cultura. No busca sintonizar con la realidad real y su dinámica, con sus valores y quehaceres, como espacios de gestión, creados por el andar del tiempo y el camino colectivo. No está en su naturaleza crear correspondencia y consideración con las organizaciones de la sociedad, menos aún armonía. Es una propuesta de dominio. “Lo jurídico”, es decir el interés político, debe imponerse sobre lo real, y sin mirar las consecuencias en las dinámicas de los colectivos, se implanta como propiedad o rectoría del estado y su gobierno … En ese sentido la ley aparece como un detonador de obscuridades y vacíos y en muchos casos de retrocesos que no tendrán regreso en los campos de la gestión y creación de la cultura.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue absorbida en su iniciativa y autonomía y reducida a ser una suerte de patio de encuentros. Así lo establece la ley en el Artículo 159. De su finalidad. - La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad. (…) tendrá como finalidad planificar y articular la circulación de obras bienes y servicios culturales y patrimoniales…

En ese sentido, un mercado, cualquier mercado o feria libre, en cualquier parte del país o región, por su naturaleza, es un espacio que articula y planifica el encuentro común de convivencia y ejercicio de los derechos culturales, la memoria, la interculturalidad y la circulación de bienes. Por lo tanto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos de provincia podrían inaugurar un mercado Santa Clara, un mercado San Roque, o una feria libre, en sus patios y pasillos, y los mercados a su vez, cualquier mercado mayorista o feria libre, podrían ser una Casa de la Cultura… ¿O me equivoco en mi interpretación de la ley…?

Múltiples y variadas son las incongruencias y entuertos de la Ley Orgánica de Cultura, al igual que las omisiones de concepto y organización.  La Cinemateca Nacional, memoria de un nosotros, el cine, es reducida por mandato de ley a ser un simple depositario de imágenes que deambula en un limbo institucional. El acervo audiovisual del país, la Cinemateca Nacional, debe ser reconocida por la ley en su particularidad como organización y gestión. Por lo tanto, debe tener su espacio propio de hacer independiente, con recursos que le permitan continuar y ampliar su camino de investigar y preservar el patrimonio audiovisual y junto a ello difundir las obras para crear el nosotros a partir de la memoria.
Si estos extravíos suceden con el espacio donde se preserva el ayer, para la cámara que hace el presente, el cine ecuatoriano, el nuevo marco legal fue un salto atrás.

La derogatoria de la Ley de Cine, como consecuencia de la Ley Orgánica de Cultura es un retroceso histórico para el cine en el Ecuador. Es una claudicación de objetivos y un despojo a la independencia de una comunidad cultural, que tuvo iniciativa, fe y capacidad de lucha para exigir su reconocimiento y crear su marco legal que le permitió existencia autónoma. Treinta y tres años de bregar por la Ley de Cine, una historia propia que se extinguió con la aprobación de esta ley, y porque no decirlo, con el contemplativo y cómodo silencio de los cineastas.

El Ecuador cinematográfico, iniciativa de la sociedad civil, espacio de gestión autónomo desaparece justo a los diez años de la aprobación de su Ley de Cine. El nuevo marco legal elimina cualquier visión de independencia en la generación de recursos propios como también en los espacios de decisión, y asegura la total dependencia del cine ecuatoriano y su nueva instancia de fomento y promoción el “Instituto de Cine y Creación Audiovisual”, al espacio de los diez ministros por década, el Ministerio de Cultura.

No solo es el hecho de ser una entidad pública adscrita. Es el sometimiento a una espesa burocracia y su criterio. Artículo 139.- El Ministro de Cultura y Patrimonio o su delegado presidirá el Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, actuará con voz y voto dirimente; y convocará a reuniones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con el reglamento respectivo.

¿Qué sentido tiene que el Ministro de Cultura sea quien presida el Directorio Ejecutivo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual? ¿Es el ministro, de por sí y ante sí, garantía de autonomía…? ¿Por qué atar la actividad cinematográfica, su dinámica que demanda agilidad y rapidez al obeso caminar del Ministerio y su agenda? 

Diez años, diez ministros de cultura. Nueve años, ciento ochenta artículos de una ley que es disenso…
Esa es la matemática de la Correa de Carondelet y la tabla de multiplicar de su ministerio en la cultura.  Hacer a esa institución, el rector absoluto del quehacer cultural, definido en la ley como Sistema Nacional de Cultura, con sus dos subsistemas, el de la Memoria Social y Patrimonio, y el de Artes e Innovación que abarcan todo en su conjunto, significa cooptación, control, dominio. Ese es el fondo, la esencia o espíritu de la Ley Orgánica de Cultura.

Los valores espirituales de la cultura, aquellos que son fundamento en la vida de un pueblo, la tierra y su entorno, la naturaleza y su geografía, el nosotros como minga, la paz como camino del hablar y tocar al otro que nos habita, los otros nosotros que nos hacen, todos estos valores propios de nuestras culturas son ignorados, no existen ni en los considerandos de la ley. Una deficiencia, un agujero negro de esta construcción jurídica.

En ese sentido la resistencia de más de dos décadas de las comunidades de Intag, las de Victoria del Portete en el Azuay y las del pueblo Shuar en Zamora y Morona, la de Muisne entre otras geografías de pueblos oponiéndose a la ocupación y desalojo de sus tierras son luchas por la cultura. No hay cultura sin comunidad, sin pertenencia, y la pertenencia significa tierra, entorno, raíz. Por lo tanto, tierra significa cultura, al igual que el entorno que genera vida. En esa medida, una ley de cultura, si se precia de ser tal, debe coadyuvar en su espíritu y en sus disposiciones de ley, a la preservación y defensa de la tierra y sus constitutivos fundamentales, el entorno, la comunidad, su naturaleza y la vida. Porque no se puede considerar al ser humano sin su ambiente, es decir sin su comunidad biótica.

No hay calendario sin fechas, todo tiempo tiene un comienzo y un final, la Correa lengua doble faz, que pretendió ser cincha y tirante, brida, bozal y anteojera a la vez, se fue, el ayer le dio la bienvenida y al igual que todos aquellos que transitaron con la banda presidencial ceñida a su vanidad, lo trasladó al tiempo del pretérito perfecto. Correa es ahora otro fantasma más de la Plaza Grande, y su museo de palacio, creado a la medida de su fatuidad, será parte de la ruta del club de almas ilustres que, por su pasado perfecto, penan por salones y pasillos alimentando la disputa de la eterna droga de los contraídos de alma, el poder.


Pocho Álvarez W.
24 de mayo de 2017

[PANAL DE IDEAS]

Mauricio Alarcón Salvador
Giovanni Carrión Cevallos
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