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5 de Mayo del 2020
Ideas
Lectura: 12 minutos
5 de Mayo del 2020
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Las decisiones críticas
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Es necesario salvaguardar el empleo, reducir el subempleo y el desempleo. Crear condiciones para que la disciplina social no implique un intercambio desfavorable de problemas. Salvar vidas sí, pero también garantizar mínimas condiciones de sobrevivencia, sobretodo a los grupos más vulnerables.

Siguen siendo los gobiernos los que tienen autoridad para tomar decisiones críticas. Ni el mercado ni la sociedad civil pueden reemplazarle en esa función. De ahí que cobra importancia lo que el gobierno de Lenin Moreno está haciendo en una crisis que no tiene precedentes. El gobierno ha tenido que incrementar, sobre la marcha, su capacidad para tomar decisiones inspiradas en elevados valores humanos, aunque con tropiezos, dada la carga de la crisis arrastrada desde el 2017.

La pandemia del covid-19 ha puesto al mundo ante una realidad nueva, desconocida. Los gobiernos, atendiendo a sus especificidades, enfrentan de distinta manera y con diferentes criterios la embestida de esta catástrofe.

Desde el “no pasa nada” de Trump hasta la “inmunidad de rebaño” de Suecia, hay una gama de estrategias que están en debate. En Ecuador se ha optado por una estrategia humanitaria que ha priorizado la vida.

El paso del aislamiento al distanciamiento responde a la necesidad de evitar que la paralización de la cuarentena traiga consigo una debacle económica. Lo cual no significa desplazar la vida por la economía. Es una estrategia gradual que parte de la premisa de que el virus no desaparecerá a corto ni a mediano plazo, y que para convivir con él hace falta incrementar las capacidades del estado, del gobierno, de la sociedad y los ciudadanos para reducir su impacto.

La apertura paulatina de ciertas actividades, bajo protocolos estrictos, como el comercio, la construcción y el transporte, en el semáforo rojo, a la vez que activa la economía, precautela la vida y la salud. Se está, en este sentido, tomando en cuenta, el sabio principio del intercambio de problemas. Esto quiere decir que en el caso del coronavirus no hay una solución, sino una valoración de costos y beneficios. Y que los beneficios deben justificar los costos.

En el caso de Suecia, por ejemplo, la inmunidad de rebaño tuvo un altísimo costo en vidas humanas. Suecia tiene diez millones de habitantes, hasta el 28 de abril, el número de muertos por covid-19 ascendió a 2.274.  Anders Tegnel, epidemiólogo en jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, en una entrevista al USA Today, señaló :”creemos que un 25% de la población de Estocolmo estuvo expuesto al virus y ahora son posiblemente inmunes” (La Nación, 29 de abril 2020) Y agregó, “tenemos que aplicar medidas que sean sostenibles a largo plazo y no durante un par de semanas o meses”.
¿Qué vale más para este epidemiólogo?

Según el autor del artículo, Thomas Friedman, Suecia optó por la estrategia de la inmunidad del rebaño, a través de la exposición al virus, evitando que la economía salga tan golpeada por la cuarentena. Y contrapone esta estrategia con la aplicada en Nueva York, donde “el confinamiento de millones de personas salvó muchas vidas, pero a costa del derrumbe económico y la pérdida de empleos, con poco avance hacia la inmunidad de rebaño”.

Se trata, pues, de estrategias extremas, en la primera, la economía supuestamente sale a flote, pero con un costo alto en vidas humanas. En la segunda, se salvaron muchas vidas, con un alto costo para la economía. 

En Ecuador se ha optado por la búsqueda de un equilibrio entre la una y la otra. Se persigue que el costo en vidas humanas sea lo menos posible, y se planifica un paso gradual de un momento a otro. 

En el distanciamiento no se suspenden las normas observadas en el aislamiento. No se abandona, por tanto, la protección de la vida. Parecería que así se asegura un mejor intercambio de problemas.

Decisión que le corresponde tomar al gobierno y no al mercado. También las prefecturas y los municipios adhieren a este principio. No está en debate la preeminencia de la vida. Lo que se discute es el manejo del semáforo, el tiempo que debe durar el rojo, el momento que se deba pasar al amarillo y al verde. Hay, por tanto, acuerdo en lo esencial. También los ciudadanos concuerdan en la prioridad de la vida. Esto no significa olvidarse de la economía, pero no de la economía basada en el enriquecimiento de unos pocos. Sino de una economía que garantice la salud, la alimentación, el empleo y la calidad de vida de la mayoría de ecuatorianos. Ello supone involucrar a las empresas en la adopción de medidas de protección a sus empleados. Éstas también deben contribuir a la preservación de la vida de quienes laboran en ellas.

Es necesario salvaguardar el empleo, reducir el subempleo y el desempleo. Crear condiciones para que la disciplina social no implique un intercambio desfavorable de problemas. Salvar vidas sí, pero también  garantizar mínimas condiciones de sobrevivencia, sobretodo a los grupos más vulnerables.

Hay una preocupación por graduar las decisiones, en función de las características de los 221 cantones. Ello implica una adecuada coordinación entre el gobierno central y los Gad´s. El tema de las competencias exige conjugar con acierto los principios de centralización y descentralización. Hay preocupación por tener informada a la población respecto de los indicadores de la pandemia y de los resultados logrados con la cuarentena, en base a las informaciones de los organismos técnicos pertinentes, y no al buen ojo de los políticos o de los intereses económicos de las grandes empresas. En este punto las informaciones que se manejan no concuerdan. Ello afecta la credibilidad de las informaciones oficiales. La información de las acciones desplegadas por los funcionarios del gobierno también dio lugar a suspicacias, en torno a una publicidad con tintes electorales. Es necesario que la información esté libre de afanes propagandísticos. 

La capacidad de gobernar nos concierne a todos. Con mayor razón a quienes gobiernan y/o aspiran a gobernar. La Asamblea debe dar muestras de madurez y responsabilidad. En ella se juegan intereses y cálculos. La oposición aspira a capitalizar el malestar social derivado del encierro. Los proyectos enviados por el gobierno pueden y deben ser mejorados, pero debe prevalecer el sentido humanitario. Sin duda los sectores que más tienen deben contribuir en más alta proporción. Los que gozan de empleos deben ayudar a los desempleados.  Hay que salvar a las pequeñas empresas, como sostiene Washington Herrera (El Comercio, 5 de mayo de 2020) y “evitar que la clase media vuelva a ser pobre” y que “la extrema pobreza sea tan grande que el país explote”.      

Es necesario salvaguardar el empleo, reducir el subempleo y el desempleo. Crear condiciones para que la disciplina social no implique un intercambio desfavorable de problemas. Salvar vidas sí, pero también garantizar mínimas condiciones de sobrevivencia, sobretodo a los grupos más vulnerables.

El distanciamiento también debe llevarnos a repensar las actividades económicas que potencien la producción de bienes esenciales para la comunidad. Ello debe estimular la creatividad en los más diversos campos. Se debe seguir priorizando la salud y la educación. Fortalecer el sistema de salud. Poner a la educación más a tono con las necesidades de la hora actual. Inexplicable, en esa perspectiva, el recorte de recursos a las universidades públicas. Ello contradice el espíritu de la acción gubernamental: el recurso fiscal vale más que el recurso humano. Lamentable error del gobierno.

La experiencia que estamos viviendo nos hace ver la trascendencia que tiene la capacidad de gobernar. Éste y los anteriores gobiernos muestran falencias que atentan contra la función que le corresponde a todo gobierno en la toma de decisiones para afrontar, de mejor manera, desafíos como el que ahora nos plantea la actual crisis. 

Así como fue un error desmantelar el sistema de salud en la década pasada, también lo es privar a los gobiernos de las más elementales capacidades para gobernar. En la década pasada hubo un mal uso de los recursos públicos tanto en los proyectos estratégicos como en la administración del Estado y en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. 

El caso Sobornos:2012-2016 es una demostración palpable de un manejo irresponsable y doloso del Estado de un gobierno que tuvo en sus manos el poder de todas las funciones públicas.

Si se quiere derrotar la corrupción hay que comenzar derrotando la ineficiencia en el ejercicio del poder. El experto en administración pública, Russell Ackoff, distingue entre el poder para y el poder sobre. El poder sobre es autoridad y esta consiste en “la capacidad de hacer que alguien haga algo que no quiere hacer”. El poder para, en cambio, “es la capacidad para implementar decisiones. Este tipo de poder aumenta con el conocimiento”.

En los países menos desarrollados el poder sobre, abunda; el poder para,  escasea. La democracia debe sustentarse más en el poder para que en el poder sobre. Los autoritarismos suscriben este último.

Emprender en el gran esfuerzo por desarrollar la capacidad de gobierno es el gran desafío para las universidades y los partidos políticos, también para los medios de comunicación y las redes  sociales. El Consejo Nacional Electoral debería exigir que los partidos que intervendrán en las próximas elecciones capaciten a sus candidatos para garantizar que su desempeño en las funciones para las que sean electos esté a la altura de lo que demanda el país en la hora actual.

Es necesario promover debates entre los más votados para medir su preparación en los complejos temas de gobierno. También es necesario una gran campaña educativa para los ciudadanos, de manera que estén mejor capacitados para evaluar los méritos y capacidades de los aspirantes a dirigir los destinos del país y ejercer con responsabilidad  su derecho al voto.

Siempre en el Ecuador se habló de que el Ecuador era ingobernable, con lo cual se echaba la culpa a la sociedad y al pueblo por las flaquezas y desaciertos de los gobiernos. La incapacidad de gobernar, por el contrario, sitúa la mayor responsabilidad en los propios gobernantes.

[PANAL DE IDEAS]

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