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1 de Marzo del 2018
Ideas
Lectura: 9 minutos
1 de Marzo del 2018
Decio Machado

Sociólogo y periodista. Consultor y analista político. Coordinador de los seminarios de Geopolítica en América Latina organizados por la Fundación ALDHEA en distintas universidades latinoamericanas.

En defensa de la Seguridad Social
El nuevo titular de la Cartera de Seguridad Social deberá afrontar la cruda realidad que atraviesa el IESS: opacidad sobre las cuentas, lo que implica desconfianza en la sociedad y que pone en riesgo el futuro pago de pensiones para aproximadamente 460.000 jubilados; la futura quiebra de la institución, la cual según estimaciones de diversas simulaciones sucedería entre 2021 y 2026, cuando los ahorros del Fondo de Pensiones quedarían agotados; así como la continuidad –según presupuesto aprobado del 2018- de la línea de desinversión establecida desde el año 2015, lo que en este ejercicio implica nuevamente la friolera de USD 2.025 millones más al déficit ya existente.

Para remontarse a los orígenes de la seguridad social debemos retroceder casi siglo y medio atrás, cuando el canciller Otto von Bismarck desarrolló un programa de seguro social para la vejez y la Ley del Seguro de Enfermedad en 1883. Con ello, Bismarck promovió cierto bienestar a la clase trabajadora, a la vez que apaciguaba demandas más radicales de carácter socialista que convulsionaban Alemania en aquel momento.

Medio siglo después el término seguridad social se popularizaría con la aplicación de las políticas del New Deal de Franklin D. Roosevelt, quien mediante el Social Security Act buscó confrontar parte de los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Con posterioridad, en 1942, William Beveridge ampliaría en Gran Bretaña el concepto de seguridad social mediante el Social Insurance and Allied Service Report, lo que derivaría entre otras cuestiones en la constitución del Servicio Nacional de Salud en 1948.

A escala nacional, el Seguro Social Ecuatoriano se constituiría en 1928, impulsado por el régimen juliano como fruto del acumulado de  importantes luchas sociales sostenidas durante la década de 1920. A partir de ahí asistiremos a la creación de la Caja de Jubilaciones, el Montepío Civil, el Retiro y Montepío Militar y el Ahorro y Cooperativa, que se denominaría Caja de Pensiones y cuyo objetivo fue la cobertura a funcionarios del magisterio, empleados públicos, bancarios y militares.

Sería en 1937 cuando se crearía —a través de la Ley del Seguro Social Obligatorio— la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, así como el Departamento Médico vinculado a esta. En adelante llegarían nuevas leyes y reformas que irían generando nuevas condiciones de aseguramiento y financiamiento a las pensiones, seguros de enfermedad y maternidad, etc. Llegado el año 1970, la Caja Nacional del Seguro Social pasará a denominarse con un nombre ya para nosotros popularmente conocido: Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS).

En 1988, mediante reforma de la Constitución, el IESS quedaría definido como la única institución autónoma responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio; siendo publicada en 2001 una Ley de Seguridad Social que ya norma la separación patrimonial contable y administrativa de los fondos para cada uno de sus seguros (vejez, invalidez, cesantía, enfermedad y maternidad, riesgos del trabajo y seguro social campesino).

Por su parte, la vigente Constitución de Montecristi mantuvo en su texto el criterio anterior, entendiendo que el IESS es una entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios distintos a los del Fisco y con su propia estructura orgánica. Quedaban así separadas el financiamiento y administración de las contingencias cubiertas por el seguro obligatorio administrado por la institución más grande del país.

Cabe señalar que los aportes personales y patronales, fondos de reserva, descuentos, multas, intereses, utilidades de inversiones y los demás señalados en la Ley de Seguridad Social, no pueden destinarse a otros fines que a los de su creación y funciones. Pese a ello, el conjunto de estos aportes no son suficientes para mantener un solidario sistema como el que pretende ser el IESS –un concepto más estrecho pero con similitudes al del Estado Social-, lo que implica que el Estado sea coparticipe de dicho financiamiento.

Sin embargo, en abril del 2015 y con un país ya resentido económicamente a raíz del fin de ciclo de altos precios del crudo y con ello el fin de la economía fácil, la Asamblea Nacional aprobaría con 91 votos a favor la llamada Ley para la Justicia Laboral. Mediante esta ley quedaba zanjada la obligatoriedad del aporte del 40% por parte del Estado para el financiamiento del IESS. En resumen, el peso de la crisis fiscal que comenzaba a notarse en el país fue a recaer en la espalda de los afiliados mediante un proceso de descapitalización del IESS. De esta manera, ese mismo año esta institución se vio forzada a echar mano de su fondo de ahorros para cuadrar el presupuesto, debido a que las contribuciones del Estado en ese ejercicio pasaron de USD 1.266 millones que estaban presupuestados a cero. Esa desinversión rondó los USD 1.600 millones en 2016 y los USD 1.800 millones en 2017.

La Contraloría General del Estado dictaminaría el pasado mes de noviembre la destitución de Richard Espinosa como presidente del Consejo Directivo de IESS y su forzado abandono de responsabilidades en el Ejecutivo, tras haber eliminado deuda del Estado por valor de USD 2.500 millones de los balances del IESS. La vacante ha sido recientemente cubierta por Manolo Rodas, un funcionario de carrera del Servicio de Rentas Internas que ejerció puntualmente como viceministro de Trabajo y Empleo entre los años 2014 y 2015, y quien en la actualidad debe afrontar la difícil situación financiera en la que ha quedado la institución rectora de la seguridad social en el país.

El nuevo titular de la Cartera de Seguridad Social deberá afrontar la cruda realidad que atraviesa el IESS: opacidad sobre las cuentas, lo que implica desconfianza en la sociedad y que pone en riesgo el futuro pago de pensiones para aproximadamente 460.000 jubilados; la futura quiebra de la institución, la cual según estimaciones de diversas simulaciones sucedería entre 2021 y 2026, cuando los ahorros del Fondo de Pensiones quedarían agotados; así como la continuidad –según presupuesto aprobado del 2018- de la línea de desinversión establecida desde el año 2015, lo que en este ejercicio implica nuevamente la friolera de USD 2.025 millones más al déficit ya existente.

En positivo, cabe referenciar que hay un compromiso público del presidente Lenín Moreno en el sentido de evitar la quiebra del IESS, al igual que el anuncio de que atenderá la deuda del Estado con la entidad a partir de 2019. También hay un compromiso del nuevo ministro Rodas respecto a actualizar los informes actuariales y hacerlos públicos, transparentando —como no lo han hecho otros— la gestión de esta institución.

No es el ministro quien tiene la potestad de revertir la barbaridad inconstitucional aprobada en la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar por la cual se eximió de responsabilidades para financiamiento del IESS al Estado. Eso debe hacerse, pero es una decisión que debe tomarse en el Palacio de Carondelet y ya todos sabemos que la situación actual de las cifras no acompaña a ese tipo de escenarios. Sin embargo, si es una cuestión ministerial plantear propuestas a estudio que reformulen el sistema de financiamiento de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la situación económica que vive el país y la evolución demográfica del mismo.

En un mundo laboral cada vez más flexibilizado e inmerso ya en la cuarta revolución tecnológica, son bobadas las argumentaciones que sustentan la necesidad de una gestión apolítica del IESS. Más bien el criterio es todo lo contrario. Sostener un sistema de protección solidario que la sociedad proporciona a sus miembros para cuidarles ante determinadas circunstancias, aplicando para ello una serie de medidas públicas y evitando —bajo principios constitucionales— cualquier atisbo de privatización, requiere de una gestión muy política a la vez que técnicamente responsable. Los principios de la Seguridad Social son paralelos a la esencia misma del Estado, lo que hace que resulte difícilmente pensable que su gestión pudiera llegar a buen puerto si es ejecutada por quienes consideran que dicho Estado debe ser reducido a su mínima expresión.

En todo caso, el director Manolo Rodas ha indicado en su primera rueda de prensa que su función es garantizar la operatividad del sistema. Esto equivale a decir, asegurar el aporte del Estado en los montos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema de pensiones; dinamizar y reducir los plazos para la concesión de créditos a los afiliados; y, mejorar los servicios de atención sanitaria.

Señor director Rodas, si usted tiene la entereza como para cumplir con estos tres objetivos enunciados, transparentando además las cuentas y apoyándose en soluciones técnicas que le permitan rediseñar la sostenibilidad del sistema con el apoyo técnico de la Academia, será usted un buen director para los tiempos que corren.

[PANAL DE IDEAS]

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Luis Córdova-Alarcón
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