Si hay algo que la política ecuatoriana pone cada vez a prueba, es sin duda nuestra capacidad de asombro. Cuando pensamos que no se puede caer más bajo, siempre hay alguien o algunos que nos demuestran que el nivel de hijueputismo entre nuestros líderes es superlativo.

Hoy asistimos a uno de esos momentos en que buena parte de la ciudadanía se plantea si ser ecuatoriano es un karma o una especie de reality demencial, en el que solo un infinito aguante puede hacer que sea vivible este país. Luego de un triunfo histórico de Guillermo Lasso sobre un correísmo que buscaba hacerse con el gobierno para saciar su sed de venganza y hambres atrasadas, como hicieron entre 2007 y 2017, estaba claro que el panorama legislativo iba a ser cuesta arriba para el nuevo gobierno, más aún si se tiene en cuenta que junto a su aliado natural el Partido Socialcristiano no llegan a consolidar ni de lejos una mayoría legislativa.

Después de cuatro años de jugar a tumbar al gobierno de Lenin Moreno y a la institucionalidad que con tanto esfuerzo se construyó desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por Julio César Trujillo, el correísmo perdió las elecciones presidenciales, pero obtuvo el mayor bloque de asambleístas, lo cual le convierte en una fuerza política ineludible a la hora de hacer cálculos para conformar una mayoría. Su pretensión pública y desembozada ha sido, desde que Jorge Glas y Rafael Correa fueron procesados, tratar de anular los procesos penales en su contra. Ahora, sin control de la Fiscalía y las instancias judiciales, su única trinchera es su bloque legislativo y saben que de la capacidad de pactar y llegar acuerdos dependerán sus posibilidades de conseguir la impunidad tan anhelada, en este país con nombre de línea imaginaria.

Para el correísmo es una cuestión de supervivencia. Están claros que entre sus filas no tienen a nadie con el liderazgo suficiente como para tomar la posta de Correa y que, sin él, sus posibilidades de volver al poder serán cada vez más remotas. En esa línea de ideas, resulta entendible que su agenda política conste de un solo punto: licuar las responsabilidades penales de sus líderes prófugos y presos.

La última campaña nos demostró que cambiaron de candidato presidencial, pero su vocación de persecución y autoritarismo está intacta. En un despliegue de triunfalismo el propio Correa advirtió quienes iban a ser el objeto privilegiado de sus odios, y pocos días antes de la segunda vuelta no dudaron en presentar una denuncia penal en contra de Lasso, acusándolo de peculado bancario, nada más ni nada menos.

Lo aquí señalado es una obviedad y no ha sido un secreto para nadie. Lo que sí causa total sorpresa es que haya partidos que estén dispuestos a jugarse su capital político pactando bajo semejantes condiciones. Si algo quedó claro luego de los resultados de la segunda vuelta es que la amplia mayoría del electorado, sea de derechas o izquierdas, prefiere votar por cualquiera con tal de impedir el retorno de la banda que atracó los recursos del Estado ecuatoriano durante diez años, persiguió a quienes pensaban diferente y no dudó a la hora de transformar a la justicia penal en su brazo armado.

Pactar con el correísmo o con cualquier tienda política, bajo un acuerdo programático de proyectos legislativos o incluso la elección de las primeras autoridades de la Asamblea y el reparto de las comisiones legislativas, resulta no solo propio del juego político sino algo legítimo en un órgano en el que confluyen diferentes posturas e ideologías políticas. Pero pactar la formación de estructuras que posibiliten la impunidad de delincuentes sentenciados en todas las instancias procesales, además de delictivo constituye una suerte de suicidio político, cuya primera y principal víctima sería sin duda el propio gobierno que todavía no entra siquiera en funciones. Y es justamente esta la aspiración del correísmo a través de una supuesta comisión de la verdad creada para el efecto.

¿Qué es lo que se busca? Una comisión de la verdad se instituye cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no han sido capaces de dar una respuesta efectiva en materia de protección de derechos humanos fundamentalmente. Así, en Perú o Argentina estas comisiones fueron el instrumento que permitió develar las atrocidades cometidas en las diferentes dictaduras y posteriormente desembocar en su juzgamiento y castigo. Una comisión de la verdad busca justamente la protección de las víctimas y evitar la impunidad generada por el control del poder de facto de los jueces y fiscales. En el caso que nos ocupa, la comisión de la verdad planteada por el correísmo actuaría exactamente al revés: buscaría generar la impunidad de delincuentes sentenciados por actos de corrupción, a través del análisis de la actuación de los fiscales y jueces que los procesaron, tratando de encontrar cualquier mínimo error procesal o criterio controvertido, para en base de ello sustentar el recurso de revisión que es el único que les queda pendiente en los procesos llevados en su contra.

Esta estrategia es tan evidente como burda. Lo que nos hace caer la mandíbula es que haya quien se la compre. Que bajo supuestos criterios de “gobernabilidad” se nos quiera vender como legítimo el que un grupo de delincuentes logre su impunidad, a cambio de la conformación de una mayoría legislativa que, a la vuelta de la esquina, conspire contra el propio gobierno que les venció en las urnas.

Aspiramos obviamente que esto no suceda, pues sería el caldo de cultivo de una resistencia ciudadana que se activaría inmediatamente.