En enero navegué por el Río Upano y el Río Namangoza. Conocí las riberas de lo que, hasta hace poco, fue uno de los ríos más cristalinos de la Amazonía ecuatoriana (El Upano). El Upano se convierte, al unirse con el Paute, en el Namangoza, y éste a su vez al unirse con el Río Zamora se convierte en el legendario Río Santiago, afluente del Marañón, orígenes del Amazonas.

Por el Río Santiago llegué hasta la desembocadura del Río Coangos. Seguimos la misma ruta que en 1969 siguió el explorador húngaro – argentino Juan Móricz para llegar a la Cueva de los Tayos. Al igual que él acampamos en el poblado Shuar de Coangos, y al día siguiente caminamos hasta la Cueva. Descendimos en sus profundidades, y, aún cuando solo pudimos acariciar sus misterios, terminamos anonadados por su magnitud y por la singularidad de la experiencia.
Al regreso, al igual que Móricz, dormimos donde Guajare, y al día siguiente volvimos caminando a la desembocadura del Coangos en el Santiago, para emprender nuestro retorno navegando aguas arriba.

Aún cuando la belleza del Upano sigue cautivando, vimos cosas que perturban. En primer lugar, gracias al sedimento que descarga una hidroeléctrica río arriba, las aguas del Upano se están enturbiando, sin que la principal autoridad ambiental del Ecuador haya podido prevenir o controlar esto. Al parecer ni las licencias ambientales, ni el control posterior garantizaron que esto no ocurra.
En segundo lugar, y lo que más preocupa, es la gran cantidad de actividad minera artesanal o ilegal que se ve en las riberas del Upano, del Namangoza y del Santiago. Sitios que para un citadino como yo, parecen inexpugnables, son pequeños campamentos mineros donde lavan oro. Shuaras y mestizos, a orillas del río chancan piedra, lavan oro y botan mercurio a las aguas de estos ríos.

A nivel nacional, el país tiene al menos dos instituciones que tienen competencia para el control ambiental y minero (el Ministerio del Ambiente y la ARCOM), dos instituciones para cuidar los recursos hídricos (SENAGUA y ARCA), además están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A nivel local, los municipios y prefecturas también tienen competencias de control.
En la legislación tenemos la Constitución, la Ley de Minería, el Código Ambiental, la Ley de Recursos Hídricos, que teóricamente facultan la sanción y control de actividades ilícitas que producen daños ambientales.

Si tenemos todo esto ¿Qué falta entonces para controlar la minería ilegal en estos ríos? Es difícil contestar en este espacio, pero creo que hace falta mucha voluntad política, hace falta que exista una verdadera voluntad por proteger nuestros recursos naturales. ¿Por qué las Fuerzas Armadas son eficientes para custodiar campamentos petroleros, pero ineficientes para contralar el tráfico de madera que cruza por los ríos amazónicos? Antes de que se enreden en argumentos sobre sus competencias, ¿Por qué la Policía Nacional no es capaz de controlar actividades ilícitas en el territorio nacional? Sobra la corrupción que permite que nuestra institucionalidad sea inservible. Falta también una política integral que sepa integrar a los pueblos originarios amazónicos en términos económicos.

Lo que pasa con la minería en los ríos amazónicos no es algo nuevo, pasó y sigue pasando con la madera en nuestra Amazonía, y con la propia actividad minera en otras partes del país. Esto solo nos demuestra lo ineficaz de nuestro Estado para garantizar nuestros derechos.