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14 de Junio del 2018
Ideas
Lectura: 3 minutos
14 de Junio del 2018
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

En defensa de la impunidad
Varios aspectos están en juego: la revelación de que la década pasada fue una orgía de corruptelas; el fracaso de una administración económica que se vendió como exitosa pero que resultó un fiasco; la doblez de un discurso de izquierda que únicamente sirvió para enmascarar el saqueo de los fondos públicos. Pero lo que más les aterra a los devotos del correísmo es que les pasen el rasero de la justicia. Y que, en consecuencia, pierdan todo lo ganado. Ellos sí, una década bien ganada.

Cínicos y patéticos. Así aparecen los correístas obtusos que sacan sus cartelitos insinuando un ajuste de cuentas con la justicia. Y hasta una respuesta violenta contra la vindicta pública. La consigna de que no se metan con Correa es una apuesta frontal y desfachatada a favor de la impunidad. Peor aún luego de la lluvia de sospechas que recaen sobre el expresidente.

Varios aspectos están en juego: la revelación de que la década pasada fue una orgía de corruptelas; el fracaso de una administración económica que se vendió como exitosa pero que resultó un fiasco; la doblez de un discurso de izquierda que únicamente sirvió para enmascarar el saqueo de los fondos públicos. Pero lo que más les aterra a los devotos del correísmo es que les pasen el rasero de la justicia. Y que, en consecuencia, pierdan todo lo ganado. Ellos sí, una década bien ganada.

De lo que los correístas obtusos no se han percatado es que el secuestro de Fernando Balda tiene un sustrato que trasciende a la administración de justicia, porque pone en evidencia la perversidad del poder. Es la constatación de que el crimen político siempre acecha entre las sinuosidades de los proyectos autoritarios. Además, activa la suspicacia respecto de otros episodios oscuros –y más graves– ocurridos durante el gobierno de Alianza PAIS. Por ejemplo, la muerte de Quinto Pazmiño, el 30-S, el asesinato del General Gabela.

En ese sentido, la providencia del Fiscal General en contra de Correa no solo que amenaza con poner tras las rejas a muchos jerarcas verde-flex, sino que echa abajo el mito de la revolución ciudadana. Resucita la independencia de la justicia y, de paso, alerta sobre un crimen de Estado absolutamente incompatible con las proclamas beatíficas del correísmo.

En este punto, la estrategia de los correístas está a la altura de los socialcristianos, a los que tanto critican: bloquear la acción de la justicia supone la inexistencia del delito. La impunidad entendida como absolución. Tal como ocurre con la violación a los derechos humanos perpetrada durante el gobierno de Febres-Cordero. Si los responsables no fueron juzgados –rezan sus secuaces– es porque son inocentes.

Con este sofisma han logrado mantener al margen de la justicia a Jaime Nebot. En la Fiscalía General del Estado reposa una acusación que lo vincula con violaciones a derechos humanos durante su ejercicio como gobernador de Guayas. El caso fue ampliamente documentado por la Comisión de la Verdad y hecho público en 2010. Misteriosamente, esta acción judicial quedó congelada durante todo el correato. Pero podría reactivarse en cualquier momento.

Por fortuna, los crímenes de Estado son imprescriptibles. Tanto para Nebot como para Correa. En ambos casos, lo que el país necesita son fiscales y jueces probos, independientes y, sobre todo, valientes.

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