Antonio Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía a fin de definir la capacidad de un grupo, clase o sector social para articular al resto de actores políticos alrededor de una propuesta de conducción del Estado. En otras palabras, para hacer pasar por general un interés particular. La habilidad de quienes en un momento determinado manejan las riendas del poder político radica en convencer al conjunto de la sociedad de que su discurso es la mejor –cuando no la única– opción para resolver los problemas del país. De ese modo, los sectores dominados o subordinados terminan remando en la misma dirección que las élites, a pesar de ir a contracorriente de sus auténticos intereses.

La explicación –bastante simplona, por decir lo menos– viene al caso por el debate que se ha generado a propósito del denominado IV Consenso de Cusín. Al parecer, los convocantes al evento han pasado revista a algunos textos de Gramsci, sobre todo aquellos que ponen de relieve el papel de la ideología como factor determinante en la estructuración de un proyecto de poder.

Las coincidencias son por demás evidentes, particularmente en aquellos articulistas y analistas que actúan como amplificadores del encuentro. El discurso que tratan de posicionar se centra en la ambigua y deleznable idea de que las medidas fiscales y tributarias esgrimidas son suficientes para resolver los problemas históricos y estructurales que aquejan al Ecuador. Y, en correspondencia con esta afirmación, fulminan a todos aquellos que no comulgan con este razonamiento. En la práctica, quieren alcanzar la hegemonía desde la opinión y no desde la política.

En estas condiciones, el consenso propuesto se convierte en un tapón antes que en una salida. En una sociedad tan fragmentada y desigual como la nuestra, cualquier discurso con pretensiones hegemónicas arranca con los pies amarrados. Es lo que le ocurre al proyecto neoliberal: excluye y perjudica a tanta gente que no puede impedir la conflictividad permanente.

Hoy, en plena crisis, hay sectores que buscan un consenso a partir de una visión parcializada de la realidad, con lo cual únicamente propician la suspicacia de los excluidos. ¿Reflejan los trece puntos del programa de Cusín una aspiración medianamente coherente con las necesidades de los sectores sociales golpeados por el desempleo, la inseguridad o la pobreza? ¿O son una simple estrategia para readecuar el esquema de poder de las élites? ¿Qué se dice respecto de la constitución de un Estado plurinacional, de la concentración de la riqueza o de la narcotización de la economía, factores cuyo tratamiento es fundamental para plantearse un proyecto de país?

Así, la hegemonía vista desde Cusín no es más que una elegante estrategia para cerrar los ojos frente a una realidad desagradable, amenazante. La única hegemonía posible en una sociedad capitalista implica una democratización real y efectiva del poder. Las buenas intenciones, por lo mismo, son inútiles; ya sabemos a dónde conducen.